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Documentamos en el sitioPAOLO el informe que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) presentó el 16 de abril 2026 al Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámera de Representantes de los Estados Unidos. Es un documento que resume los ataque s del gobierno Bukele a la prensa independiente en El Salvador.

Washington DC, 16 de abril 2026 / CPJ

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), presentó el jueves una declaración ante la Tom Lantos Human Rights Commission, un órgano bipartidista de la U.S. House of Representatives, en la que llama la atención sobre la erosión sistemática de la libertad de prensa en El Salvador bajo el vigente estado de excepción. La declaración detalla cómo las medidas de emergencia han sido utilizadas para criminalizar el periodismo independiente, restringir el acceso a la información pública y facilitar la vigilancia, el acoso legal y la intimidación de periodistas.

La declaración de CPJ expone cómo estas condiciones han obligado al menos a 40 periodistas a exiliarse, mientras que quienes permanecen enfrentan la autocensura y el riesgo de detención arbitraria. Además, el estado de excepción en curso sitúa a El Salvador dentro de un patrón regional más amplio de prácticas autoritarias utilizadas para silenciar a la prensa, y hace un llamado a los responsables de políticas en Estados Unidos para que impulsen salvaguardas que protejan a los periodistas y restauren la rendición de cuentas democrática.

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La declaración de CPJ ante el Comité de DDHH:

Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes

Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos

Audiencia sobre El Estado de Excepción en El Salvador: Año Cinco

16 de abril de 2026 - 2:00 p.m.

DECLARACIÓN PRESENTADA PARA EL REGISTRO

Presentada por: Dánae Vílchez, investigadora para América Latina del Comité  para la Protección de los Periodistas (CPJ)

Antecedentes y contexto

A medida que El Salvador entra en su quinto año bajo un estado de excepción, el gobierno de Nayib Bukele ha suprimido sistemáticamente las libertades civiles y ha erosionado gravemente la libertad de prensa en el país. Originalmente implementadas bajo la premisa de combatir la violencia de las pandillas, las medidas de emergencia han sido renovadas continuamente y reutilizadas para restringir libertades fundamentales y desmantelar instituciones democráticas.

El desmantelamiento sistemático de la libertad de prensa en El Salvador bajo la administración Bukele no es único, ni un fenómeno aislado en América Latina. Más bien, refleja una adopción deliberada de marcos de gobernanza autoritaria a lo largo del espectro ideológico. Esto se evidencia en los sistemas autoritarios impuestos por Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela y Miguel Díaz-Canel en Cuba. A pesar de las marcadas diferencias ideológicas entre estas administraciones —que también se extienden a Guatemala, donde el deterioro institucional heredado de gobiernos anteriores continúa facilitando el acoso judicial contra la prensa a pesar de la elección de Bernardo Arévalo— sus prácticas políticas autoritarias son sorprendentemente similares, caracterizadas por la instrumentalización del poder judicial y de las autoridades administrativas, la criminalización del periodismo independiente, el encarcelamiento de periodistas, el cierre de medios independientes y el exilio forzado de voces disidentes, incluidos periodistas.

Actualmente, tres periodistas se encuentran en prisión o bajo arresto domiciliario en América Latina: Jose Rubén Zamora está bajo arresto domiciliario en Guatemala, tras un prolongado período de prisión preventiva que comenzó en julio de 2022; Elsbeth D’Anda ha estado detenida en Nicaragua desde octubre de 2024; y Yeris Curbelo Aguilera ha estado detenida en Cuba desde junio de 2024. Estos casos involucran a periodistas independientes que han sido perseguidos tanto por gobiernos de izquierda como de derecha, actuales y anteriores.El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) presenta a continuación un panorama de la situación de la libertad de prensa en el país, destacando las principales amenazas a la libertad de los medios y a la seguridad de los periodistas, y ofrece una serie de recomendaciones concretas para la consideración del Congreso de Estados Unidos y la administración del presidente Donald Trump.

Problemática principal

La criminalización sistemática de la prensa por parte del gobierno salvadoreño ha generado un profundo clima de miedo, provocando un éxodo masivo de profesionales de los medios y obligando a quienes permanecen a autocensurarse drásticamente como mecanismo básico de supervivencia para evitar detenciones arbitrarias.

Exilio

Según investigaciones del CPJ, al menos 40 periodistas han huido de El Salvador debido a la intimidación estatal dirigida. Este desplazamiento masivo fue catalizado por una restrictiva Ley de Agentes Extranjeros, diseñada para desfinanciar a los medios independientes. También fue impulsado por severas represalias contra el periodismo de investigación. Notablemente, decenas de periodistas de El Faro se vieron obligados a exiliarse para evitar órdenes de captura inminentes después de que su medio publicara entrevistas que alegaban negociaciones encubiertas entre la administración Bukele y pandillas. Para evitar detenciones arbitrarias e indefinidas y preservar el acceso a financiamiento para sus medios, estos periodistas han trasladado a sus familias y buscado asilo en Costa Rica, Guatemala y México.

Autocensura

Para los periodistas que permanecen en El Salvador, cubrir temas de seguridad pública, corrupción o crimen implica graves riesgos legales. Los reporteros suelen omitir sus firmas o evitar cualquier mención a pandillas en su cobertura. A pesar de las afirmaciones del presidente Nayib Bukele y sus representantes de que se respeta la libertad de prensa y que ningún periodista ha sido encarcelado, las investigaciones del CPJ demuestran claramente que periodistas y sus familiares han sido objeto de detenciones de manera reiterada. Los siguientes casos ilustran el enfoque del gobierno:

● Víctor Barahona, periodista de la radio digital Tu Onda Club y del Canal 50 de Megacable, fue detenido durante más de 11 meses en 2022 bajo el estado de excepción, acusado sin fundamento de colaborar con pandillas. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó que fue sometido a tortura psicológica mientras permanecía bajo custodia estatal de máxima seguridad. Las autoridades lo liberaron en mayo de 2023 sin  explicación y sin proporcionar documentación judicial.

● En febrero de 2023, las autoridades arrestaron a Benjamín Amaya, padre de la periodista ambiental Carolina Amaya, acusándolo de asociación ilícita. Amaya informó que su medio independiente, Mala Yerba, enfrentó  amenazas crecientes antes ydespués del arresto. Atribuyó directamente tanto el acoso como la detención de su padre a una investigación publicada por su medio sobre grave contaminación ambiental en el lago Coatepeque, un escándalo que presuntamente implicaba a la suegra del presidente.

Las instituciones estatales y entidades privadas alineadas con el gobierno utilizan activamente el sistema judicial y tecnología avanzada de vigilancia de grado militar para agotar los recursos financieros de los medios independientes y monitorear sus comunicaciones confidenciales.

Acoso legal y financiero

Las instituciones estatales instrumentalizan sistemas legales y burocráticos para drenar financieramente a las redacciones independientes. El Ministerio de Hacienda ha atacado a medios como El Faro y La Prensa Gráfica con auditorías punitivas. Ante el temor de cierres forzados e investigaciones penales fabricadas, El Faro trasladó sus

operaciones administrativas a Costa Rica en 2023. La litigación civil también se utiliza como mecanismo de censura. Una demanda de 10 millones de dólares en 2023 contra El Diario de Hoy obligó al medio a retirar un artículo y publicar una disculpa. El impacto de estas presiones combinadas: el 27 de marzo de este año, el histórico periódico cerró definitivamente su edición impresa.

Vigilancia digital

Un informe forense conjunto de 2022 de Citizen Lab y Amnistía Internacional

confirmó que el software espía Pegasus infectó los dispositivos móviles de al menos 35 periodistas y miembros de la sociedad civil entre julio de 2020 y noviembre de 2021. El Faro, cuyos reporteros y editores estuvieron entre los más frecuentemente y agresivamente vigilados, presentó posteriormente una demanda histórica en un tribunal federal de Estados Unidos contra NSO Group, el fabricante israelí de Pegasus.

Los periodistas son constantemente atacados por altos funcionarios mediante campañas coordinadas de difamación, y el acceso a registros públicos está ahora sistemáticamente restringido, ocultando efectivamente las acciones del gobierno a la vista pública.

Retórica hostil

El presidente Bukele y funcionarios aliados utilizan con frecuencia las redes sociales para acusar a los medios independientes de difundir información falsa, calificándolos de “panfletos” y acusando a periodistas de colaborar con organizaciones criminales. Esta retórica envía una señal a las fuerzas de seguridad y al público de que los periodistas son objetivos legítimos.

Acceso restringido a la información

El gobierno ha diseñado un apagón informativo integral. Las autoridades clasificaron agresivamente datos de salud pública y gasto durante la pandemia de COVID-19 y posteriormente eliminaron la supervisión legal de los contratos estatales durante el estado de excepción de 2022. Estos mecanismos críticos de transparencia nunca se han restablecido. A los funcionarios públicos se les prohíbe estrictamente hablar con la prensa, obligando a los periodistas a depender completamente de relatos ciudadanos no verificados o documentos filtrados debido a la ausencia de transparencia y rendición de cuentas.

Recomendaciones

El CPJ presenta las siguientes recomendaciones al Congreso de Estados Unidos y a la administración Trump, instando al gobierno de El Salvador a:

·      Garantizar la seguridad física y la libertad de todos los periodistas, estableciendo las condiciones democráticas necesarias para permitir que las decenas de profesionales de medios exiliados regresen a El Salvador sin temor a arrestos arbitrarios, vigilancia o represalias físicas.

·      Cesar todas las formas de persecución, vigilancia e intimidación patrocinadas por elEstado, specíficamente deteniendo la emisión de órdenes de captura retaliatorias contra periodistas de investigación y poniendo fin al acoso dirigido contra familiares de periodistas.

·      Detener la instrumentalización de las instituciones administrativas y del sistema judicial, incluidas las auditorías del Ministerio de Hacienda, la Ley de Agentes Extranjeros contra la prensa, investigaciones penales sin fundamento y demandas civiles punitivas, todas utilizadas por el gobierno para agotar financieramente y censurar a medios independientes y organizaciones de la sociedad civil.

·      Restablecer el acceso público a la información gubernamental mediante la desclasificación de contratos estatales y datos de seguridad pública, y cesar categóricamente la estigmatización pública de la prensa por parte de altos funcionarios.

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