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Republicamos en este sitio la columna de Daniel Olmedo, abogado y consultor en derechos humanos, especializado en derecho internacional, estado de derecho y rendición de cuentas en Centroamérica. Fue publicada el 20 de abril en EL FARO.

La brecha entre lo que Heritage afirma sobre El Salvador y sus propios datos

De Daniel Olmedo, 20 de abril de 2026 / EL FARO

El 27 de marzo, El Salvador cumplió cuatro años bajo estado de excepción. El 16 de abril, la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró una audiencia para examinar el impacto en los derechos humanos de esta medida vigente.

Entre los testigos que declararon ante los miembros de la Comisión se encontraban representantes de la Asociación de Periodistas Salvadoreños, el Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy, Cristosal, Human Rights Watch y la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington, así como la Fundación Heritage.

Los cinco primeros testigos manifestaron su preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos y la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en El Salvador durante el estado de excepción.

Por el contrario, el representante de la Fundación Heritage reconoció que la política salvadoreña presenta ciertos desafíos, pero la calificó en términos generales como razonable y necesaria para combatir la violencia relacionada con las pandillas en el país. Además, argumentó que algunas denuncias de violaciones de derechos humanos carecen de credibilidad.

Si bien reconoció preocupaciones específicas, en particular el uso de la detención preventiva, sostuvo que estos problemas no son exclusivos de El Salvador, sino que forman parte de patrones regionales más amplios y que ya estaban presentes antes de la actual administración.

Una forma de evaluar dichas afirmaciones es examinarlas a la luz del marco analítico de la propia Heritage Foundation, contrastándolas con los estándares que utiliza para evaluar las protecciones contra el abuso gubernamental.

Desde 1995, la fundación publica su Índice de Libertad Económica , que mide 12 libertades en 184 países, incluida la eficacia judicial. Según su propia metodología , la eficacia judicial requiere «sistemas judiciales eficientes y justos que garanticen el pleno respeto de las leyes y la adopción de las medidas legales pertinentes contra las infracciones».

Para su calificación, el Índice evalúa factores como la independencia judicial, la calidad de los procesos judiciales y las percepciones sobre la calidad de los servicios públicos y la independencia de la función pública.

El sitio web de la Heritage Foundation publica datos sobre la eficacia judicial de 29 países del hemisferio occidental, que abarcan el período desde 2017, como parte de su Índice de Libertad Económica .

En 2026, El Salvador obtuvo una puntuación de 15,3 sobre 100 en eficacia judicial. Según la clasificación del Índice, esto sitúa al país en la categoría de "reprimido", lo que indica un desempeño "por debajo del promedio mundial".

Un análisis más detallado del contexto regional subraya aún más la magnitud de este resultado. Dentro del hemisferio occidental, El Salvador ocupa el antepenúltimo lugar entre los 29 países evaluados en esta dimensión. Solo Nicaragua y Venezuela registran puntuaciones más bajas.

Los datos de la Heritage Foundation indican además que países como Cuba y Haití —así como todos los demás estados centroamericanos— obtienen mejores resultados que El Salvador en términos de eficacia judicial.

Centrándonos específicamente en el desempeño de El Salvador a lo largo del tiempo, el Índice de Libertad Económica muestra que, desde 2017, el país ha registrado sistemáticamente puntuaciones de eficacia judicial inferiores a 50 puntos, pero a un nivel similar al de muchos otros países de la región.

Sin embargo, una perspectiva histórica revela un marcado deterioro a partir de 2022, año en que se instauró el estado de excepción. Desde entonces, El Salvador experimentó un declive abrupto, lo que lo sitúa en la categoría de "reprimido".

Las declaraciones realizadas por el representante de la Heritage Foundation durante la audiencia ante la comisión del Congreso de los Estados Unidos buscaban normalizar las deficiencias en la protección de los ciudadanos en El Salvador, presentándolas como condiciones regionales ordinarias no relacionadas con el estado de excepción.

Al contrastar estas afirmaciones con el Índice de Libertad Económica , también elaborado por la Fundación Heritage, se revela una tensión entre el discurso público de la institución sobre El Salvador y la realidad reflejada en sus propios datos.

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