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LA GUERRA CONTRA LOS POBRES

La Columna Transversal de Paolo Luers, 27 marzo 2026

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La guerra contra los pobres

De Paolo Luers, 27 marzo 2026

En El Salvador no combaten a la pobreza, hacen la guerra a los pobres. Esto se manifiesta como eje central de todas las políticas del gobierno. La más violenta es la manera como se ha llevado a cabo la guerra contra las pandillas, luego de que en marzo 2022 se rompió el pacto que Bukele, durante siete años, tuvo con ellas. Para capturar a los pandilleros en sus territorios, la policía y el ejército se llevaron en sus redadas masivas a todos los jóvenes que encontraron en las comunidades marginales. Tenían claro que un alto porcentaje -yo diría alrededor del 50%- eran inocentes. Daño colateral de una medida necesaria, dijo el presidente. El 90% de los arrestados bajo el estado de excepción permanente -de culpables e inocentes- todavía está encarcelado, incomunicado, privado de su derecho a una defensa, esperando su día en la corte. Todo esto equivale a una guerra masiva y directa contra los pobres. Esto no afecta a las clases medias y pudientes. Por esto, casi no se refleja en la opinión pública.

La otra expresión del combate a los pobres es el desalojo masivo y violento de los comerciantes informales, sobre todo en el centro de la capital. Quieren un centro histórico turístico que no tenga las manchas de la pobreza. Esta política se extiende incluso a comercios populares que son expulsados de sus locales en edificios del centro. Se trata de una sistemática “limpieza” social.

La tercera expresión de la guerra contra los pobres es el desalojo masivo de habitantes y agricultores de zonas rurales para permitir proyectos de desarrollo turístico, inmobiliario, tanto del gobierno como de la empresa privada.

Pero además se perfila un componente político del actuar antisocial del gobierno: los despidos, también masivos, en el sector público. Ya son 40 mil trabajadores del servicio público que ha sido despedidos. Los más afectados: los trabajadores de salud, educación y de la Procuraduría de Protección de Derechos Humanos, que son altamente sindicalizados. Es una política de limpieza del servicio público de elementos que consideran que no son confiables porque no están alineados a las políticas del gobierno.

Esta limpieza política en el sector público no se puede hacer sin eliminar a los sindicatos, o por lo menos su autonomía. El sindicalismo salvadoreño siempre ha estado más consolidado en el sector público que en el sector privado. Esto constituye un obstáculo que una dictadura tiene que remover. En la situación actual, donde el 80 % de las más de 40 mil trabajadores públicos despedidos no han recibido su indemnización completa y los que han permanecido en las instituciones públicas enfrentan un insistente acoso para apartarse de los sindicatos, los líderes y activistas sindicales están en la mira del aparato represivo.

Así se explica la cantidad de sindicalistas que, aprovechando el estado de excepción permanente, han sido detenidos bajo acusaciones falsas de asociación ilícita. Para los operadores de seguridad de Bukele, no hay una diferencia entre la pertenencia a una pandilla y la pertenencia a un sindicato o una organización comunal en los barrios y las colonias marginadas. El régimen de excepción ha servido para encarcelar a una cantidad suficientemente significativa de líderes sindicales, comunales y campesinos para conseguir que el resto de estos liderazgos se quede callado.

Acordémonos del caso de Víctor Barahona, dirigente y comunicador comunal en Apopa, quien fue arrestado a principios del estado de excepción y solo recuperó su libertad luego de una gran campaña de organismos nacionales e internacionales de protección a la libertad de prensa. Pero sigue amenazado, esperando su juicio. Ha sido acusado de asociación ilícita por el pecado de haber dialogado como representante de su comunidad con la pandilla local para proteger a la población civil. No es el único líder comunal perseguido. Conozco a varios que forman parte de los encarcelados bajo acusaciones fabricadas de asociación ilícita. No voy a revelar sus nombres para no afectar a ellos y sus familias.

Entre los sindicalistas perseguidos son notorios los casos de Sabino Ramos, sindicalista y gestor cultural de Panchimalco, quien en estos días logró su libertad condicional luego de 4 años de encarcelamiento sin juicio, y de César Edgardo Hernández Osorio, sindicalista de la alcaldía de San Rafael Cedros, capturado el 15 de junio de 2022 bajo acusaciones de asociación ilícita. Fue condenado a 30 años de prisión el día 24 de marzo. La único “prueba” fue el testimonio de un pandillero confeso convertido en testigo criteriado a servicios de la fiscalía. El mismo testigo testificó también contra Daysi Arely Hernández Osorio, la hermana de César. Ella fue condenada a 25 años.

Son 18 casos documentados de sindicalistas perseguidos por una justicia que no da justicia. 13 están con medidas sustitutivas, luego de pasar meses en prisión. De los sindicalistas encarcelados, dos murieron por falta de debida atención médica bajo custodia del Estado: José Leonidas Bonilla, sindicalista de la alcaldía de Mejicanos, y Franklin Izaguirre, de la alcaldía de Soyapango. Tres quedan encarcelados: César Hernández, de la alcaldía de San Rafael Pedros; Misael Itamir Gómez, de la alcaldía de Ciudad Delgado y Geovany Aguirre, de la alcaldía capitalina. Sabino Antonio Ramos, de Panchimalco, acaba de recobrar su libertad.

Estas persecuciones no son hechos aislados. Es una persecución sistemática de los liderazgos sociales incómodos para el gobierno. Si esto se da ahora, cuando el apoyo popular del régimen todavía es mayoritario, ¿cómo será en un futuro cuando exista movilización social en oposición al gobierno? Porque este gobierno no combate la pobreza, combate a los pobres.

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