‍

‍

“En que momento se jodieron” las transiciones en Centroamérica

Carlos Fernando Chamorro, publicado el 16 de marzo 2026 en Confidencial

‍

En marzo de 2018, cuando nadie podía atisbar el estallido de la protesta nacional contra la dictadura Ortega-Murillo que se produjo en Nicaragua unas semanas después, celebramos el Día Nacional del Periodista con un foro para debatir el papel del periodismo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Centroamérica.

Los principales oradores eran José Rubén Chepe Zamora, director de elPeriódico de Guatemala, y Carlos Dada, director de El Faro, de El Salvador, ambos Héroes Mundiales de la Libertad de Prensa del International Press Institute, cuyas investigaciones periodísticas en sus respectivos países generaban vientos de cambio gracias a la labor insustituible de las instituciones públicas encargadas de judicializar la corrupción.

En Guatemala el Ministerio Público, primero bajo Claudia Paz y Paz, enjuició al exdictador Efraín Ríos Montt y, después, liderado por Telma Aldana, apoyada por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG, 2006-2019), destapó el caso de La Línea, que envió al banquillo al binomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. En El Salvador, los expresidentes Francisco Flores, Tony Saca (presos) y Mauricio Funes (entonces prófugo de la justicia en Nicaragua) y otros altos funcionarios, habían sido acusados por el Ministerio Público y procesados por corrupción.

Las lecciones de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala y El Salvador iluminaban la oscuridad en Nicaragua, donde el colapso del Estado de Derecho impedía que la Contraloría, la Fiscalía, o la Justicia investigaran y procesaran a los corruptos, a pesar de las pruebas que aportaba Confidencial sobre el desvío de 5.000 millones de dólares de la cooperación estatal venezolana a las arcas privadas de la familia gobernante. Desde el retorno de Daniel Ortega al poder en 2007, después de demoler las instituciones democráticas con “un golpe desde arriba”, la dictadura familiar Ortega Murillo gobernaba en una alianza corporativista con los grandes empresarios de la región, ofreciendo estabilidad económica y oportunidades de inversión privada, a costa de democracia y transparencia.

CONFIDENCIAL y El Periódico, fundados en 1996, y El Faro, creado dos años después, en 1998, con el lema de “el primer periódico digital de Latinoamérica”, eran hijos de las transiciones de Nicaragua, Guatemala y El Salvador en los años noventa. Tres procesos distintos de posguerra, con aristas muy diferenciadas, de negociaciones y/o acuerdos políticos y democracia electoral, que desembocaron en lo que la politóloga Terry Karl bautizó como “los regímenes híbridos de Centroamérica”, en que coexistían “bolsones de autoritarismo y pluralismo”, entre estos, una prensa independiente concebida como un actor de cambio democrático, para fiscalizar el poder y promover el debate público.

En el foro titulado Corrupción, Impunidad y Memoria Histórica, Zamora habló con optimismo moderado sobre los primeros 10 años de la CICIG: “En Guatemala, por primera vez en 60 años que tengo de vida, hay temor ante su majestad la ley. Se han logrado judicializar algunos casos, y todos somos medidos por la misma vara. Son pequeños pasos, no podemos pensar que ya son cambios institucionalizados, pero hay una luz al final del túnel”. Dada explicó que en El Salvador “los casos de corrupción no iniciaron en la Fiscalía, sino en salas de redacción”, y destacó que al amparo de la embrionaria independencia entre los Poderes del Estado, “algunos magistrados que llegaron por accidente a la Sala de lo Constitucional ―los llamados “cuatro fantásticos”― impusieron sus criterios contra las violaciones a la ley”. Mientras, la audiencia de periodistas y miembros de la sociedad civil nicaragüense escuchaba con avidez estos pequeños avances, contrastándolos con la regresión autoritaria de Nicaragua, en que la prensa se empeñaba en documentar la memoria histórica, en espera de tiempos mejores para cosechar justicia.

Ocho años después, y tras la masacre de la insurrección cívica de abril de 2018 en Nicaragua, las transiciones democráticas se descarrilaron y los periodistas independientes terminamos en el exilio o en la cárcel.

José Rubén Zamora acaba de recuperar temporalmente su libertad condicional, después de permanecer 1 295 días preso por hacer periodismo contra la corrupción, como resultado de la embestida del “pacto de corruptos” que mantiene en jaque la gobernabilidad democrática del presidente, Bernardo Arévalo. Zamora describe a Arévalo como “un hombre decente”, cuyo legado de respetar las leyes y la Constitución “será mejor valorado más adelante”. Sin embargo, insiste en que, “para hacer un cambio permanente en la correlación de fuerzas”, hace falta “refundar Guatemala, una Guatemala viable que deje de estar capturada por el crimen organizado y otros poderes fácticos, por el alto mando de los poderes militares, por grupos (económicos) que financian las campañas electorales”.

En El Salvador, “el bipartidismo entre Arena y el FMLN demostró una enorme capacidad de corrupción, independientemente de ideologías, y no solucionó los grandes problemas de la población, entre ellos la seguridad y la economía”, recuerda Carlos Dada. “Nayib Bukele se separó del FMLN y explotó la indignación nacional contra los partidos políticos, se presentó como el gran vengador de la corrupción” y, después de ganar las elecciones en 2019, desmanteló a las maras, imponiendo un estado de excepción durante cuatro años consecutivos, despejando el camino hacia su reelección indefinida. “Mientras el ‘pacto de corruptos’ en Guatemala es un proyecto de impunidad para élites políticas y económicas”, considera Dada, “el proyecto de Bukele es de sustitución de élites”: “Controla todo el sistema de Gobierno, los tres poderes del Estado, la Fiscalía y las fuerzas de seguridad, y cuenta con la mayor aprobación popular de cualquier mandatario latinoamericano”.

En Nicaragua, tras la matanza de 2018 y la imposición de un estado policial que eliminó todas las libertades democráticas, en 2021 Ortega encarceló a todos los candidatos opositores, anulando la posibilidad de realizar una elección democrática y se reeligió sin competencia política. La radicalización de la dictadura selló un rumbo totalitario, cancelando a más de 5 500 asociaciones de la sociedad civil y decretando una feroz persecución contra la Iglesia católica. Mientras la dictadura familiar derivó en una sucesión dinástica en que la “copresidenta”, Rosario Murillo, hoy gobierna a la sombra de su esposo, el “copresidente”, Daniel Ortega, en el segundo país más corrupto de América Latina, según Transparencia Internacional.

En 2026, la maquinaria judicial del “pacto de corruptos” mantiene cerrado elPeriódico, pero José Rubén Zamora sigue siendo un símbolo de la resistencia de la prensa guatemalteca y de América Latina; Confidencial ha sido ilegalmente confiscado en Nicaragua, pero celebraremos sus primeros 30 años haciendo el mejor periodismo posible, documentando desde el exilio la corrupción de la codictadura, las purgas internas, y las esperanzas de cambio; mientras los periodistas de El Faro que investigaron los pactos del presidente Bukele (y de gobernantes anteriores de El Salvador) con las pandillas, también en el exilio, seguirán investigando la concentración de poder, la corrupción, y las violaciones a los derechos humanos.

Ahora que se debaten los resultados colaterales de la doctrina Donroe y si en Venezuela está en marcha una transacción o una transición, que se replicaría en Cuba y eventualmente en Nicaragua, es pertinente preguntarse, como diría el Zavalita de Vargas Llosa, “en qué momento se jodieron” las transiciones en Centroamérica. Así como las transiciones nunca son procesos lineales, su fracaso tampoco es inevitable bajo la presión autoritaria, cuando las instituciones democráticas logran echar raíces, resisten, y se convierten en un contrapoder. Nada de eso ocurrió en Centroamérica y la prensa independiente ya ha contado una parte de esa historia. Más temprano que tarde, nos tocará contar cómo caen las nuevas dictaduras del siglo XXI y, sobre todo, acompañar a los pueblos a desmontar los pilares del autoritarismo, para iniciar la reconstrucción nacional con democracia.

*Este artículo fue publicado originalmente en El País.

‍