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Estimado King's Counsel Karim Asad Ahmad Khan:

Para esta fecha ya habrá recibido el informe que un grupo de distinguidos expertos del Derecho Internacional ha presentado sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del estado de excepción, con el cual Nayib Bukele gobierna en El Salvador por 48 meses continuos.

Es una investigación realizada bajo las normas de evidencia de la fiscalía de la Corte Penal Internacional que usted preside. Ya no somos solo los periodistas que revelamos las prácticas usadas por el gobierno Bukele en su lucha contra la delincuencia y contra la oposición. Ya no son solamente los defensores de derechos humanos que denuncian lo que está pasando en las cárceles salvadoreñas. Al fin, las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos más prestigiosas se han unido y encargaron a un grupo de expertos internacionales la investigación. Este grupo ha llegado a la conclusión que hay múltiples evidencias que indican que se están cometiendo, de manera sistemática y bajo instrucciones del presidente Bukele, crímenes que posiblemente clasifican como de lesa humanidad.

Ahora que expertos independientes hablan, de manera competente, de crímenes de lesa humanidad, la pelota está en su cancha. Es su tarea y su privilegio de investigar las prácticas del gobierno Bukele en el marco de lo que internacionalmente se conoce como ‘el modelo Bukele de seguridad’. Bukele y Trump están vendiendo este modelo como receta a los gobiernos de América Latina, sabiendo que, como indica el informe de los expertos, sólo es aplicable cuando se suspenden las garantías constitucionales y la independencia de la justicia.  

Antes de que este modelo se propague a otros países, es preciso que su oficina investigue las prácticas salvadoreñas y determine si cumplen los criterios para ser perseguidos como crímenes de lesa humanidad. Solo su oficina y la Corte Penal Internacional tienen la competencia y autoridad de conducir esta investigación, dado que en El Salvador ya no funcionan los órganos constitucionales que deben investigar abusos del gobierno. Además, el gobierno salvadoreño se niega a cooperar con organizaciones de derechos humanos y investigadores periodísticos y a facilitarles el acceso a la información pertinente y a las víctimas privadas de libertad. Y si insisten, los persigue a ellos.

No puedo repetir en esta carta todos los elementos que aporta el informe de los expertos. Cualquiera puede revisar el informe completo o el extenso resumen ejecutivo en mi sitio o en otras publicaciones, por ejemplo de la Fundación por el Debido Proceso.

Espero que al fin la deriva dictatorial de El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele sea investigada por las instancias internacionales competentes.

Confiamos que su oficina haga lo correcto. Nadie más lo puede hacer.

Saludos,