Quo vadis, El Salvador

De Advocatus*, columnista invitado

16 DE MARZO, 2026

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El Salvador, tras su independencia en 1821, marcado por las desigualdades propias de un país de explotación agrícola, sufrió, sin absolutizar, gobiernos autocráticos que incluso cometieron masacre de campesinos en 1932, acumulando a través de los años una conflictividad social que no fue contenida por algunas medidas progresistas impulsadas a principio de los años sesenta, hasta llegar a finales de los setenta en que estalla un conflicto armado que duraría 12 años con saldo de más de 80m muertos y daños materiales directos a la infraestructura cuantificados por encima de los dos mil millones de dólares. El país, con sus causas internas, llegó a estar, además, en la cresta de la guerra fría entre las superpotencias. Tras complejo pero exitoso proceso, se logra en enero 1992, en México, la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las fuerzas guerrilleras congregadas en el FMLN, ejecutándose su cumplimiento en forma ejemplar.

Tras dicho Acuerdo se reforma la Constitución y se realiza un profundo reordenamiento institucional, creándose nuevos pesos y contrapesos a manera de que, en el futuro, no se pudiese concentrar el podercon las aparejadas violaciones a los derechos humanos anteriormente sufridas, privilegiándose además el irrestricto ejercicio de las distintas libertades, incluida naturalmente la libertad de expresión.

Siguieron tres gobiernos de derecha, dos gobiernos de izquierda, los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder funcionaban instituidos desde los acuerdos de paz, para que nadie concentrase el poder;  el acceso a la información pública era plena en un marco permanente de rendición de cuentas, se respetaban irrestrictamente la libertad de prensa y demás derechos fundamentales, y la Constitución, como norma básica de convivencia; las instituciones cada vez asumían mayor independencia, hasta con 2 expresidentes con condenas de prisión por corrupción, Saca y Funes.

Con todo, un país cuyas políticas públicas y desencuentros ideológicos, no alcanzaban a las ansiedades legítimas de la población; y, con una tasa de abandono de los hijos en el orden del 48 % que aleja las oportunidades, se volvió proclive para la proliferación de las pandillas. Para el año 2019 se estima un 7% de la población era de pandilleros y sus familiares, 450 mil personas, aproximadamente.

Bukele llega a la presidencia como un outsider, con fuerte campaña virtual ofreciendo corregir los males de la política, y con respaldo territorial a través de un pacto profundo con las pandillas (apoyo electoral y reducción de homicidios, a cambio de apoyo financiero, procesal, carcelario, no extradición, e incorporación en los organismos del poder estatal y municipal, como documentado en investigación periodística).

Aquel pacto inició en 2015 con la candidatura de Bukele a la Alcaldía capitalina, siguió los 3 primeros años de su gobierno, que incluía la “política” aceptada por el Estado de que “sin cuerpo no hay delito” (para ocultar las cifras de homicidios), hasta que, al verse descubierto por investigaciones norteamericanas, se rompió en el año 2022 por falta de cumplimiento de los compromisos financieros asumidos por Bukele con las pandillas. Propiciándose el fin de semana más sangriento de la historia del país (sábado 26 de marzo, con 62 homicidios). Con ello y desde entonces, Bukele instaura régimen de excepción por tiempo indefinido(suspensión de garantías constitucionales), con encarcelamiento de las tropas de las pandillas (liberando de facto a algunos líderes como el “Crook”) pero, además, de decenas de miles de inocentes provenientes de los barrios pobres. Lleva ya 4 años y es más bien una “política de Estado” utilizada como instrumento de represión, control social e intimidación. De paso, El Salvador es hoy el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, dos por cada cien habitantes. El CECOT, el presidio para publicitar su “mano dura”; las demás prisiones, los infiernos donde sistemáticamente y en forma generalizada, decenas de miles de inocentes, sin juicios ni individualización de responsabilidades, sufren vejaciones, o torturas, violaciones y hasta muertes bajo la custodia del Estado. El reciente informe del Grupo Internacional de Expertos lo documenta y confirma., destacando crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública, del llamado “modelo Bukele”.

Y, paralelamente, sin que en ninguna medida se corrijan las causas que producen pobreza, marginalidad y delincuencia, más bien lo contrario: es el país más endeudado de América Central en relación al PIB (90 %), el tercero en América Latina; con niveles crecientes de pobreza y pobreza extrema; alza en el costo de la canasta básica; con el nivel más bajo de crecimiento económico e inversión extranjera directa en la región; y crecimiento del déficit comercial e índice de desigualdad.

Todo, aunado a la pérdida de la democracia y hasta de la República. Bukele, revirtió el Acuerdo de Paz modificando a su medida la Constitución, no respetando cláusulas fundacionales, incluso disponiendo su reelección indefinida; la puede cambiar en un día y hasta con dispensa de trámites, por ello, hasta la Fuerza Armada dejó de ser una institución permanente, y los militares, aplaudiendo; ha cooptado todas las instituciones del país, incluido al árbitro electoral, y naturalmente el aparato judicial que utiliza para criminalizar a la prensa valiente e incómoda, defensores de los derechos humanos y particularmente a determinados opositores políticos, a quienes además de desprestigiar aplica la “justicia del enemigo”, con jueces sucios, procesos y plazos en apariencia de buen derecho, pero con sentencias redactadas en la casa presidencial. Recientemente, Cristosal ha documentado alrededor de 250 casos de perseguidos políticos, la mayoría exiliados, algunos presos y otros muertos bajo la custodia del Estado.

Tampoco hay rendición de cuentas

El uso de todos los fondos públicos está bajo reserva, y por los siguientes siete años. El precedente inicial de la colosal corrupción de Bukele data de la pandemia, con más de mil millones de dólares simplemente desaparecidos, con los que se tomó electoralmente el país en las elecciones de 2021, no sin antes forrarse a través de Juan a sus cuentas secretas; y también, de Pedro, de la enorme lavandería en que ha convertido al país, sin contar con el casino del Bitcoin. Compras públicas, concesiones, contrataciones, tanto recursos ordinarios como empréstitos, son utilizados por Bukele como si fuesen caja chica, a extremos como el documentado en investigación periodística, de haber buscado contactar con el Cartel Jalisco Nueva Generación, ofreciendo un millón de dólares de los recursos públicos para secuestrar en México a un pandillero originalmente por el mismo liberado, pero queriendo recapturarlo para evitar la contingencia de que revelase los detalles del pacto de Bukele con las pandillas. Ese pandillero está hoy en manos de la justicia norteamericana y de las decisiones del presidente Trump. Las compras conocidas de fincas y edificios por parte del clan depredador, son peanuts.

En suma, en El Salvador, paz, si, ante los ojos de la gente, pero “la paz de la represión o el cementerio; paz “a costa de crímenes de lesa humanidad”; “paz asentada en una bomba de tiempo económica, política y social”.

Bukele sigue siendo popular, porque ha descabezado a la oposición y a la resistencia; ha desterrado periodistas y hasta amenazado curas y pastores; intimida a los empresarios (algunos le mueven la cola); controla la narrativa a través de los medios de comunicación convencionales; mantiene el régimen represivo e intimidatorio de excepción, con suspensión de garantías constitucionales y militarización de la sociedad; y como base de todo: el pago de una multimillonaria campaña mediática de culto a su imagen personal a través de todas las plataformas disponibles. Téngase en cuenta el uso discrecional de todos los fondos públicos, más la apropiación silenciosa de más de seis mil millones de dólares de los fondos de pensiones, y uso de más deuda interna de corto plazo de cerca de dos mil millones de dólares de los depósitos bancarios.

Bukele descubrió que, si el Estado está sobreendeudado, los organismos multilaterales no responden únicamente a criterios técnicos; también, que puede extender el endeudamiento a través de las titularizaciones de las instituciones autónomas y las alcaldías; también, que puede tomar fondos privados, con cierto sigilo, presión y ardid. En fin, seguirá siendo popular, en cuanto continúe como hasta hoy, haciendo de su imagen el principal activo, con el desaforado uso de cuantiosísimos e inconfesables recursos para ello, y siga teniendo alguna capacidad para el reparto, aún a costa de tocar los medicamentos y la comida y el empleo de la gente.

*Bajo el nombre Advocatus escribirá en este sitio un destacado abogado y exfuncionario. Como está viviendo y trabajando en El Salvador, no puede exponerse a represalias del gobierno. Sin embargo, tampoco quiere seguir manteniendo silencio sobre lo que está pasando con nuestro país. Necesitamos que este tipo de personas toman la palabra. Acepto esta aportación anónima, porque sé a qué tipo de persecuciones se expondrá. Aceptaré el mismo arreglo con otros que quieren contribuir opiniones o información, siempre que sepa quién está detrás del seudónimo y conozca su trayectoria. (Paolo

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