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Introducción: Sara Hanna, a pesar de su fuerte influencia en el gobierno de Nayib Bukele, siempre se ha mantenido en la sombra, casi en el anonimato. Esta investigación exhausta de Gisela SALIM-PEYER narra la historia y la personalidad de esta mujer, desde su infancia en Venezuela, pasando por el movimiento opositor contra la dictadura venezolana, su rol como asistente del líder opositor Leopoldo López, hasta su llegada a El Salvador y el gobierno de Nayib Bukele. Los salvadoreños tienen el derecha de conocer esta figura y su historia. Reproducimos la traducción de esta investigación y abajo el original en inglés. (P. L.)

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LA ASESORA

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Sara Hanna luchó contra la represión de Hugo Chávez en Caracas. Ahora, ayuda a dirigir el régimen de mano dura de Nayib Bukele en El Salvador. Su vida la ha llevado del Líbano a Venezuela, luego a Miami y finalmente a El Salvador. «Creo que ella siempre tuvo esa sed de poder, esa necesidad de ser reconocida socialmente, de formar parte de una élite», dijo Lorent Saleh, un activista de la oposición venezolana.

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por Gisela SALIM-PEYER / 17 de noviembre de 2026 / NOW VOYAGER MAGAZINE

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Gisela SALIM-PEYER

ERA INEVITABLE QUE PERSONAS INOCENTES terminaran en prisión. Era lamentable, admitían los funcionarios, pero inevitable. Las pandillas habían aterrorizado a la pequeña nación centroamericana de El Salvador durante demasiado tiempo, y el presidente del país, Nayib Bukele, había decidido actuar de una vez por todas. En marzo de 2022, tras una espantosa ola de violencia pandillera durante un fin de semana, declaró al país bajo un «régimen de excepción», facultando a las autoridades para encarcelar a cualquier sospechoso de pertenecer a pandillas con poco o ningún debido proceso. Bukele cosechó elogios en todo el mundo —notablemente de poderosos republicanos en Estados Unidos, como el entonces senador Marco Rubio—. Cuando surgieron informes de que ciudadanos comunes estaban siendo arrastrados en las redadas de arrestos, Bukele les restó importancia. Ningún sistema de justicia en el mundo, dijo, podía ser perfecto.

Durante un tiempo, fue posible argumentar que los castigos inmerecidos eran errores honestos, cometidos bajo una enorme presión por autoridades empeñadas en liberar al pueblo de El Salvador del flagelo de las pandillas. Era posible, en otras palabras, darle a Bukele y a sus asesores el beneficio de la duda.

Pero pronto, los encarcelamientos adquirieron un inconfundible tinte político. Menos de medio año después de iniciado el régimen de excepción, el gobierno salvadoreño desplegó todo el peso de su aparato antipandillas para encarcelar a un hombre llamado Luis Alexander Rivas por tomar una foto del hermano del presidente y luego publicarla en internet.

Era un domingo caluroso y húmedo de agosto de 2022. Rivas, un ingeniero y trabajador social radicado en San Salvador, había llevado a su hija de diez años a la playa. Enclavada en una reserva natural en la costa del Pacífico de El Salvador, Playa Dorada es un refugio para tortugas marinas, aves tropicales y salvadoreños acomodados que buscan privacidad o un escape de la política de la capital. Hay pocos restaurantes u hoteles; la costa está bordeada principalmente por villas frente al mar, o ranchos, ocultos tras las palmeras. Varias familias se encontraban en una de las villas celebrando el cumpleaños de una amiga de la hija de Rivas. Una sección de la playa había sido acordonada y guardaespaldas uniformados rondaban por la zona. Cuando Rivas y los demás invitados vieron a hombres barbudos con parecido al presidente, supusieron que eran miembros de la familia Bukele y bromearon diciendo que vacacionar cerca de ellos los hacía sentir importantes.

Rivas reconoció a uno de los hermanos de Bukele, Karim. Lo acompañaba una mujer alta y pálida, de cabello oscuro y ojos oscuros. Desde el rancho, los invitados dedujeron que la mujer debía ser la novia de Karim, pero no le prestaron mayor atención a la pareja. Solo a Rivas le interesaba la política: aunque ni siquiera sus amigos más cercanos lo sabían, criticaba regularmente al gobierno en una cuenta de Twitter conocida como El Comisionado. Desconfiaba del régimen de excepción que había hecho tan popular a Bukele y le molestaba que Karim se paseara con guardaespaldas pagados con el dinero de los contribuyentes. Rivas tomó una fotografía de la pareja.

Poco después esa misma mañana, apareció en línea un tuit de El Comisionado: «Vaya dispositivo de seguridad con el que andan Karim, su novia, su madre y el otro hermano de Bukele». Mostraba una imagen de la playa con unas cuantas figuras tan lejanas que resultaban irreconocibles. «Menos mal que vivimos en el país más seguro del mundo entero». Unas horas más tarde, agentes de una unidad policial encargada de la Protección de Personas Importantes llamaron a la puerta del rancho donde se hospedaba Rivas.

Rivas y sus compañeros de paseo juraron a los agentes que ninguno de ellos había publicado el tuit. Los policías se marcharon, pero pronto regresaron. «Esto es como cuando se pierde un sacapuntas en una escuela», dijo uno de ellos, según uno de los presentes. «Nadie se va hasta que aparezca el culpable». Advirtieron que, si nadie confesaba, todos irían presos y los niños serían enviados a otro lugar. Tras varias horas de interrogatorio, les dijeron a Rivas y a su grupo que los guardaespaldas de Karim habían reportado haber visto a una mujer con un estuche de teléfono rosado tomando fotos esa mañana. El estuche del teléfono de la exesposa de Rivas, la madre de su hija, era rosado.

Rivas confesó. Ha estado en prisión desde entonces.

El Salvador tiene hoy más presos per cápita que cualquier otro país del mundo. Pero el encarcelamiento de Rivas, reportado por primera vez por Gabriel Labrador en el medio salvadoreño El Faro, desató indignación en la prensa y entre las organizaciones de derechos humanos porque fue la primera vez que el gobierno de Bukele arrestó a alguien por criticar a uno de los suyos, o al menos la primera vez que lo hizo tan descaradamente bajo una excusa tan endeble como una publicación en redes sociales. Por tomar una foto de personas que cerraron una playa pública para uso privado, Rivas se convirtió en el primer salvadoreño común y corriente —en lugar de un activista, digamos, o un funcionario— en engrosar las filas de los presos políticos de Bukele.

Durante años, había observado cómo el régimen en Venezuela enviaba personas a prisión para sofocar la disidencia. Esta táctica represiva fue esencial en el estilo de gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez y, aún más, en el de su sucesor, Nicolás Maduro. Los informes de casos como el de Rivas me convencieron de que Bukele estaba haciendo lo mismo en El Salvador.

Un amigo venezolano me contó que muchos venezolanos en su círculo de exiliados veían la historia de otra manera: bastantes de ellos, dijo, trabajaban felices para Bukele. Lo interesante era que la mayoría eran antiguos activistas de la oposición que habían huido de Venezuela porque no querían convertirse en presos políticos. Estos venezolanos habían llegado con Sara Hanna, me dijo mi amigo. ¿Conoces a Sara Hanna? ¿La activista estudiantil? ¡Es literalmente la mano derecha de Bukele! Si quería hacer un perfil de Bukele, dijo mi amigo, podía ver si conseguía el número de Sara. Ella podría arreglar que yo lo entrevistara.

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De hecho, yo no conocía a Hanna. Pensé en escribirle para ver si podía ponerme en contacto con Bukele, pero en realidad la persona con la que más quería hablar era ella. Encontré un video suyo participando en un panel en Brasil cuando tenía veintitrés años. Se retrataba a sí misma como una activista a regañadientes, relatando cómo fue criada con la creencia de que «la política era sucia, la política era asquerosa, los políticos eran corruptos». Pero, en 2007, cuando estaba en la universidad, el gobierno cerró un canal de noticias de oposición. Como muchos otros jóvenes, Hanna se indignó, contó al público en Brasil. «Fue entonces cuando dije: “¡Ya basta! La política entró en mi casa. Ahora yo entraré en la política”».

En los años posteriores a 2007, se unió a otros estudiantes universitarios de todo el país y ayudó a organizar una campaña para animar a la gente a votar en contra de una reforma constitucional que abolía los límites a la reelección. En la década de 2010, lideraría esfuerzos para lograr la liberación de Leopoldo López, el preso político más famoso de Venezuela. «Nosotros», dijo sobre el movimiento aquella vez en Brasil, «somos defensores de los derechos humanos».

Yo era una colegiala en Venezuela cuando los activistas de la generación de Hanna estaban en la universidad, y los admiraba. Encabezaban marchas multitudinarias sosteniendo banderas venezolanas en alto sobre nubes de gas lacrimógeno. Se pintaban las palmas de las manos de blanco para mostrarle a la policía que estaban desarmados y no tenían miedo. A finales de la década de 2000 y bien entrada la de 2010, parecían encarnar la mejor oportunidad del país para frenar la dictadura.

La mayoría de los líderes que surgieron del movimiento estudiantil están hoy en la cárcel o en el exilio. Hanna huyó a Miami por la época en que López fue a prisión. Pasó años viajando por el mundo, reuniéndose con líderes globales y figuras influyentes que a la postre fueron fundamentales para conseguir la liberación de López. Y al poco tiempo estaba trabajando para el presidente de El Salvador.

Hanna ignoró todas mis solicitudes de entrevista y tampoco respondió a las preguntas de los verificadores de datos. En su lugar, hablé con más de ochenta personas que conocieron personalmente a Hanna o cuyas vidas se cruzaron con la suya: venezolanos del movimiento estudiantil, salvadoreños que trabajaron en el gobierno, funcionarios estadounidenses que interactuaron con ella. La mayoría pidió el anonimato por temor a represalias o porque sus empleos actuales les impedían hablar con la prensa.

Mientras seguía investigando a Hanna, un exempleado de Bukele me dijo que ella era la novia de Karim Bukele: la mujer alta y pálida que caminaba junto al hermano del presidente el día en que Rivas fue arrestado.

Era algo que me costaba creer; no tanto el rumor de que Sara Hanna saliera con Karim, sino la implicación de que la mujer que dedicó años de su vida a la liberación de Leopoldo López se fuera de vacaciones a la playa con el tipo de personas que envían a un hombre a la cárcel por un tuit. Si Hanna era efectivamente la mujer de Playa Dorada, ¿había permanecido impasible, presenciando desde una posición cómoda un aspecto crucial en el que el gobierno para el que trabajaba empezaba a parecerse al mismo del que había escapado?

Fui a Playa Dorada en mayo de este año y hablé con los encargados de los ranchos cercanos para ver si alguien recordaba aquel fin de semana. Uno de ellos recordó haber visto a Karim Bukele con aire enamorado. De su brazo iba una mujer. «Sí», dijo esta persona cuando le mostré una foto de Hanna. «Esa misma es».

Hanna es un apellido común en Charbila, una aldea en las montañas del norte del Líbano. Es un lugar pequeño, hogar de unos pocos cientos de personas, tres iglesias ortodoxas griegas, una fábrica de baldosas y una prensa de aceite de oliva. La zona ha sido durante mucho tiempo pobre y periférica, y los residentes con ambición tienen desde hace generaciones la costumbre de emigrar.

Unos cuantos Hanna llegaron a Venezuela en la década de 1950 y se establecieron en el pueblo de Güigüe, en el estado Carabobo. En aquel entonces, el país petrolero, con sus autopistas futuristas y su costa caribeña, era un buen lugar para vivir, sin duda en comparación con el Líbano rural y empobrecido. Otros miembros de la familia los siguieron durante la década siguiente. Uno vendía ropa de casa en casa en bicicleta y luego en motocicleta, hasta que reunió lo suficiente para abrir una tienda general en los años sesenta, Casa Millet Hanna. (Esta rama de la familia también llegó a poseer una distribuidora de pollos y un salón de eventos con aspecto de castillo que acogería algunas de las fiestas de quince años más ostentosas de Güigüe).

En 1975, el Líbano se sumió en una guerra civil. A finales de los setenta, se había convertido en un conflicto regional, y Charbila, como gran parte del norte del país, fue ocupada por el ejército sirio. Aunque el pueblo de los Hanna se libró de los peores combates, había pocas oportunidades económicas para sus habitantes, y muchos se sumaron al más de un millón de personas que huyeron del país durante la guerra.

En 1988, Karim Hanna y Nada Georges, dos de los Hanna que habían permanecido en Charbila, celebraron el nacimiento de una niña, Sara Abdel Karim Hanna Georges. El padre de Sara pronto abandonaría el Líbano junto con sus hijos mayores, Nadim y Michel. Con el tiempo se establecieron en Güigüe.

Un año después de que terminara la guerra civil libanesa, en 1991, cuando Sara tenía tres años, ella y su madre se mudaron a Venezuela. En una vieja fotografía que publicó alguna vez en Instagram, la pequeña Sara aparece de pie sobre el parachoques de un auto antiguo, abrazando a sus padres. «Acabábamos de llegar del Líbano unos días antes, mi mamá y yo», dice el pie de foto. «Estábamos muy emocionadas por conocer Venezuela y empezar una nueva vida lejos de la guerra».

Güigüe es un lugar poco agraciado y abandonado. Se dice que un reloj descompuesto en la plaza principal lanza una maldición sobre cualquiera que intente repararlo. Cuando lo visité a principios de este año, pensé que no era solo el reloj, sino todo el pueblo el que parecía condenado a un estado de abandono irremediable. Ladrillos sueltos yacían junto a paredes sin terminar, como si los albañiles simplemente se hubieran rendido a mitad de la construcción. Las calles apestaban a putrefacción y humo de autos, sin árboles que dieran sombra bajo el sol tropical. «Este es un lugar completamente olvidado», me dijo un profesor jubilado llamado Héctor. «Sumido en la miseria».

En la avenida Bolívar, una vía central que conecta el pueblo con las carreteras regionales, la mayoría de los propietarios y comerciantes eran, hasta donde pude ver, árabes o chinos. «Los Hanna son muy conocidos aquí porque son dueños de muchas tiendas», me dijo una mujer. Karim solía regentar una mueblería en un local oscuro que ahora es una carnicería. Casi todas las personas mayores con las que hablé parecían haberlo conocido bien y lo recordaban con cariño. Sohel, un comerciante sirio, sonrió, me invitó a sentarme y me ofreció té cuando le pregunté si conocía al padre de Sara. Karim, dijo, era «el mejor entre sus hermanos, y el único que hablaba bien el árabe».

La familia de Sara no era rica. Un hombre que los conoció dijo que se les consideraba de clase media baja. Aun así, la madre de Sara, Nada Georges, es recordada en Güigüe por su elegancia; en las fotos, su cabello rubio teñido lucía siempre impecablemente peinado. Era una buena anfitriona. Una anciana que cargaba bolsas de mercado en la avenida Bolívar me contó que «nadie podía irse de su casa sin antes comerse un pedazo de torta». Y aunque la familia vivía con modestia, siempre se esforzaba por superarse: Karim y Nada enviaron a los hermanos mayores de Sara a la universidad en Valencia, la capital de Carabobo. Nadim estudió administración (¿o fue ingeniería? Nadie parece recordarlo). Michel estudió odontología.

La gente en Güigüe también recuerda a Sara. Sobre todo, aquellos con quienes hablé dijeron recordarla porque era muy alta y gorda (si querían ser amables, decían «gordita», una palabra más suave). Quienes la conocieron mejor afirmaron que era inteligente. Un primo lejano me contó que Sara pasaba con facilidad del español al portugués y al árabe. En las reuniones familiares, los adultos sometían a los niños a rondas de preguntas para evaluar lo que habían aprendido en la escuela. Sara parecía ser la única que disfrutaba aquello. «Cada vez que la retaban, se ponía a discutir con ellos», me dijo uno de sus primos. «Era brillante. ¡Brillante!».

El hijo de Sohel, Maher, es apenas unos años menor que Sara. Aunque no eran amigos, Maher creció viéndola por el barrio. Cuando estuve en Güigüe, me llevó caminando hasta el edificio de tres pisos donde ella creció, un bloque de concreto con ventanas enrejadas, pintura blanca descascarada y paredes deterioradas. Al igual que sus hermanos, Sara se mudó a Valencia para ir a la universidad. Siguió los pasos de Michel en odontología. A diferencia de sus hermanos, Sara no parece haber regresado a Güigüe por ningún período significativo. Después de que se fue a la universidad, dijo Maher, «no la volvimos a ver».

En 1999, Hugo Chávez se sentó para una entrevista televisada con Óscar Yanes, un presentador de bigote con fama de formular preguntas mordaces con un lenguaje elegante. «Un dato interesante sobre el presidente Chávez es que ha acumulado más poder —constitucionalmente, legítimamente— que nadie en este siglo», dijo Yanes a modo de presentación de su invitado. La presidencia de Chávez apenas cumplía un año y el país ya se preparaba para votar en un referéndum constitucional que le otorgaría amplios poderes para gobernar por decreto. «El clásico dictador venezolano cambiaría una constitución y le daría un barniz democrático», prosiguió Yanes, sonriendo con incredulidad. «El presidente Chávez —que siempre ha tenido la honestidad de decir lo que va a hacer, pero nadie le cree, y esa es su arma secreta— ha preparado una constitución que le queda como un traje a la medida. ¡Un traje a la medida para convertir este país en una autocracia!». La cámara enfocó a Chávez, quien parecía intentar escuchar con respeto aquella descripción, aunque una sonrisa pícara se dibujaba en su rostro.

Chávez era un talento político único en una generación. En 1992 intentó tomar el poder mediante un golpe de Estado y fracasó. Pudo haberse ahorrado el esfuerzo: cuando se postuló a la presidencia en elecciones libres y justas seis años después, ganó cómodamente. Los votantes estaban cansados de los dos partidos políticos que durante décadas se habían turnado el poder en Venezuela sin prestar mayor atención a los pobres. Chávez iba a ser diferente: provenía de orígenes humildes y rurales. Debido a sus raíces afrodescendientes e indígenas, su piel era más oscura que la de cualquier presidente anterior, lo que equivalía a decir que se parecía más a la mayoría de los venezolanos.

La revolución socialista que Chávez prometió, sin embargo, llegaría a expensas de la democracia. Chávez se salió con la suya en el referéndum de 1999, tal como Yanes había predicho. En los años posteriores a aquella entrevista, su gobierno gobernó por decreto, reprimiendo violentamente las protestas y purgando de los cargos públicos a quienes no le eran leales.

A mediados de la década de 2000, Chávez navegaba viento en popa. Los precios del petróleo estaban en auge y los petrodólares fluían a raudales. El Estado podía costear espléndidos subsidios y programas sociales que convirtieron a Chávez en una figura adorada en Venezuela y en Hollywood (entre sus admiradores de primera línea figuraban Sean Penn, Oliver Stone y Naomi Campbell, quien alguna vez describió a Chávez como un «ángel rebelde»). Los políticos de la vieja guardia, en comparación, parecían sin rumbo y tenían dificultades para articular una oposición organizada. Entre los jóvenes existía la sensación de que aquellos políticos eran parte del problema y de que había llegado la hora de sangre nueva.

Sara Hanna se matriculó en la Universidad de Carabobo, en Valencia, precisamente cuando el movimiento estudiantil se convertía en una fuerza política. Los jóvenes venezolanos ambiciosos asumían el activismo como una actividad extracurricular. Siempre destacada, Hanna asistía a marchas y se unió al gobierno estudiantil. Con el tiempo, llegó a ser presidenta del centro de estudiantes de la facultad de odontología.

En 2007, el gobierno cerró Radio Caracas Televisión, un importante canal de noticias, en su primera gran afrenta contra la libertad de expresión. Más tarde ese mismo año, Chávez convocó un nuevo referéndum para preguntar a los venezolanos si le permitirían modificar una vez más la constitución para eliminar los límites a la reelección presidencial. Los activistas estudiantiles, incluida Hanna, movilizaron a decenas de miles de personas en todo el país para protestar contra la enmienda, contribuyendo a propinarle a Chávez la primera derrota electoral de su presidencia (Chávez lograría finalmente eliminar los límites de mandato mediante un referéndum posterior).

Quienes conocieron a Hanna en aquella época explicaron que nunca quiso ser un rostro visible del movimiento. «Le gustaba tener el control, tener la capacidad operativa, gestionar y organizar», mientras que otro podía dar los discursos, dijo Roberto Patiño, presidente del centro de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar entre 2009 y 2010. Parecía hecha a la medida para el papel de jefa de gabinete y sobresalía por su capacidad de ejecución: casi todas las personas con las que hablé destacaron su prodigiosa eficiencia. «Le pides a Sara que te construya una pared», dijo uno de sus mentores, «te das la vuelta para saludar a alguien y, cuando vuelves a mirar, la pared ya está construida».

La política absorbió rápidamente la vida de Hanna. Uno de sus amigos de la universidad comentó que, en todas las veces que fue a su apartamento o salió con ella, nunca conoció a ningún amigo suyo que no tuviera algo que ver con el movimiento. Otros activistas destacaron su valentía en las protestas: la forma en que se plantaba en primera fila mientras la policía disparaba chorros de agua a alta presión para dispersar a las multitudes. Lo interpretaban como una señal de sinceridad, de su compromiso con la democracia y contra el autoritarismo. Sara, me aseguró uno de sus amigos, lo hacía todo por Venezuela.

Pero pertenecer al movimiento tenía otro atractivo. Muchos activistas estudiantiles eran también hijos e hijas de algunas de las familias más adineradas de Venezuela y, en ese sentido, la militancia ofrecía excelentes oportunidades para hacer contactos. Hanna, explicó un compañero activista, tendía a gravitar hacia la clase alta dentro de los círculos políticos valencianos. «Creo que ella siempre tuvo esa sed de poder, esa necesidad de ser reconocida socialmente, de formar parte de una élite», me dijo Lorent Saleh, otro activista opositor que estudió en Valencia. Muchas personas con las que hablé habían asumido que Hanna provenía de una «buena» familia, o tenían la impresión de que había asistido a uno de los prestigiosos colegios privados de Valencia. Era un malentendido verosímil: primos lejanos de apellido Hanna llevan vidas acomodadas en Valencia, y los árabes están bien representados entre la élite empresarial venezolana. Es posible que la propia Hanna fomentara la percepción de que venía de una familia adinerada. «Era obvio que tenía una necesidad de proyectar», dijo Saleh, añadiendo que solía sacar a relucir «lo árabe, que la vinculaba con ese poder económico».

Hanna comenzó a viajar con regularidad a Caracas. Empezó a trabajar con fundaciones y agrupaciones que manejaban presupuestos que, para los estándares venezolanos, no eran nada modestos. En 2008, un estudiante llamado Yon Goicoechea ganó el Premio Milton Friedman para el Avance de la Libertad, otorgado por el Instituto Cato, y recibió una subvención de 500.000 dólares para financiar actividades de activismo. Con ese dinero, él, Hanna y algunos otros cofundaron una organización llamada Futuro Presente. Como muchos otros grupos del movimiento estudiantil, podía resultar una especie de club de niños ricos. Una activista a la que llamaré María me dijo que sentía que su invitación a trabajar en Futuro Presente respondía a la intención de corregir cierto desequilibrio socioeconómico: obtuvo el puesto («más o menos me lo dijeron») porque provenía de una zona pobre de Caracas. Su barrio, explicó, «es un lugar muy chavista», así que contar con alguien de allí en la oposición era todo un golpe de efecto.

María nunca se llevó bien con Hanna. Contó que Hanna invitaba a un grupo grande a un restaurante, pedía todo el menú, daba un pequeño bocado a cada plato antes de que los demás pudieran empezar a comer y luego pagaba toda la cuenta. Es alguien que «domina a las personas que la rodean», dijo María. En 2010, Futuro Presente creó un programa llamado Lidera, concebido para reunir y formar a jóvenes líderes prometedores de distintas regiones del país y diversos orígenes socioeconómicos. Los participantes asistían a talleres y, al final de cada año, unos pocos elegidos eran invitados a un viaje con todos los gastos pagados a Madrid y Barcelona, donde asistían a conferencias y se relacionaban con políticos españoles. María recordaba las reuniones en las que Hanna, como una de las dirigentes de la organización, decidía quién pasaba el corte. «Tengo muy clara la imagen de ella sentada como una reina en medio de una mesa redonda llena de jóvenes que trataban cada palabra que decía Sara Hanna como si fuera el evangelio», relató María. «Y simplemente decidía quién pasaba a la segunda etapa, el viaje a España, basándose en si le caían bien o no, en lugar de evaluar sus habilidades de liderazgo o sus vínculos comunitarios, que era para lo que habíamos creado Lidera en primer lugar».

Desde muy pronto, los partidos de oposición venezolanos coincidieron en que tendrían más posibilidades de derrotar a Chávez en 2012 si todos se agrupaban tras un candidato único. La pregunta era quién. En Valencia, la opinión de un hombre tenía un peso particular. Henrique Salas Römer era un político de cabello blanco y ojos azules que, tras perder frente a Chávez en 1998, gozaba de la autoridad moral de un patriarca sabio. Fundador de Proyecto Venezuela, el principal partido opositor de Carabobo, se convirtió en una especie de padrino para aspirantes a políticos y líderes del movimiento estudiantil. También era el padre de Henrique Salas Feo, gobernador de Carabobo. Ambos recibían a activistas estudiantiles en reuniones con Proyecto Venezuela para discutir estrategias electorales.

Hanna era una presencia tan habitual en esas reuniones que, hasta el día de hoy, mucha gente cree que trabajó para Salas Römer, para Salas Feo o para ambos. Algunos con quienes hablé tenían la vaga idea de que incluso había dirigido la campaña de Salas Feo a la gobernación. No está claro si Hanna hizo algo para alimentar esas versiones, pero los rumores le daban prestigio: ¿cómo se había vuelto una mujer de veintipocos años tan indispensable para los políticos opositores más influyentes de Carabobo? Sin embargo, Salas Römer niega que Hanna haya trabajado alguna vez para él o para su hijo. «Nunca fue mi mano derecha, ni mi mano izquierda, ningún cargo ejecutivo, nada», me dijo en agosto de 2025. «Simplemente asistía a las reuniones». De hecho, Salas Römer no sabía por qué Hanna siempre andaba por allí. Un día se acercó a uno de los amigos de ella para preguntarle qué buscaba. «Busca poder», respondió el amigo, según recordó Salas Römer. «Solo quiere estar cerca del poder».

En 2010, Salas Römer decidió respaldar a un joven y talentoso político llamado Leopoldo López como candidato opositor en las elecciones. Leopoldo —así siguen refiriéndose a él los venezolanos, como si no necesitara apellido— posee un encanto magnético. Exalcalde de un municipio de Caracas, parece el galán de una telenovela, apuesto, de cabello oscuro y dentadura perfecta. Proviene de una familia de dinero tradicional y tiene un título de Harvard. Su esposa, rubia y amante del yoga, Lilian Tintori, también es muy atractiva. La pareja llegó a ser vista como el príncipe y la princesa de la oposición venezolana. Aunque Leopoldo no llegó a ser el candidato presidencial —se retiró de las primarias opositoras para apoyar a Henrique Capriles, un político más conocido—, Leopoldo era el líder al que los activistas del movimiento estudiantil parecían adorar más. Al salir de la universidad, muchos se unieron a Voluntad Popular, el partido juvenil que él fundó y dirigía como una extensión de sí mismo. Voluntad Popular, que se concebía como socialdemócrata y de centroizquierda, atrajo también a defensores del libre mercado situados más a la derecha: el impulso que unía a sus miembros era la oposición a Chávez.

Para 2011, Hanna se había graduado de odontología y se había mudado a Caracas. Pronto comenzó a trabajar estrechamente con Leopoldo y Lilian. Algunos miembros de Voluntad Popular se vieron sorprendidos por su repentina y constante presencia. Muchas personas con las que hablé me dijeron que asumían que Salas Römer la había recomendado a Leopoldo, pero una vez más Salas Römer lo negó. En todo caso, él mismo se sorprendió por la cercanía de Hanna con Leopoldo cuando la vio en un debate de la oposición. Se comportaba, dijo, como si estuviera a cargo de todo el evento. (Ni Leopoldo ni Lilian respondieron a mis solicitudes de entrevista ni a las preguntas de verificación de datos).

Al principio, el papel de Hanna parecía casi puramente doméstico. A menudo se la veía cargando a los hijos pequeños de Leopoldo y Lilian, el tipo de responsabilidad que nadie en Voluntad Popular envidiaba. Poco a poco, sin embargo, se volvió más importante para la pareja. Llenó el equipo de trabajo de ambos con sus amigos cercanos, liberando su propio tiempo para recaudar fondos para el partido y reunirse con los donantes. Un activista estudiantil que la conoció en Valencia y se mudó a Caracas por la misma época notó que pasó de vestir jeans y camisetas a vestirse como una ejecutiva. También observó que en las reuniones siempre se sentaba junto a Leopoldo. Se notaba que a Sara le gustaba su nuevo papel, fuera cual fuese. Dijo algo que la gente me repitió una y otra vez: «A Sara le gusta el poder».

Las personas a las que entrevisté que conocen a Hanna de manera superficial parecen sentir un aprecio genuino por ella. Podía ser divertida para pasar el rato y era una amiga atenta: le gustaba hacer sentir especiales a sus amigos regalándoles pipas de agua (shishas) traídas del Líbano. Sin embargo, en los momentos en que Hanna sentía desafiada su autoridad, me contaron otras fuentes, aparecía otra versión de ella.

Un colega le propuso a Hanna fusionar dos equipos y vio cómo su actitud se volvía altiva. «Me encontré con una Sara completamente distinta a la que conocía», me dijo el colega. Hanna afirmó que no iba a poner a mujeres al mando solo por el hecho de ser mujeres, insinuando que las conocidas posturas feministas del colega eran la motivación detrás de la propuesta. Un voluntario de Voluntad Popular contó que durante mucho tiempo consideró a Hanna su amiga y que seguía agradecido por su apoyo cuando salió del clóset. Pero cuando Hanna estaba en el trabajo, se transformaba en otra persona. «Utiliza cualquier posición de poder que tenga para dejar claro que tú no respiras el mismo aire que ella», dijo el voluntario. «Es como si ella estuviera allá arriba y tú aquí abajo, como un simple mortal. Y si tiene manera de hacértelo ver, de hacértelo sentir, lo va a hacer».

Miguel Andrés Fierro Pinto, un activista colombiano que conoció a Hanna en una conferencia internacional prodemocracia en Caracas en los años previos a las elecciones de 2012, me dijo que su impresión sobre ella era «lo mejor de lo mejor». Aquella era una época de optimismo, cuando los activistas opositores venezolanos empezaban a organizar y asistir a ese tipo de encuentros. Fierro, organizador de una movilización llamada Un Millón de Voces Contra las FARC, recuerda con cariño a los venezolanos, pero guarda una estima especial por Hanna por mantenerse en contacto e incluso comunicarse con él cuando tuvo problemas de salud. Un día, activistas de muchos lugares de América Latina, gran parte de ellos venezolanos, salieron a tomar algo después de un evento. Fierro propuso un brindis. «Dejaremos atrás estos tiempos difíciles», recuerda haber dicho. «¡Y algunas de las personas de este grupo llegarán a ser asesoras de quienes toman las decisiones, y no solo dentro de nuestros países!».

Hanna levantó su copa, según Fierro, y dijo: «¡Salud por eso!».

A medida que se acercaban las elecciones, Chávez pasó de llamarse «el comandante» a «el comandante supremo». Estaba envejecido y enfermo de cáncer, pero completamente consumido por su campaña de reelección, desembolsando miles de millones en su campaña electoral. No es que gastar esa cantidad de dinero afectara personalmente a Chávez: provenía de las arcas públicas, petrodólares que simplemente desaparecían de los libros contables del gobierno y se transformaban en carteles de campaña y pegadizos jingles.

Chávez quería ganar democráticamente, con votos. Prefería, al parecer, ser amado antes que temido. Pero Chávez también fue pionero en el uso del poder judicial para encarcelar a cualquiera que considerara una amenaza: policías de Caracas que protegieron a trabajadores petroleros en huelga, una jueza que otorgó libertad condicional a un banquero que se había ganado la animadversión de Chávez, destacados empresarios que se le oponían.

De aquellos arrestos surgió una consigna: «Opinar no es delito». Como muchos de sus compañeros activistas prodemocracia, Hanna la republicaba con frecuencia en las redes sociales.

Chávez cerró su campaña de 2012 con su extravagancia característica, bloqueando unas seis calles en el centro de Caracas para un mitin que se prolongó durante horas, incluso bajo un aguacero torrencial. Ganó las elecciones con el 55 por ciento de los votos.

Sería una de sus últimas celebraciones. El cáncer lo devoraba y el dinero del petróleo empezaba a agotarse. Cuando se hizo evidente que la crisis económica ya no podía contenerse, Chávez redujo sus apariciones públicas. A los pocos meses de su victoria electoral, anunció a un sucesor, Nicolás Maduro, antes de desaparecer durante largos períodos hasta su retiro definitivo en la primavera de 2013. El 5 de marzo de ese año falleció, ascendiendo, en la mitología de sus seguidores, al rango de comandante eterno.

Al principio, la elección del sucesor tomó por sorpresa a muchos en la oposición. Maduro había sido vicepresidente y canciller, pero era un hombre fácil de pasar por alto. Su rostro adusto —parecía un primo tropical de Iósif Stalin— no era muy conocido, y carecía por completo del carisma que atraía multitudes hacia su predecesor. También era un personaje grotesco. Durante la campaña presidencial de 2013, Maduro afirmó que el espíritu de Chávez se le había aparecido en forma de un pajarito que le silbaba. Le dio a la oposición, que volvió a respaldar a Capriles como candidato, aproximadamente diez días para montar una campaña y le negó cobertura en los medios oficiales. Las elecciones fueron condenadas posteriormente como injustas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero incluso bajo esas condiciones fabulosamente ventajosas, Maduro apenas logró ganar por un margen ínfimo. Era posible, e incluso probable en la mente de muchos, que Maduro no durara mucho en el cargo.

A principios de 2014, en medio de la escasez de alimentos, un sector de la oposición liderado por Leopoldo llamó a los venezolanos a salir a las calles para exigir la renuncia de Maduro. La apuesta se conoció como La Salida, y Leopoldo contaba con el respaldo de los líderes estudiantiles. Pronto, los presidentes de los centros de estudiantes empezaron a recibir llamadas de Sara Hanna.

Pero la generación de Hanna ya se había graduado. La camada que la reemplazó era más cautelosa. Muchos dirigentes temían dar el sello de aprobación del movimiento a una ola de protestas que inevitablemente desembocaría en violencia. Otros sostenían que eso era exactamente lo que Maduro quería que pensaran, que la inacción significaba que su represión estaba funcionando. El debate dividió a los gobiernos estudiantiles.

Hanna parecía no tener paciencia con los activistas más jóvenes. Un presidente de centro de estudiantes de una universidad de Caracas me contó que ella lo llamó repetidamente para presionarlo a apoyar La Salida. «Discrepaba con muchísima gente» dentro de la oposición, dijo. «Pero Sara era la única que actuaba en plan: “Si no estás conmigo, estás contra mí”». Cuando quedó claro que los dirigentes de algunas de las universidades más grandes de Caracas se mostraban reacios a respaldar la iniciativa, Hanna y otros miembros del movimiento invitaron a líderes estudiantiles de universidades más pequeñas de la ciudad a un retiro en un campamento de verano propiedad de una figura del movimiento. Tras convivir alrededor de la piscina, los gobiernos estudiantiles de las instituciones más pequeñas se mostraron más favorables a La Salida. En las protestas que siguieron, las autoridades mataron a más de una docena de personas, incluidos varios estudiantes universitarios, y arrestaron a miles.

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Leopoldo López y Lilian Tintori

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Leopoldo López es introducido en un vehículo blindado de la Guardia Nacional en el momentyo de su captura en Caracas

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Uno de los que terminó en prisión fue Leopoldo, quien se entregó a las autoridades durante una multitudinaria manifestación en Caracas el 18 de febrero de 2014. Existe una famosa fotografía suya del día de su arresto, con gesto estoico y camisa blanca de manga larga mientras tres agentes fuertemente armados lo introducen a empujones en un vehículo militar. Aprovechó sus últimos segundos de libertad para alzar una bandera venezolana y saludar a sus seguidores.

Unos meses después del arresto de Leopoldo, los precios del petróleo se desplomaron. Un país que se había vuelto dependiente de las importaciones de alimentos —pagadas con los petrodólares que sobraban después de que la clase oligárquica se llevara su tajada— comenzó a experimentar niveles inéditos de penuria. Fue entonces cuando las imágenes de los anaqueles vacíos de los supermercados venezolanos y las largas filas para comprar pan empezaron a ocupar las primeras planas en todo el mundo. La crisis alimentaria se transformó en una crisis de refugiados. En la década siguiente, Maduro presidió el mayor éxodo en la historia de Venezuela: alrededor de ocho millones de personas, o uno de cada cuatro habitantes.

Los venezolanos se sublevaron contra el gobierno. Pero Maduro, pronto quedó claro, tenía aún menos escrúpulos que su predecesor. La necesidad de admiración que en ocasiones parecía frenar los impulsos más autoritarios de Chávez no ejercía ninguna influencia evidente sobre Maduro, cuyo gobierno encarceló a miles de presos políticos —Chávez había encarcelado apenas a unas decenas— e introdujo formas de tortura nunca antes vistas en el país, como la asfixia con bolsas plásticas.

Los miembros de Voluntad Popular —y, de hecho, cualquiera que fuera cercano a Leopoldo— sufrieron lo peor de la represión de Maduro. Hanna huyó de Venezuela; según la mayoría de los relatos, escapó el mismo año en que Leopoldo fue arrestado. Aterrizó en Miami, ese santuario del capitalismo donde tantos exiliados venezolanos, como antes los exiliados cubanos, habían llegado a sentirse como en casa. Allí, Hanna coordinó una campaña para abogar por la liberación de Leopoldo. Era una tarea titánica: según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Leopoldo pasaba sus días en régimen de aislamiento en una decrépita prisión militar. En una ocasión declaró a la prensa que su celda no tenía electricidad y que pasaba los días en total oscuridad. En 2016, Lilian denunció haber sido desnudada y manoseada frente a sus hijos antes de visitar a su esposo. Durante otra visita, la conversación privada de la pareja fue grabada; luego fue editada en jugosos fragmentos y ridiculizada en televisión nacional por Diosdado Cabello, uno de los compinches más grandilocuentes de Maduro.

Cuanto peor trataban a Leopoldo, más importante se volvía, tanto en Venezuela como a nivel internacional, donde su detención ponía de relieve la represión en el país. Pero en una de las grabaciones de audio que el régimen hizo públicas, Leopoldo y Lilian también mostraron otra dimensión del movimiento: el martirio de Leopoldo podía monetizarse. Se escucha a ambos entusiasmarse por la cantidad de dinero que estaban recibiendo en donaciones de personas preocupadas por su bienestar. Lilian parecía segura de que un donante estaba a punto de desembolsar 1,5 millones de dólares y se jactaba de lo fácil que le había resultado convencer a una mujer para que entregara medio millón de dólares «solo para poder sentarse conmigo una tarde».

Gran parte de la marca Leopoldo fue moldeada por Hanna. Un operador que trabajó en la campaña por su liberación me contó que ella estaba a cargo de sus materiales promocionales y de las relaciones con la prensa. Diseñó una estrategia mediática que rayaba en el sensacionalismo. En 2017, por ejemplo, después de que Leopoldo llevara un tiempo fuera de las noticias, un famoso periodista llamado Leopoldo Castillo tuiteó que Leopoldo estaba siendo trasladado a un hospital porque no presentaba «signos vitales». El rumor era falso. No sería impropio de Hanna, sugirió el operador, filtrar algo por el estilo (Castillo me dijo que no recuerda cómo obtuvo esa información).

El operador también señaló que Hanna presionaba a menudo para producir videos con los que muchos en el equipo no se sentían cómodos. «La estrategia de comunicación que ella quería era toda en plan: “¿Cómo convertimos a Leopoldo en el mesías?”. Siempre era: “¡Hagamos que parezca que hay un afiche de Leopoldo en cada rancho!”».

Hanna gestionó gran parte de la recaudación de fondos para Leopoldo y Lilian, y recibía remuneración, al menos en parte, por comisión. Su apartamento de dos dormitorios y tres baños en el exclusivo barrio de Brickell, en Miami, tenía ventanales de piso a techo y vistas espectaculares de la ciudad. Quizás lo más importante que obtuvo del período en que trabajó por la libertad de Leopoldo, sin embargo, fueron los contactos profesionales. Hanna acompañó a Lilian en sus giras por el mundo para hablar sobre la difícil situación de su esposo. Fueron al Vaticano y a las Naciones Unidas. Lilian se reunió con Trump y Marco Rubio en la Casa Blanca, mientras Hanna combinaba con fría eficiencia las responsabilidades de asistente ejecutiva, secretaria de prensa y niñera. Se volvió tan cercana a la familia que fue nombrada madrina de uno de sus hijos.

Leopoldo pasó tres años en prisión, rechazando ofertas del régimen venezolano para liberarlo a cambio de su silencio. Pero él y su familia pudieron haber dilapidado parte de su superioridad moral. En 2017, un reportaje de Univision sugirió que Lilian había aceptado medio millón de dólares de Raúl Gorrín, uno de los oligarcas de Maduro (ella reconoció haberse reunido con él en Miami, pero negó haber recibido dinero suyo). El periodista salvadoreño Héctor Silva Ávalos me dijo que Hanna actuó como intermediaria, facilitando la transferencia de Gorrín a Lilian.

Más tarde ese mismo año, el gobierno venezolano sacó a Leopoldo de la prisión militar y lo puso bajo arresto domiciliario. En ocasiones saludaba a las multitudes desde su residencia familiar cercada en las faldas del cerro Ávila, en Caracas, y concedía alguna entrevista telefónica ocasional a la prensa, pero en general mantuvo un perfil bajo. Tres años después, en 2020, él y su familia huyeron a España y se establecieron en Madrid. Allí, Leopoldo se resignó a la vida de un político en el exilio: respetado, pero en última instancia impotente, un guerrero que no había podido llevar su lucha hasta el final.

La época cercana al arresto de Leopoldo y sus primeros años de encarcelamiento fue un momento en que los activistas opositores tenían fe en que, si lograban demostrar a la comunidad internacional que la situación en Venezuela era tan grave como sabían que era, seguramente algo ocurriría. «Cada testimonio y cada registro importa», escribió Hanna en un artículo de 2018 publicado por VPITV, un sitio web dirigido a los exiliados venezolanos en Miami. Debemos «alzar nuestras voces, denunciar todos los días. Esa es la clave: asegurarnos de que no quede ningún rincón del mundo donde estos abusos y amenazas queden sin denunciarse».

Sin embargo, en los años transcurridos entre el arresto de Leopoldo y su liberación, otra teoría había cobrado fuerza en la oposición venezolana: a saber, que la condena internacional carecía de dientes y que hablar de derechos humanos no era más que hipocresía. A pesar de las conmovedoras palabras del artículo de Hanna, es posible que ella también compartiera ese cinismo: con Leopoldo en libertad, decidió que era hora de dedicar su considerable talento a impulsar los objetivos políticos de otra persona.

Antes de convertirse en un héroe de la derecha, Nayib Bukele era un hombre de posturas políticas ambiguas y maleables. En ocasiones exponía ideas de izquierda. En 2012, mientras Hanna dedicaba gran parte de su tiempo y energía a la campaña contra Chávez, Bukele —entonces alcalde de la pequeña ciudad de Nuevo Cuscatlán— expresaba su deseo de que el hombre fuerte venezolano ganara las elecciones «por un amplio margen». En sus discursos, Bukele mezclaba el feminismo con la ley y el orden, el antiimperialismo con posturas protecnología y proempresariales. En 2015, Bukele ganó la alcaldía de San Salvador. «Me encantaba ir a eventos con él porque todo el mundo se le echaba encima», me dijo un exasesor de comunicaciones de Bukele. «No se sentía como la hipocresía de la vieja política, de abrazar niños y ancianos. Se sentía orgánico».

Bukele había irrumpido en un escenario político estancado. Desde el fin de la guerra civil, más de dos décadas atrás, la clase política seguía felicitándose por haber alcanzado la supuesta paz y democracia, aun cuando el país estaba invadido por las pandillas. Abundaban los escándalos de corrupción: tres expresidentes de los partidos tanto de izquierda como de derecha fueron acusados, en casos separados, de desviar decenas e incluso cientos de millones de dólares en fondos de ayuda y otros recursos públicos.

El alcalde Bukele se burlaba abiertamente de la vieja guardia por sus lugares comunes y ofrecía a los salvadoreños algo tangible: limpió el centro de la ciudad para que luciera más «turístico», como él mismo lo expresó, más aburguesado. Bukele proclamó su ambición de que el diminuto El Salvador pudiera ser un país relevante en el escenario mundial. Una nación herida por la violencia y desangrada por la emigración no pudo evitar soñar junto con él.

Pero para quienes observaban con atención, ya había señales de que a Bukele no le interesaba jugar según las reglas. Su equipo en la alcaldía fue sorprendido hackeando el sitio web de un periódico para dejar mal parada a la oposición. También incurrió en corrupción, otorgando contratos gubernamentales a sus amigos cercanos y negándose a revelar las finanzas de sus mayores proyectos. Perdió aliados en el FMLN (El Frente), el partido de izquierda que había respaldado su ascenso, después de que sus dirigentes comprendieran que no le gustaba compartir el poder. Pero las críticas de un partido tradicional no hicieron más que aumentar la popularidad de Bukele. Una candidatura presidencial era prácticamente inevitable.

No está claro en qué momento Sara Hanna conoció por primera vez a los Bukele. El Faro informó que Hanna conoció a Karim, hermano de Nayib, en Miami en septiembre de 2018, pero el exasesor de comunicaciones de campaña me dijo que Hanna y Bukele se conocieron al menos un año antes, cuando ella viajó a San Salvador como consultora política junto con otros venezolanos. Bukele estaba interesado en abrir un centro para hacer más eficiente la recaudación de impuestos, y el grupo de ella presentó una propuesta con recomendaciones basadas en su experiencia en gobiernos municipales. Un allegado de Hanna en Miami me contó que, en 2018, Hanna contactó a Bukele a través de las redes sociales.

Tal como hizo alguna vez con Leopoldo, Hanna comenzó a acercarse a la familia de Bukele. Karim, el taciturno hermano menor de Bukele, simpatizó con la igualmente reservada Hanna. Pronto empezaron a salir discretamente; se rumoreaba que eran pareja, aunque pocos los veían juntos. Los círculos de exiliados venezolanos tenían mucho de qué hablar. Sara Hanna tenía un nuevo trabajo. Sara Hanna tenía un nuevo novio. También —y en la mente de los chismosos, esto tenía que estar conectado de alguna manera— perdió una notable cantidad de peso al mismo tiempo.

Bukele llegaría a convertirse en tal sensación en la política latinoamericana que su victoria electoral en 2019 hoy parece predestinada. En aquel momento, sin embargo, parecía improbable: tras su ruptura con El Frente, ninguno de los principales partidos políticos lo apoyaría. Y aunque Bukele era popular, nadie en su equipo municipal estaba preparado para dirigir una campaña nacional; incluso Karim era una suerte de advenedizo.

Hanna acudió al rescate. Después de todo, ella y sus amigos tenían cierta experiencia en elecciones difíciles y asimétricas: los activistas que se forjaron durante el movimiento estudiantil enfrentaron seis comicios en ocho años. Elisa Totaro tenía diecisiete años cuando fue voluntaria en su primera campaña. Coordinó un operativo de testigos electorales voluntarios para contar los votos y gestionó la estrategia de comunicaciones de Bukele. «Puedes tener muchos seguidores en X y marcar muy bien en las encuestas», me dijo Totaro. «Pero si no tienes estructura, no vas a ganar».

Otro activista venezolano, Lester Toledo, había ayudado a Leopoldo a fundar Voluntad Popular. Hombre delgado y musculoso, una vez saltó de un balcón a otro para escapar de la policía secreta de Maduro. Tras pasar años exiliado en España y otros lugares, Hanna lo llamó para trabajar en El Salvador. Toledo se incorporó al equipo como consultor de campaña. En febrero de 2019, tras meses de colaboración, Bukele triunfó en la primera vuelta electoral, y un grupo de venezolanos que habían sido perseguidos por sus convicciones políticas se encontró del mismo lado que los poderosos.

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Nayib Bukele y Lester Toledo, estratega electoral venezolano

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Es fácil entender por qué alguien que ha vivido en Caracas se sentiría como en casa en San Salvador. Ambas capitales se asientan en valles bendecidos por el clima sin invierno del trópico a gran altitud. En lugar de las laderas del cerro Ávila caraqueño, los residentes de San Salvador pueden hacer senderismo entre los frondosos volcanes cercanos a la ciudad. Y con la misma facilidad con que los caraqueños pueden conducir hasta la costa del Caribe, los salvadoreños pueden ir a la playa en el Pacífico.

Tras la toma de posesión de Bukele, decenas de venezolanos llegaron a San Salvador para trabajar bajo las órdenes de Hanna. Llegaron para impulsar la infraestructura tecnológica, asesorar sobre la respuesta de Bukele a la pandemia y redactar su estrategia de seguridad nacional. Exmiembros de Voluntad Popular ayudaron a Bukele a crear desde cero un partido político, Nuevas Ideas. La administración parecía decidida a hacer las cosas de manera diferente, con metas y una velocidad que recordaban más a Silicon Valley que a un gobierno. Y muchos en este grupo de venezolanos, cansados como estaban de un régimen que equiparaba la tecnología con el mal capitalista, se sentían orgullosos de ejecutar la visión de Bukele. «Me encantaría poder hacer esto por mi país», me dijo un ingeniero venezolano que llegó para trabajar en un proyecto destinado a llevar realidad virtual a las escuelas públicas.

Durante esos primeros años de la presidencia de Bukele, Hanna no tuvo ningún cargo oficial en el gobierno. La primera vez que su nombre apareció en la prensa salvadoreña fue en junio de 2020, en un memorando filtrado con el sello del Ministerio de Salud. En él, un funcionario afirmaba transmitir instrucciones de Sara Hanna y de un veterinario venezolano, describiéndolos como «delegados» de la Casa Presidencial. Solicitaban al subdirector del Instituto Nacional de Salud que destruyera 1.674 muestras de pruebas de COVID. Los medios opositores salvadoreños interpretaron el memorando como prueba de que el gobierno estaba manipulando las estadísticas de COVID para que su respuesta a la pandemia pareciera más impresionante (el gobierno negó esta interpretación). Pero sus firmas planteaban otra pregunta: ¿por qué una odontóloga y un veterinario venezolanos les decían a los funcionarios médicos salvadoreños qué hacer?

Douglas Farah, un investigador que fue consultor del Pentágono durante más de una década, empezó a oír hablar de Hanna a través de sus colegas en la embajada de Estados Unidos en El Salvador. Al parecer, ella era una presencia dominante en reuniones de alto nivel. Farah se dio cuenta de que había escuchado el nombre de Hanna anteriormente, por los rumores de que había sido la intermediaria de Lilian Tintori con Raúl Gorrín. En aquel momento, el Pentágono estaba interesado en mapear las organizaciones criminales transnacionales en América Latina. Farah decidió que valía la pena investigar a Hanna. Pronto, sin embargo, se enteró de que Hanna era residente permanente legal en Estados Unidos, lo que significaba que el Pentágono no tenía jurisdicción para investigarla.

La siguiente vez que se topó con Hanna fue por casualidad, mientras colaboraba con el FBI en un caso de lavado de dinero contra un excomandante guerrillero salvadoreño llamado José Luis Merino. Merino es un hombre al que pocos se atreverían a provocar. Ascendió en las filas de la guerrilla comunista durante la guerra civil de El Salvador e incluso secuestró a la hija del presidente en 1985. Más recientemente, cultivó vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y con el régimen de Maduro en Venezuela. Fue un importante donante de la campaña presidencial de Bukele. Según una de las fuentes de Farah en el gobierno salvadoreño, Hanna estuvo presente en una reunión entre Bukele y Merino. Hanna insultó a Merino, llamándolo «viejo estúpido» o palabras por el estilo. Según la fuente de Farah, Bukele no salió en defensa de Merino. Hanna se había vuelto, a juicio de Farah, casi intocable. «Cualquiera que enfrente a Merino y no sufra consecuencias debe tener verdadero poder», me dijo Farah (Merino no respondió a las solicitudes de comentarios).

Al principio de su presidencia, Bukele tenía tendencia a desaparecer. Rara vez se le veía y, cuando estaba presente, era prácticamente imposible conseguir una reunión con él antes del mediodía. Una vez viajó a Guatemala para una conferencia importante. Cuando le tocó hablar en público, un ministro ocupó su lugar a último minuto, dejando el motivo de la ausencia de Bukele librado a las conjeturas. De joven, Bukele supuestamente había sido muy fiestero. Un club nocturno del que fue dueño tenía fama de vender drogas y alcohol a menores. El rumor en el palacio presidencial —un rumor que escuché de forma independiente de dos excolaboradores de Bukele y del hermano de otro— era que nunca había abandonado sus hábitos de fiesta desenfrenada (la administración Bukele no respondió a mis solicitudes de comentarios ni a las de los verificadores de datos).

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Karim y Nayib Bukele

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La fuente de Farah le contó que Hanna y Karim suplían a Bukele cuando no estaba, comparando al gobierno con un triunvirato. Hanna y Karim solían presionar para que Bukele adoptara una línea más dura al perseguir a sus enemigos de la que habría tomado por sí solo, indicó la fuente.

Otra persona —a quien llamaré Nacho— comprendió cuánto poder tenía Hanna solo cuando la vio trabajar. Nacho ayudó a construir una infraestructura digital para pagos con criptomonedas llamada Chivo Wallet. El software debía estar listo, por órdenes de Bukele, a tiempo para la ley Bitcoin que entraría en vigor en septiembre de 2021. Hanna era una jefa exigente y a veces desagradable —gritaba con frecuencia a su equipo, dijo Nacho—. Pero también era extraordinariamente eficaz. «Tenía mucho poder», me dijo Nacho. «Podía resolver cualquier problema. Llamaba a ministros y jefes de Estado: “Hola, presidente, soy Sara Hanna, llamo de parte de Bukele”». Una vez, relató Nacho, la vio llamar directamente a Trump.

Nacho respetaba el empuje de Hanna y le resultaba evidente que Bukele la valoraba. En una ocasión, escuchó por casualidad a un colaborador que visitaba a Bukele bromear diciendo que el presidente de Argentina, Javier Milei, tal vez querría pedir prestados a Hanna y a su equipo de venezolanos. Bukele dejó claro, con una mirada severa, que esa broma no era bienvenida. En otro momento, mientras trabajaba con su equipo, recordó Nacho, Hanna habló de los cambios políticos que llevaría a cabo: «Cuando regrese a Venezuela…». Al principio, Nacho lo descartó como una broma, pero cuanto más lo pensaba, más se convencía de que ella y los demás venezolanos de su órbita hablaban en serio sobre sus intenciones de gobernar Venezuela algún día. Quizás veían a El Salvador como un laboratorio para sus ideas. Y al observar cuán competente y eficiente podía ser Hanna, Nacho pensó que tal vez eso sería algo bueno: «Si dependiera de mí, Sara sería presidenta de Venezuela. La haces presidenta y en dos años Venezuela es Dubái».

En junio de 2021, El Faro publicó un reportaje sobre Hanna y otros venezolanos que se habían vuelto cercanos a Bukele. Hanna llevaba las riendas, concluyeron los periodistas. El artículo citaba a un ministro anónimo que se quejaba de que quien en la política salvadoreña no tuviera comunicación directa con Bukele estaba «jodido, porque mandan los venezolanos».

Esa fue la primera vez en la vida de Hanna que experimentó el resplandor de los focos mediáticos. Por costumbre, era una operadora reservada y rechazó todas las solicitudes de comentarios, aunque hizo una excepción, en respuesta a una publicación en Twitter de un cartel que decía: «EL PUEBLO NO VOTÓ POR LA VENEZONALA SARA HANNA».

«Es VENEZOLANA», escribió Hanna.

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Los venezolanos que trabajaban en El Salvador estaban bien pagados, me contaron algunos de ellos. Aunque las jornadas podían ser largas, sentían que tenían buenos empleos.

Pero al inicio de su presidencia, Bukele les dio a aquellos venezolanos que alguna vez se habían considerado activistas prodemocracia motivos para sentirse incómodos. En febrero de 2020, pocos meses después de asumir el cargo, Bukele ordenó a soldados armados irrumpir en una sesión de la Asamblea Legislativa, controlada por diputados reacios a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares que había solicitado. Al año siguiente, el gobierno de Bukele destituyó al fiscal general y a cinco magistrados de la corte más alta del país.

«Mi trabajo era muy técnico», me dijo un consultor que trabajó en la respuesta a la pandemia. «No era moralmente reprobable. Pero cuando veía el panorama general de lo que hacía el gobierno en su conjunto, me sentía muy incómodo». Danilo Mejías, un abogado y académico venezolano que llegó para ayudar a Bukele a redactar los estatutos de su nuevo partido, me contó que quedó «maravillado» con el presidente la primera vez que lo conoció. Luego Mejías escuchó las noticias de febrero de 2020. «Si soy honesto, eso sí causó cierto asombro. Se dice que somos demócratas, y de repente tomamos el Parlamento, y lo tomamos por las armas. Algunos nos quedamos con esa duda. Pero no lo hicimos público».

Mejías, de cabello blanco y gafas, me dio la impresión de que le molestaba trabajar junto a personas mucho más jóvenes que, a su juicio, carecían de talentos o credenciales demostrables («empezando por esa mujer», dijo). Mejías trataba a menudo directamente con Bukele y tuvo la impresión de que a Hanna no le gustaba quedar relegada. En una ocasión, Bukele ofreció una fiesta en honor a Mejías. «Sus caras…», dijo sobre Hanna y su equipo en la fiesta. «Si las miradas envenenaran, estaría muerto». Aun así, cuando el pasaporte venezolano de Mejías estaba a punto de expirar, pensó que podía contar con la ayuda de sus compatriotas exiliados. Mejías había trabajado para Voluntad Popular: si se veía obligado a regresar a Venezuela, corría el riesgo de ir a prisión. Pero Lester Toledo conocía su situación, me dijo Mejías, y aun así las autoridades salvadoreñas se presentaron en su casa para exigirle que abandonara el país. Al aterrizar en Caracas, Mejías fue llevado a El Helicoide, una infame prisión, y torturado durante más de un mes.

Las noticias sobre las maniobras autoritarias de Bukele generaron condena en los círculos diplomáticos. En 2021, la Organización de los Estados Americanos envió a Santiago Canton, un abogado argentino de derechos humanos, para redactar un informe sobre el historial democrático de Bukele. No era probable que resultara halagador. Hanna había conocido a Canton en Buenos Aires durante un viaje con Lilian para intentar conseguir apoyo para Leopoldo. Se comunicó con él ahora en lo que Canton interpretó como un intento de control de daños.

«¿Estás en El Salvador?», le escribió Hanna por mensaje de texto a Canton, acompañando la frase con un emoji de sorpresa. «Me acabo de enterar de que estás dirigiendo una reunión. ¡No lo puedo creer! Yo vivo aquí».

«Mañana te llamo si puedes», escribió, enviando una ráfaga de mensajes.

«Hola. ¿Cómo estás?».

«¿Tienes un espacio de 30 minutos para tomar un café? Puedo ir a donde estés».

«Hola. ¿Cómo estás? ¿Podemos tomarnos un café antes de que te vayas?».

Y después de que Canton se marchara: «¿Cómo te fue? ¿Podemos hacer un Zoom mañana?».

Canton escribió en su informe que la misión estaba preocupada por ciertas acciones de Bukele que socavaban «el Estado de derecho y la democracia salvadoreña». A lo largo de su carrera, me dijo Canton, ha conocido a muchas personas que no están a la altura de sus valores. «Pero el caso de Sara es demasiado evidente», afirmó. Le recordaba aquella célebre frase de Groucho Marx: «Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros». Canton y Hanna nunca volvieron a hablar, y ella jamás comentó públicamente las conclusiones del informe. Tampoco abordó nunca los crecientes comentarios de que Bukele se estaba convirtiendo en un autoritario. Pero en privado, Hanna ha dejado claro que no se arrepiente de nada. En un mensaje de texto enviado a un compatriota venezolano, defendió la invasión armada al Parlamento, diciendo que eso era precisamente lo que desearía que la oposición venezolana hubiera tenido «las bolas» de hacer.

Entre los muchos asuntos que Bukele confió a la gestión de Hanna figuraban las relaciones con Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses, poco familiarizados con el funcionamiento del triunvirato, se vieron tomados por sorpresa cuando Hanna, y no el embajador ni el canciller, llamaba a asesores del Congreso para decir que Bukele no estaba satisfecho con determinada declaración hecha por un senador. O cuando Hanna, y no el presidente del Banco Central de Reserva, viajaba a Washington para negociar los términos de préstamos respaldados por Estados Unidos con bancos internacionales de desarrollo.

Con Trump en la Casa Blanca, manejar las relaciones con Estados Unidos era bastante sencillo. Hanna conservaba los números telefónicos de republicanos y diplomáticos que habían hecho lobby por Leopoldo, e incluso contrató a uno de ellos para hacer lobby a favor de El Salvador. Bukele se reunió con Trump en la Casa Blanca y, de repente, su política vagamente izquierdista comenzó a virar hacia la derecha. Aunque no todos en el gobierno estadounidense sentían simpatía por Bukele —un grupo de trabajo con funcionarios de múltiples agencias empezaba a destapar el largo historial de pactos del presidente con las pandillas—, el cuerpo diplomático estadounidense en el país estuvo, durante un tiempo, firmemente de su lado. En 2019, Trump nombró embajador a Ronald Johnson, quien se hizo amigo de Bukele y, según una investigación de ProPublica, despidió a un contratista que reunía pruebas de las negociaciones de Bukele con líderes pandilleros.

Luego Trump perdió las elecciones de 2020 e intentó revertir los resultados alentando a una turba armada a asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021. La Casa Blanca de Biden no vio con buenos ojos a Bukele, cuya propia turba armada del año anterior ahora resultaba inquietantemente familiar. La administración dejó expirar el mandato de Johnson y Biden nombró a Jean Manes como encargada de negocios interina. Para Manes, era algo personal. Como embajadora en El Salvador, cargo que ocupó antes de Johnson, había avalado a Bukele, organizando que pronunciara un discurso en la prestigiosa Fundación Heritage en Washington D. C. Ahora, Manes procedió a aislar diplomáticamente a El Salvador. Anunció una pausa en las relaciones bilaterales, respaldó sanciones contra colaboradores de Bukele y desvió la ayuda estadounidense fuera de las agencias gubernamentales salvadoreñas. Inevitablemente, Manes y Hanna tuvieron ocasión de reunirse. Según reportajes del periodista Héctor Silva, sus personalidades chocaban con frecuencia. En septiembre de 2021, los magistrados leales a Bukele en la Corte Suprema votaron para permitir que el presidente fuera elegido por más de un período consecutivo, algo que la constitución prohíbe. Manes convocó una rueda de prensa en la embajada para expresar su desaprobación. Allí pronunció unas palabras que fueron lo más cercano a una pulla directa contra Hanna y su equipo que un diplomático puede permitirse en un discurso público: «Por un momento, muchos venezolanos creyeron que vivían en una democracia», dijo Manes. «Sabemos adónde conduce este camino y no lo queremos para El Salvador».

Manes dejó el cargo, y el país, poco después, cortando de hecho el canal diplomático de El Salvador con Estados Unidos.

Durante un fin de semana de marzo de 2022, las dos mayores pandillas de El Salvador, la MS-13 y Barrio 18, asesinaron a decenas de personas en una matanza que anunció, tras meses de inactividad, que las pandillas seguían allí. Bukele no perdió tiempo. Ese mismo domingo declaró al país bajo régimen de excepción: una política que a la postre podría calificarse de inconstitucional, al prorrogarse más allá de sus límites legales; injusta, al conducir al arresto de decenas de miles de personas inocentes; y eficaz, al reducir la violencia pandillera de forma drástica e inmediata. El pueblo salvadoreño obtuvo por fin un respiro del derramamiento de sangre. Y Bukele pasó a ser venerado.

Pero, como revelarían más tarde investigaciones de El Faro, la violencia había cesado porque Bukele había negociado un pacto con las pandillas, otorgándoles beneficios en el sistema judicial a cambio de mantener un perfil bajo y de ayudarlo a ganar las elecciones parlamentarias el año anterior. La masacre de aquel fin de semana fue la forma en que las pandillas exigieron mejores condiciones. Y aunque el régimen de excepción encarceló a miles de pandilleros, los de sus altas esferas quedaron exentos: en una grabación de audio publicada por El Faro, uno de los confidentes más cercanos de Bukele admite haber llevado personalmente en auto a un líder de la MS-13 hasta la frontera con Guatemala para que pudiera escapar.

Fue por esta época cuando Luis Alexander Rivas fue arrestado en Playa Dorada por tomarle una foto a Karim. La embajada de Estados Unidos condenó el arresto, así como muchos otros que vendrían después. Pero con el tiempo, la Casa Blanca de Biden reconsideró su enfoque. «Creo que hubo un reconocimiento de que, mira, este tipo es popular», me dijo un exfuncionario del Departamento de Estado. «Mantener una guerra pública de declaraciones con él sobre estos temas —sobre el régimen de excepción, sobre el debido proceso— no nos va a dar los resultados que queremos».

Para mediados de 2023, un nuevo embajador se había instalado en el país. Se reanudaron las relaciones bilaterales y volvieron las conversaciones sobre préstamos y subvenciones. Manes hacía tiempo que se había marchado, pendiente de confirmación para convertirse en embajadora en Colombia. E incluso si algunos en la Casa Blanca mantenían reservas sobre Bukele, Hanna contaba con un poderoso amigo en Washington. Rubio, antaño paladín de Leopoldo, se deshacía ahora en elogios hacia Bukele e incluso viajó a El Salvador para reunirse con él. Aunque poco antes había ensalzado a Manes como una «firme defensora de la democracia», Rubio anunció entonces que se opondría a su nominación como embajadora en Colombia. Manes trabaja ahora en el sector privado (Rubio no respondió a múltiples solicitudes de comentarios).

De vez en cuando, durante los años de Biden, Hanna se enfrentaba a los reproches de funcionarios estadounidenses sobre los derechos humanos y la democracia. Durante la pandemia, un diplomático estadounidense se reunió con Bukele y Hanna, y expresó su preocupación de que El Salvador estuviera siguiendo los pasos de Chávez en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua. «Eso es imposible», replicó Hanna tajante, según el diplomático. «Porque nosotros somos una fuerza contra los sandinistas en Nicaragua y los chavistas en Venezuela». Hanna se mostró cordial durante toda la reunión, pero no hizo concesiones. Habló de Bukele como alguien que tenía un Proyecto —con P mayúscula— para el país y, sin articular en qué consistía dicho proyecto, expresó orgullo por poder ayudarlo a hacerlo realidad. «El gobierno no había hecho nada malo», dijo el diplomático resumiendo la línea argumental de Hanna. «Todo lo que hacía era por lo que ella llamaba el Proyecto».

En otra reunión, otro funcionario estadounidense pudo presenciar la reacción de Hanna cuando un colega planteó el tema de los encarcelamientos extrajudiciales bajo el régimen de excepción. «Su rostro suele ser muy sereno, así que es bastante difícil de leer», me contó el funcionario. «Y no fue grosera ni nada, pero su cara adoptó una “expresión de piedra”. Quizás así es como lo describiría. Y cerró esa parte de la conversación muy rápidamente. No se anda con juegos».

Algunos conocidos venezolanos de Hanna también sentían curiosidad por saber qué opinaba sobre el régimen de excepción. Gustavo Tovar Arroyo, amigo y mentor de toda la vida, recordó haber mencionado lo que había oído sobre el trato a las personas dentro de las prisiones durante un viaje a El Salvador hace algunos años. Hanna le aseguró que esos presos merecían su destino y sugirió que la oposición quizá tendría que hacer algún día lo mismo en Venezuela. «Recuerdo con absoluta claridad cuando Sara me dijo: “Gustavo, ¿qué crees que vamos a hacer el día después de que finalmente saquemos a Maduro del poder?”».

En 2024, Bukele ganó su campaña de reelección. Una delegación estadounidense de alto nivel asistió a la toma de posesión en junio, y altos funcionarios de la administración felicitaron a Bukele por ganar precisamente la elección que Manes había advertido que sería inconstitucional. Si alguien en la Casa Blanca aún tenía reservas sobre Bukele, esas personas pronto se quedaron sin empleo. Para enero de 2025, Trump volvía a ser presidente y Rubio era secretario de Estado. En marzo, cuando más de doscientos venezolanos llegaron a San Salvador procedentes de Estados Unidos, no venían a trabajar al palacio presidencial. Utilizando poco más que tatuajes como prueba, la administración Trump los había etiquetado como pandilleros y los había deportado a una gigantesca prisión conocida como CECOT (en una publicación de abril de 2025 en Truth Social, Trump escribió: «El presidente Bukele ha aceptado amablemente bajo la custodia de su nación a algunos de los enemigos extranjeros más violentos del mundo y, en particular, de Estados Unidos. Estos bárbaros se encuentran ahora bajo la custodia exclusiva de El Salvador, una nación orgullosa y soberana, y su futuro depende del presidente B y de su gobierno»).

Hanna dirigió la construcción del CECOT —que se completó, con su eficiencia característica, en menos de diez meses— e invitó a algunos de sus amigos a verlo cuando estuvo terminado, según una persona cercana a ella. Parecía orgullosa de la obra. Cuando un miembro de una organización internacional mencionó el CECOT en una reunión, Hanna le ofreció amablemente organizar una visita guiada cuando quisiera, me contó un asistente. El CECOT era pieza central en los esfuerzos propagandísticos de Bukele. Se organizaban «safaris de prensa» para que los fotógrafos pudieran mostrar al mundo cómo Bukele había sometido a las pandillas. Ahora el CECOT estaba en el centro de atención internacional.

Para celebrar el acuerdo, el presidente Trump recibió a Bukele, a Hanna y a otros en el Despacho Oval en abril de 2025. La cabeza de Hanna sobresalía por encima del resto de los invitados, y lucía segura de sí misma con un conjunto en blanco y negro, ceñido con un cinturón Chanel. Se tomó una foto con Trump para su Instagram. En la imagen se la ve radiante. Sus seguidores comentaron «orgullo» y «hermosa».

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Sara Hanna en el Oval Office de la Casa Blanca. abril 2025

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En un viaje organizado por Cristosal, una organización salvadoreña de derechos humanos, familiares de los venezolanos deportados viajaron a El Salvador para suplicar por la liberación de sus seres queridos. Ninguno de los venezolanos que trabajaban en altos cargos del gobierno en El Salvador reconoció públicamente la llegada de los familiares, quienes fueron interrogados durante horas en el aeropuerto y a los que se les negaron las visitas a la prisión. Ruth López, abogada de Cristosal, presentó recursos de habeas corpus a favor de los deportados, los cuales fueron ignorados por el gobierno salvadoreño antes de encarcelar a la propia López. Poco después del encarcelamiento de López, Cristosal anunció el cierre de su oficina en San Salvador.

Los deportados permanecieron recluidos en el CECOT y fueron torturados durante 125 días. La administración Trump, bombardeada con demandas judiciales, parece haber decidido que aquella maniobra no valía las complicaciones y negoció con el gobierno de Venezuela la liberación de los migrantes a cambio de prisioneros retenidos allí. Ninguno de estos venezolanos, confirmaron informes de prensa, era en realidad pandillero. Casi ninguno había sido condenado por un delito violento.

Hanna, que seguía sin tener un cargo oficial en el gobierno de Bukele, se sentía cada vez más cómoda mostrando su rostro en público. Allí estaba junto a Bukele, visitando a Elon Musk en Texas. Allí estaba, encabezando una cumbre empresarial internacional en el palacio presidencial. «No ha sido fácil», dijo, hablando en nombre del gobierno salvadoreño. «Pero hemos estado intentando hacer más eficiente el sector público». Los ministerios de Educación y Salud en particular, añadió, estaban «llenos de grasa».

Sin embargo, a medida que Hanna se volvía más visible, su mundo se tornaba más misterioso. Nadie que trabaje actualmente con ella aceptó mis solicitudes de entrevista. Parece que ella y Karim rompieron porque, el año pasado, él hizo pública una nueva relación. También parece que ella se ha mantenido muy activa con su teléfono. Un miembro del equipo de ventas de un medio de comunicación crítico con Bukele me contó que los clientes dejaron de comprar publicidad, diciendo que Hanna los había amenazado si seguían haciéndolo. Un empresario adinerado me dijo que Hanna le pidió que anunciara su negocio únicamente en ciertos portales de noticias afines al gobierno. Una vez le envió mensajes con tanta insistencia, relató, que su esposa empezó a molestarse.

Cuando visité San Salvador a principios de este año, el centro de la ciudad pulsaba de vida. Era todo lo que Bukele había soñado como alcalde: calles limpias sin vendedores ambulantes, una biblioteca gigante con aire acondicionado, un Starbucks recién renovado que acepta Bitcoin como forma de pago. Los salvadoreños ya no tienen que preocuparse por las pandillas al caminar por la ciudad, pero quienes critican al gobierno lo hacen solo en susurros, temerosos de terminar en prisión indefinidamente y sin debido proceso. El empresario adinerado dijo que la economía gozaba de buena salud, pero que temía que Hanna se enterara de que había hablado conmigo. Al igual que otras personas con las que me reuní, apagó su teléfono antes de nuestra conversación y me pidió que hiciera lo mismo. El gobierno, explicó, utiliza rutinariamente Pegasus, el programa espía israelí, para intervenir los teléfonos de los opositores de Bukele.

Cuando visité Playa Dorada, el cielo nublado, las aguas oscuras y las arenas grises me hicieron sentir como dentro de una fotografía en blanco y negro. Era un día entre semana y había poca gente en la playa, solo algunos cuidadores ociosos de los ranchos a lo largo de la orilla. Pocos llevaban trabajando allí el tiempo suficiente para recordar el encarcelamiento de Luis Alexander Rivas cuatro años atrás, y quienes lo recordaban no habían seguido el curso de su caso. Algunos se sorprendieron cuando les dije que seguía en prisión.

Los familiares de Rivas me contaron que solo uno de ellos ha conseguido una visita en los últimos cuatro años, y únicamente sobornando a los guardias. Sienten miedo cuando escuchan informes sobre muertes y torturas bajo custodia en la prisión conocida como Granja Penitenciaria de Santa Ana. Allí es donde creen que está recluido o, en todo caso, allí estaba la última vez que su abogado logró rastrear su paradero.

La hija de Rivas es ahora una adolescente y vive en España. No lo ha visto en cuatro años. La última vez que alcanzó a verlo fue apenas unos días después de su arresto, cuando estaba detenido en una cárcel de San Salvador. La familia se enteró de en qué cárcel estaba y cuál era exactamente la ventana de su celda. Se reunieron afuera y, cuando Rivas se asomó por la ventana, le dijo a su hija que mirara la luna tan a menudo como pudiera. Él también la estaría mirando.

Pocos venezolanos del movimiento opositor han condenado públicamente la labor de sus amigos en El Salvador. Leopoldo, quien fundó una organización llamada Congreso Mundial de la Libertad para «defender los derechos humanos, la libertad y la democracia», habla con frecuencia de la tríada de dictaduras en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero casi nunca menciona a El Salvador. En una de sus pocas declaraciones públicas sobre Bukele, en 2021, Leopoldo dijo únicamente que no estaba de acuerdo con todo lo que ocurría en El Salvador, y añadió que el trabajo de los venezolanos allí era independiente de Voluntad Popular.

En privado, dicen los interlocutores de Leopoldo, es más comunicativo. Durante un desayuno en los años de Biden con Thomas Shannon, un diplomático estadounidense al que Hanna contrató para trabajar como lobista para El Salvador, Leopoldo dejó entrever que tenía reservas sobre Bukele. «Si llegaras a ser presidente, tendrías que hacer lo que ha hecho Bukele», recuerda Shannon haberle dicho a Leopoldo, quien entonces «levantó los brazos en señal de protesta y dijo: “Oh, no, no, yo soy un demócrata comprometido”».

Parte de la razón por la que pocos amigos y conocidos de Hanna han alzado la voz probablemente tenga que ver con el temor a represalias. Pero muchos de los amigos de Hanna aprueban a Bukele. Tovar me dijo que ha luchado por los derechos humanos toda su vida, que «impartía talleres sobre derechos humanos cuando nadie más hablaba de derechos humanos». Pero tras viajar a El Salvador para visitar a Hanna y a otros venezolanos, llegó a la conclusión de que los grupos internacionales de derechos humanos que criticaban a Bukele estaban desconectados de la realidad de vivir bajo el yugo de las pandillas. «Obviamente, si estás en Ciudad de México, o en Washington, o en Bruselas, o en Nueva York, o en la ONU, es fácil condenar lo que está pasando», dijo Tovar. «Pero están condenando políticas de Estado que una nación entera ha aceptado». Y añadió: «Prefiero prestar atención a los gritos de desesperación de un pueblo que sufre que atender los gritos de la pequeña burguesía en Washington».

En la década de 2000, el movimiento estudiantil venezolano se unió para combatir los intentos de Chávez de eliminar los límites a la reelección presidencial. Elisa Totaro, estratega de comunicaciones de Bukele durante su primera campaña presidencial, me dijo que no sentía que pudiera opinar sobre si la reelección de Bukele violó la ley porque no era experta constitucionalista. Lester Toledo, quien saltó de un balcón para escapar de la policía de Maduro, me dijo que tenía una opinión al respecto, pero que no la había hecho pública.

Durante un almuerzo en un restaurante de carnes en Houston, Toledo estaba lleno de anécdotas sobre Bukele: la vez que llegó a la oficina para agradecer y tomarse fotos con el equipo de Toledo justo después de una elección, la vez que intentó que Toledo se relajara rompiendo el cronograma de campaña codificado por colores que preparaba con ansiedad. En otra ocasión, Toledo quedó varado en Colombia en Nochebuena, con su esposa y sus hijos, preocupado por no llegar a una cena familiar. Bukele hizo algunas llamadas y se aseguró de que el aeropuerto permaneciera abierto para que pudiera llegar en un jet privado. El presidente «movió cielo, tierra, aeropuerto, todo», me contó Toledo, incrédulo ante lo que pueden lograr quienes tienen amigos poderosos.

Saqué a colación el caso de Mejías, quien fue torturado tras ser devuelto a Venezuela desde El Salvador, y vi cómo la expresión de Toledo se ensombrecía. Insistió en que Mejías quería quedarse más tiempo del debido. «No iba a llamar al Presidente de la República para pedirle una extensión de visa solo porque un amiguito mío se quiere quedar», dijo Toledo. «¡Esto no es Venezuela!».

Durante el mandato de Bukele, periodistas, especialmente quienes trabajan en El Faro, se han visto obligados al exilio y han sido blanco de represión por parte del gobierno salvadoreño. «Nunca justificaría la persecución a un periodista», me dijo Toledo. Pero titubeó cuando mencioné acusaciones concretas: estaba dispuesto a condenar las acciones de Bukele, pero solo de manera hipotética. «Nunca justificaría una detención arbitraria», afirmó cuando mencioné el encarcelamiento de la activista de derechos humanos Ruth López en 2025. Toledo insistió en que no conocía los detalles del caso de López y que debía volver a contactarlo cuando hubiera investigado más al respecto. Si consideraba que efectivamente se trataba de una detención arbitraria, la criticaría «sin tapujos». Cuando intenté comunicarme con él posteriormente, nunca respondió.

En un soleado día de primavera a principios de este año, esperé a Hanna frente a la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington D. C., donde me habían informado que tenía una reunión a las 6 p. m. Salió de un automóvil a las 5:55 acompañada de una comitiva. Se veía delgada bajo su blazer oscuro, sus pómulos acentuaban la seriedad de su expresión, y pareció desconcertada cuando me acerqué a ella, como si no pudiera entender por qué alguien se interponía en su camino. Cuando me presenté, me saludó cordialmente —«Hola, Gisela»—, pero no disminuyó el paso. Cuando le pregunté si me concedería una entrevista en algún momento en el futuro, respondió: «No lo creo. Gracias». Repetí la pregunta a su salida y repitió la respuesta. Esta vez no me miró, simplemente fijó la vista en el automóvil negro que la esperaba.

Esa es la única vez que he visto a Sara Hanna en persona. Después de meses de hablar con gente sobre ella, caí en la cuenta de que sigo sin saber prácticamente nada sobre cómo es realmente. En San Salvador intenté reconstruir cómo sería un día en su vida. Fui a ver un edificio donde ha vivido (y quizá aún viva): es una torre con piscina, gimnasio y otras comodidades de lujo, no muy distinta a su apartamento en Miami. Los vecinos de Hanna se han quejado de que sus guardaespaldas suelen bloquear el vestíbulo y la entrada, esperándola afuera del ascensor y manteniendo abiertas tanto la puerta del edificio como la del automóvil para que salga lo más rápido posible.

Su trayecto al trabajo no dura más de diez minutos a través del arbolado barrio de San Benito. Su oficina está junto al palacio presidencial, en un almacén engañosamente rotulado como Hospital El Salvador —fue acondicionado como una extensión del hospital durante la pandemia y luego Hanna continuó usándolo como su centro de operaciones—. Quienes han estado adentro lo describen como una especie de sala VIP de aeropuerto, con cómodos sillones y lujosos aperitivos. No me permitieron entrar cuando fui, y estoy bastante segura de que un agente de policía me siguió un par de cuadras después de que me marché.

Cuando empecé a trabajar en este artículo, pensé que sería una historia sobre la transformación ideológica de Sara Hanna. Muchos venezolanos que conozco y quiero han emergido de su experiencia con una dictadura de izquierda con la conclusión de que el problema no era que fuera una dictadura, en realidad no, sino que fuera de izquierda.

Pero no creo que eso sea lo que le ocurrió a Hanna. No es que sus tempranos principios democráticos nunca hubieran existido; más bien, resultó conveniente archivarlos.

Hanna cena con regularidad en Brutto, un restaurante de alta gama en un centro comercial cerca de su casa en San Salvador. Una entrada independiente a nivel de calle garantiza que los comensales interactúen lo menos posible con el mundo exterior; luego un ascensor sube por encima de San Salvador hasta una azotea con ventanales de cristal. El menú no es italiano, como sugeriría el nombre del lugar, sino cosmopolita: sushi, ceviche, rollo de langosta, dumplings de osobuco, paella, hamburguesa TriBeCa (sea lo que sea eso), churros. Uno de los platos favoritos de Hanna, según un mesero, es el carpaccio de pulpo.

El mesero me contó que Hanna suele pedir muchos platos, prueba un pequeño bocado de cada uno antes de invitar al resto de la mesa a servirse y luego lo paga todo. Recordé haber escuchado exactamente la misma historia de María, la activista que conoció a Hanna cuando tenía veintipocos años.

Sara Hanna, comprendí, ha sido siempre la misma persona. La niña pequeña que respondía con desparpajo a los adultos en las reuniones familiares en Güigüe sabía qué decir con la misma soltura cuando era una operadora política que acallaba a diplomáticos estadounidenses preocupados por los derechos humanos.

Como activista estudiantil en Venezuela, Hanna tuiteó repetidamente: «Opinar no es delito». Antes de que tantos venezolanos que habían formado parte del movimiento opositor empezaran a trabajar para el gobierno que encarceló a Rivas, hubo un tiempo en que todos podían estar de acuerdo en eso.

por Gisela SALIM-PEYER / 17 de noviembre de 2026

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THE ORIGINAL VERSION IN ENGLISH

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THE ADVISER

Sara Hanna fought Hugo Chávez’s repression in Caracas. Now, she helps run Nayib Bukele’s iron-fisted regime in El Salvador.

Her live has taken her from Lebanon to Venezuela to Miami to El Salvador.

“I think she always had this power thirst, this need to be socially recognized, to be part of an elite,” Lorent Saleh, a Venezuelan opposition activist said.

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by Gisela SALIM-PEYER / November 17, 2026 / Now Voyager Magazine

Gisela SALIM-PEYER

INNOCENT PEOPLE were bound to end up in prison. This was regrettable, officials conceded, but it was inevitable. Gangs had terrorized the tiny Central American nation of El Salvador for too long, and the country’s president, Nayib Bukele, had decided to take action once and for all. In March 2022, after a gruesome display of gang violence over the course of one weekend, he declared the country to be under a “state of exception,” empowering authorities to lock up anyone suspected of gang affiliation with little to no due process. Bukele won praise around the world—notably from powerful Republicans in the United States, like then-senator Marco Rubio. When reports emerged that common folks were getting swept up in the waves of arrests, Bukele shrugged them off. No justice system in the world, he said, could be perfect.

For a while, it was possible to argue that the undeserved punishments were honest mistakes, made under enormous pressure, by authorities set on freeing the people of El Salvador from the scourge of gangs. It was possible, in other words, to give Bukele and his advisers the benefit of the doubt.

But soon, the imprisonments acquired an unmistakable political hue. Less than half a year into the state of exception, the Salvadoran government deployed the weight of its antigang apparatus to imprison a man named Luis Alexander Rivas for taking a photo of the president’s brother, then posting it online.

It was a hot and humid Sunday in August 2022. Rivas, an engineer and social worker based in San Salvador, had taken his ten-year-old daughter to the beach. Nestled in a natural reserve on El Salvador’s Pacific coast, Playa Dorada is a haven for sea turtles, tropical birds, and well-off Salvadorans looking for privacy or an escape from the politics of the nation’s capital. There are few restaurants or hotels; the shore is lined mostly by beachfront villas, or ranchos, hidden behind palm trees. Several families were in one of the villas celebrating the birthday of a friend of Rivas’s daughter. A section of the beach had been closed off, and uniformed bodyguards roamed around. When Rivas and the other guests saw bearded men with a resemblance to the president, they surmised they were members of the Bukele family, and joked that holidaying in proximity to them made them feel important.

Rivas recognized one of Bukele’s brothers, Karim. He was accompanied by a tall, pale woman with dark hair and dark eyes. From the rancho, the guests figured the woman must be Karim’s girlfriend, but paid the couple little mind. Only Rivas was interested in politics: Though even his closest friends weren’t aware of it, he regularly criticized the government on a Twitter account known as El Comisionado. He was suspicious of the state of exception that had made Bukele so popular, and resented that Karim was strolling around with bodyguards paid for with taxpayer money. Rivas snapped a picture of the couple.

Sometime later that morning, a tweet by El Comisionado appeared online: “Quite the security detail Karim, his girlfriend, his mother, and Bukele’s other brother are going around with.” It showed a picture of the beach populated by a few figures so distant as to be unrecognizable. “Good thing we live in the safest country in the whole wide world.” A few hours later, agents of a police unit charged with the Protection of Important People knocked on the door of the rancho where Rivas was staying.

Rivas and his fellow holidaymakers swore to the officers that none of them had posted the tweet. The officers left, but soon they were back. “This is like when a pencil sharpener gets lost in a school,” one said, according to one of the people present. “No one leaves until the culprit comes forward.” They said that if no one confessed, everyone would be imprisoned, and that the kids would be sent away. Hours into the interrogation, they told Rivas and his group that Karim’s bodyguards had reported seeing a woman with a pink phone case taking pictures that morning. The phone case of Rivas’s ex-wife, the mother of his daughter, was pink.

Rivas confessed. He has been in prison ever since.

El Salvador now has more prisoners per capita than any other country in the world. But Rivas’s imprisonment, first reported by Gabriel Labrador in the Salvadoran news outlet El Faro, sparked outrage in the media and among human rights organizations because it was the first time Bukele’s government arrested someone for criticizing one of its own, or at least the first time it did this so blatantly over an excuse as flimsy as a social media post. For taking a picture of people who closed off a public beach for private use, Rivas became the first everyday Salvadoran—rather than an activist, say, or an official—to join the ranks of Bukele’s political prisoners.

For years, I had watched as the regime in Venezuela sent people to prison to stifle dissent. This repressive tactic was essential to the governing style of former Venezuelan president Hugo Chávez and, even more so, that of his successor, Nicolás Maduro. Reports of cases like Rivas’s convinced me that Bukele was doing the same thing in El Salvador.

A Venezuelan friend told me many Venezuelans in his circle of exiles looked at the story in a different way: Quite a few of them, he said, were happily working for Bukele. What was interesting was that most of them were former opposition activists who had fled Venezuela because they didn’t want to become political prisoners. These Venezuelans had come with Sara Hanna, my friend told me. Do you know Sara Hanna? The student activist? She is literally Bukele’s right hand! If I wanted to profile Bukele, my friend said, he could see if he could get Sara’s number. She could arrange for me to interview him.

In fact, I wasn’t familiar with Hanna. I thought about sending her a note to see if she could put me in touch with Bukele, but really the person I most wanted to talk to was her. I found a video of her speaking on a panel in Brazil when she was twenty-three. She portrayed herself as a reluctant activist, recounting how she was raised in the belief that “politics were dirty, politics were gross, politicians were corrupt.” But, in 2007, when she was in college, the government shut down an opposition news channel. Like many other young people, Hanna was incensed, she told the crowd in Brazil. “This is when I said, ‘That’s it! Politics has entered my house. Now I will enter politics.’”

In the years after 2007, she joined other college students around the country and helped organize a campaign to encourage people to vote against a constitutional amendment that abolished term limits. In the 2010s, she would lead efforts to secure the release of Leopoldo López, Venezuela’s most famous political prisoner. “We,” she said of the movement that time in Brazil, “are defenders of human rights.”

I was a schoolgirl in Venezuela when the activists of Hanna’s generation were in university, and I looked up to them. They led giant marches holding Venezuelan flags high over clouds of tear gas. They dipped their palms in white paint to show the police they were unarmed and unafraid. In the late aughts and well into the 2010s, they seemed to incarnate the country’s best chances to stop dictatorship.

Most of the leaders who emerged from the student movement are in jail or exile these days. Hanna fled for Miami around the time López went to prison. She spent years travelling the world, meeting global leaders and power brokers who were ultimately instrumental in bringing about López’s release. And before long she was working for the president of El Salvador.

Hanna ignored all my requests for interviews, and did not respond to queries from fact checkers. Instead, I spoke to more than eighty people who knew Hanna personally or whose lives intersected with hers—Venezuelans in the student movement, Salvadorans who worked in the government, American officials who interacted with her. Most of these people requested anonymity out of fear of reprisals, or because their current job prevented them from speaking to the press.

As I continued to look into Hanna, a former Bukele staffer told me that she was Karim Bukele’s girlfriend—the pale, tall lady who had been walking with the president’s brother on the day that Rivas was arrested.

This was something I struggled to believe—not so much the gossip that Sara Hanna dated Karim, but the implication that the woman who dedicated years of her life to the liberation of Leopoldo López would go on a beach holiday with the kind of people who send a man to jail over a tweet. If Hanna was indeed the woman in Playa Dorada, had she stood by and witnessed, from a comfortable perch, one crucial way in which the government she worked for began to resemble the one she escaped?

I went to Playa Dorada this May and spoke to keepers of nearby ranchos to see if anyone remembered that weekend. One of them remembered Karim Bukele looking smitten. On his arm had been a woman. “Yes,” this person said when I showed him a picture of Hanna. “That’s the one.”

Hanna is a common name in Charbila, a village in the mountains of northern Lebanon. It is a small place, home to a few hundred people, three Greek Orthodox churches, one tile factory, and one olive oil press. The area has long been poor and peripheral, and residents with ambition have long had a habit of leaving.

A few Hannas made their way to Venezuela in the 1950s and settled in the town of Güigüe (pronounced gwee-gway) in the state of Carabobo. At that time, the oil-rich country, with its futuristic highways and Caribbean coastline, was a good place to be, certainly in comparison with poor, rural Lebanon. Others in the family followed over the next decade. One sold clothes from one house to the next on a bike, then a motorcycle, until he could afford to open a general store in the 1960s, Casa Millet Hanna. (This branch of the family also came to own a chicken distributor and a castlelike event venue that would host some of Güigüe’s most ostentatious quinceañeras.)

In 1975, Lebanon descended into civil war. By the late seventies, it had become a regional conflict, and Charbila, like much of the north of the country, was occupied by the Syrian army. While the Hannas’ town escaped the worst of the fighting, there were few economic opportunities for residents of the village, and many of them joined the more than one million people who fled the country during the fighting.

In 1988, Karim Hanna and Nada Georges, two of the Hannas who had remained in Charbila, celebrated the birth of a baby girl, Sara Abdel Karim Hanna Georges. Sara’s father would soon leave Lebanon with her older brothers, Nadim and Michel. They eventually settled in Güigüe.

A year after the Lebanese Civil War ended, in 1991, when Sara was three years old, she and her mother moved to Venezuela. In an old picture she once posted on Instagram, little Sara stands on the bumper of a vintage car, hugging her parents. “We had just arrived from Lebanon a few days before, my mom and I,” the caption reads. “We were so excited to get to know Venezuela and start a new life far away from the war.”

Güigüe is an unlovely and unloved place. A broken clock on the main square is said to cast a curse on anyone who tries to fix it. When I visited earlier this year, I thought that it was not just the clock but the whole town that seemed condemned to a state of helpless disrepair. Loose bricks lay next to unfinished walls, as if builders had simply given up during construction. The streets reeked of putrefaction and car smoke, no trees for shade from the tropical sun. “This is a completely neglected place,” a retired professor named Hector told me. “Plunged into misery.”

On Avenida Bolívar, a central road connecting the town with the regional highways, most landlords and business owners were, as far as I could tell, either Arab or Chinese. “The Hannas are very well-known here because they own a lot of shops,” a woman told me. Karim used to run a furniture store in a dark space that is now a butcher shop. Nearly every elderly person I spoke with seemed to have known him well, and they remembered him fondly. Sohel, a Syrian store owner, smiled, sat me down, and offered me tea when I asked if he knew Sara’s father. Karim, he said, was “the best among his siblings, and the only one who spoke Arabic well.”

Sara’s family wasn’t rich. A man who knew them said they were considered lower middle-class. Still, Sara’s mother, Nada Georges, is remembered in Güigüe for her elegance; in pictures, her dyed blond hair was always blown out to perfection. She was a good host. An old woman carrying groceries on Avenida Bolívar told me that “no one could leave her house without first eating a piece of cake.” And although the family lived modestly, they were always striving to improve their lot: Karim and Nada sent Sara’s older brothers to university in Valencia, the capital of Carabobo. Nadim studied business. (Or was it engineering? No one seems to remember.) Michel studied dentistry.

People in Güigüe also remember Sara. Most of all, those I spoke with said they remembered her because she was so tall and fat. (If they wanted to be polite, they said gordita, a softer word than gorda.) Those who knew her better said she was intelligent. A distant cousin told me that Sara easily toggled between Spanish, Portuguese, and Arabic. At family gatherings, adults would submit the kids to a series of questions, testing them on what they had learned at school. Sara seemed to be the only one who enjoyed this. “Whenever they challenged her, she would start arguing with them,” one of her cousins told me. “She was brilliant. Brilliant!”

Sohel’s son Maher is only a few years younger than Sara. Although they weren’t friends, Maher grew up seeing her around. When I was in Güigüe, he walked me to the three-story building where she grew up, a concrete block with fenced windows, peeling white paint, rotten walls. Like her brothers, Sara moved to Valencia for university. She followed Michel into dentistry. Unlike her brothers, Sara doesn’t seem to have returned to Güigüe for any significant period of time. After she left for university, Maher said, “We never saw her again.”

In 1999, Hugo Chávez sat down for a televised interview with Óscar Yanes, a mustached talk show host with a reputation for framing mordant questions with elegant language. “An interesting thing about President Chávez is that he has accumulated more power—constitutionally, legitimately—than anyone else this century,” Yanes said by way of introducing his guest. Chávez’s presidency was barely a year old, and the country was already preparing to vote on a constitutional referendum that would give him broad powers to rule by decree. “The classic Venezuelan dictator would change a constitution and give it a democratic veneer,” Yanes went on, smiling incredulously. “President Chávez—who has always had the honesty to say what he is going to do, but no one believes him, and that’s his secret weapon—has prepared a constitution that serves him like a tailor-made suit! A tailor-made suit, to turn this country into an autocracy!” The camera panned to Chávez, who seemed to be trying to listen respectfully to this characterization, even as a sly smirk crossed his face.

Chávez was a once-in-a-generation political talent. In 1992, he tried to wrest power in a coup d’état and failed. He could have spared himself the effort: When he did run for president in free and fair elections six years later, he won comfortably. Voters were tired of the two political parties that had for decades taken turns ruling Venezuela with little regard for the poor. Chávez was going to be different: He came from humble, rural beginnings. Due to his Black and Indigenous roots, he was shades darker than any president before him, which is to say he looked more like most Venezuelans.

The socialist revolution Chávez promised, however, would come at the expense of democracy. Chávez got his way during the 1999 referendum, as Yanes predicted. In the years following their interview, his government ruled by decree, violently quelling protests and purging nonloyalists from public office.

By the mid-aughts, Chávez was cruising. Oil prices were booming, petrodollars flowing in. The state could afford lavish subsidies and social programs that made Chávez a darling in Venezuela and Hollywood. (Some of his A-list admirers included Sean Penn, Oliver Stone, and Naomi Campbell, who once described Chávez as a “rebel angel.”) Old-guard politicians, by comparison, seemed aimless, and struggled to cohere into an organized opposition. There was a sense among young people that those politicians were part of the problem, that the time had come for new blood.

Sara Hanna enrolled at Universidad de Carabobo in Valencia precisely when the student movement was growing into a political force. Ambitious young Venezuelans pursued activism like an extracurricular. An overachiever, Hanna went to marches and joined the student government. Eventually, she became class president of the dental school.

In 2007, the government closed Radio Caracas Televisión, a major news channel, in its first major affront to free speech. Later that year, Chávez called for a new referendum, asking Venezuelans if they would let him tweak the constitution once again to scrap presidential term limits. Student activists, including Hanna, mobilized tens of thousands across the country to protest the amendment, helping to serve Chávez the first electoral defeat of his presidency. (Chávez would eventually succeed in eliminating term limits through a later referendum.)

People who knew Hanna at the time explained that she never wanted to be a visible face of the movement. “She liked to have the control, to have the operative capacity, to manage and organize,” but someone else could give the speeches, said Roberto Patiño, the class president at Simón Bolívar University from 2009 to 2010. She seemed cut out for the role of chief of staff, and excelled at getting things done: Nearly every person I spoke with emphasized her prodigious efficiency. “You ask Sara to build you a wall,” one of her mentors said, “then you turn around to say hello to someone else and when you look again, the wall is already built.”

Politics quickly swallowed Hanna’s life. One of her university friends said that in all the times he went to her apartment or hung out with her, he never met a friend of hers who didn’t have something to do with the movement. Other activists noted her fearlessness in protests—the way she would stand in the front line as the police sprayed high-pressure water to disperse the crowds. They took it as a sign of her sincerity, her commitment to democracy and against authoritarianism. Sara, one of her friends assured me, did it all for Venezuela.

But belonging to the movement had another draw. Many student activists were also the sons and daughters of some of Venezuela’s wealthiest families, and, in that sense, militancy afforded excellent networking opportunities. Hanna, a fellow activist explained, tended to gravitate toward the upper class in Valencian political circles. “I think she always had this power thirst, this need to be socially recognized, to be part of an elite,” Lorent Saleh, another opposition activist who studied in Valencia, told me. Many people I spoke with had assumed Hanna hailed from a “good” family, or were under the impression that she had attended one of Valencia’s prestigious private schools. This was a plausible misapprehension: Distant cousins who bear the name Hanna live affluent lives in Valencia, and Arabs are well represented among the Venezuelan business elite. Hanna herself may have encouraged the perception that she came from money. “It was obvious she had a need to project,” Saleh said, adding that she was often playing up “the Arab thing, which linked her to this economic power.”

Hanna began travelling regularly to Caracas. She started working with foundations and groups with budgets that, by Venezuelan standards, were not modest. In 2008, a student named Yon Goicoechea won the Cato Institute’s Milton Friedman Prize for Advancing Liberty, and was awarded a grant of US$500,000 to fund activism efforts. With the money, he, Hanna, and a few others cofounded an organization called Futuro Presente. Like many other groups in the student movement, it could be something of a rich kids’ club. An activist I’ll call María told me she felt that her invitation to work for Futuro Presente had to do with correcting a certain socioeconomic imbalance: She got the job (“they more or less told me”) because she was from a poor part of Caracas. Her neighborhood, she said, “is a very Chavista place,” so having someone from there in the opposition was a coup.

María never got along with Hanna. She said Hanna would invite a big group to a restaurant, order everything on the menu, have one little bite of each plate before the rest could begin to eat, then pay the whole bill. She is someone who “dominates the people around her,” María said. In 2010, Futuro Presente created a program called Lidera, which was meant to gather and train promising young leaders from different parts of the country and diverse socio-economic backgrounds. Participants attended workshops, and at the end of each year, a select few were invited on an all-expenses-paid trip to Madrid and Barcelona, where they attended lectures and mingled with Spanish politicians. María remembered the meetings where Hanna, as one of the organization’s leaders, decided who made the cut. “I have this very clear image of her sitting like a queen in the middle of a round table full of younger people who treated every word Sara Hanna said like the gospel,” María said. “And she simply decided who made it to the second stage, the trip to Spain, based on whether she liked them or not—rather than on leadership skills, or community ties, which was why we created Lidera in the first place.”

From early on, Venezuela’s opposition parties agreed they’d have a better chance of beating Chávez in 2012 if they all rallied behind a single candidate. The question was who. In Valencia, the opinion of one man carried a certain weight. Henrique Salas Römer was a white-haired, blue-eyed politician who, having lost to Chávez in 1998, had the gravitas of a wise elder. The founder of Proyecto Venezuela, Carabobo’s main opposition party, he became something of a godfather to aspiring politicians and leaders of the student movement. He was also the father of Henrique Salas Feo, Carabobo’s governor. The duo would welcome student activists to meetings with Proyecto Venezuela to discuss electoral strategies.

Hanna was such a fixture in those meetings that, to this day, many people believe she worked for either Salas Römer, Salas Feo, or both. Some I spoke with had a vague idea that she had even managed Salas Feo’s campaign for governor. It’s unclear whether Hanna did anything to encourage these notions, but the chatter gave her cachet: How had a woman in her early twenties become so indispensable to the most influential opposition politicians in Carabobo? But Salas Römer denies that Hanna ever worked for him or his son. “She was never my right hand, or my left hand, no executive role, nothing,” he told me in August 2025. “She just attended the meetings.” In fact, Salas Römer didn’t know why Hanna was always around. One day, he approached one of her friends to ask what she was after. “She’s after power,” the friend responded, as Salas Römer recalled. “She just wants to be close to power.”

In 2010, Salas Römer decided to support a talented young politician named Leopoldo López as opposition candidate in the election. Leopoldo—that’s how Venezuelans still refer to him, as if he didn’t need a last name—has a magnetic charm. A former mayor of part of Caracas, he looks like the leading man in a telenovela, handsome with dark hair and perfect teeth. He has old-money origins and a degree from Harvard. His blond, yoga-loving wife, Lilian Tintori, is also beautiful. The couple came to be seen as the prince and princess of the Venezuelan opposition. Though Leopoldo didn’t go on to become the presidential candidate—he withdrew from the opposition primaries to back Henrique Capriles, a better-known politician—Leopoldo was the leader whom activists in the student movement seemed to adore the most. After university, many joined Popular Will, the youthful party he founded and ran like an extension of himself. Popular Will, which conceived of itself as social-democratic and center-left, attracted free-market devotees to its right as well: The impetus that united its members was opposition to Chávez.

By 2011, Hanna had graduated from her dentistry program and moved to Caracas. She soon began working closely with Leopoldo and Lilian. Some members of Popular Will were caught off guard by her sudden, constant presence. Many people I spoke to told me they assumed that Salas Römer had recommended her to Leopoldo, but once again Salas Römer denied this. If anything, he himself was surprised by Hanna’s proximity to Leopoldo when he saw her at an opposition debate. She carried herself, he said, as if she was in charge of the whole event. (Neither Leopoldo nor Lilian answered my requests for an interview; they did not respond to fact-checking questions.)

At first, Hanna’s role seemed almost purely domestic. She was often seen carrying Leopoldo and Lilian’s small kids around—the kind of responsibility no one in Popular Will envied. Slowly, though, she became more important to the couple. She populated their staff with her close friends, freeing up her own time to fundraise for the party and meet the donors. A student activist who knew her in Valencia and moved to Caracas around the same time noticed that she went from wearing jeans and T-shirts to dressing like an executive. He also noticed that in meetings she always sat next to Leopoldo. He could tell Sara liked her new role, whatever it was. He said something that people repeated to me over and again: “Sara enjoys power.”

The people I interviewed who know Hanna superficially seem to genuinely like her. She could be fun to hang out with, and made a thoughtful friend: She liked to make her friends feel special by giving them shisha pipes from Lebanon. In moments when Hanna felt her authority challenged, however, other sources told me, another version of her appeared.

A colleague proposed a team merger to Hanna, and saw her demeanor turn haughty. “I found a completely different Sara than the one I knew,” the colleague told me. Hanna said that she was not going to put women in charge just because they were women, suggesting that the colleague’s well-known feminist views were the motivation behind the proposal. A Popular Will volunteer said he long considered Hanna his friend, and remained grateful for her support when he came out as queer. But when Hanna was at work, she became someone else. “She will use any position of power she has to make it clear that you don’t breathe the same air as she does,” the volunteer said. “It’s like she’s up there and you’re down here, mortal. And if she has a way of making you see that, making you feel that, she’s going to do it.”

Miguel Andrés Fierro Pinto, a Colombian activist who met Hanna at an international prodemocracy conference in Caracas in the years before the 2012 election, told me his impression of her was “the best of the best.” That was a time of optimism, when Venezuelan opposition activists were beginning to host and travel to such gatherings. Fierro, an organizer of a protest called One Million Voices Against FARC, remembers the Venezuelans fondly, but holds Hanna in special esteem, for staying in touch and even reaching out when he had health issues. One day, activists from many places in Latin America, a large number of them Venezuelans, went for a drink after an event. Fierro proposed a toast. “We’ll put these hard times behind,” he remembers saying. “And some of the people in this group will go on to become the advisers of those making decisions, and not just within our countries!”

Hanna raised her glass, according to Fierro, and said, “Cheers to that!”

As the elections drew nearer, Chávez went from calling himself “el comandante” to “el comandante supremo.” He was old and sick with cancer, but he was totally consumed by his bid for reelection, shelling out billions on his electoral campaign. It wasn’t as if spending that kind of money hurt Chávez personally: It came from public coffers, petrodollars that would simply disappear from the government’s accounting rolls and morph into campaign posters and catchy jingles.

Chávez wanted to win democratically—with votes. He preferred, it seemed, to be loved rather than feared. But Chávez also pioneered the use of the judiciary to imprison anyone he viewed as a threat: Caracas policemen who protected striking oil workers, a judge who ordered conditional freedom for a banker who had earned Chávez’s opprobrium, notable businessmen who opposed him.

Out of the arrests came a slogan: “Having opinions is not a crime.” Like many of her fellow prodemocracy activists, Hanna often reposted it on social media.

Chávez closed his 2012 campaign with characteristic extravagance, blocking about six streets in central Caracas for a rally that went on for hours, even through a torrential downpour. He won the election with 55 percent of the vote.

It would be one of Chávez’s last hurrahs. Cancer was now devouring him, and oil money was running dry. When it became obvious an economic crisis could no longer be contained, Chávez made fewer appearances. Within months of the election victory, he announced a successor, Nicolás Maduro, before disappearing for long stretches until his final retreat in the spring of 2013. On March 5 that year, he died, ascending, in the mythology of his supporters, to the rank of comandante eterno.

At first, the choice of successor took many in the opposition by surprise. Maduro had served as vice president and foreign minister, but he was an easy man to overlook. His sullen face—he looked like a tropical cousin of Joseph Stalin—was not well-known, and he possessed none of the charisma that drew crowds to his predecessor. He was also a ridiculous man. Campaigning for the presidency in 2013, Maduro said the ghost of Chávez had appeared to him in the form of a twittering bird. He gave the opposition, which once again backed Capriles as a candidate, approximately ten days to mount a campaign, and denied them coverage in official media channels. The elections were later condemned as unfair by the Inter-American Commission on Human Rights, but even under these fabulously advantageous conditions, Maduro managed to win by only a paper-thin margin. It was possible, even likely in some people’s minds, that Maduro wouldn’t last.

Early in 2014, amid food shortages, a segment of the opposition led by Leopoldo called on Venezuelans to go out in the streets to demand Maduro’s resignation. The gambit was known as La Salida, “the exit,” and Leopoldo was counting on student leaders to back it. Soon, class presidents started getting calls from Sara Hanna.

But Hanna’s generation had graduated. The cohort that replaced it was more cautious. Many leaders feared giving the movement’s stamp of approval to a wave of protests that would inevitably result in violence. Others argued that this was exactly how Maduro wanted them to think, that inaction meant that his repression was working. The debate divided student governments.

Hanna seemed to have no patience for the younger activists. A student council president at a university in Caracas told me that she repeatedly called him to tell him to support La Salida. “I disagreed with so many people” in the opposition, he said. “But Sara was the only one who was like, ‘If you’re not with me, you’re against me.’” When it became clear that leaders at some of Caracas’s biggest universities were reluctant to support the initiative, Hanna and others in the movement invited student leaders from the city’s smaller universities to a retreat held at a summer camp owned by a movement figure. After the poolside mingling, the student governments at the smaller schools became more supportive of La Salida. In the protests that ensued, the authorities killed more than a dozen people, including some university students, and arrested thousands.

One of those who ended up in prison was Leopoldo, who turned himself in to the authorities at a mass demonstration in Caracas on February 18, 2014. There’s a famous picture of him on the day he was arrested, looking stoic in a white long-sleeved shirt as three heavily armed agents hustle him into a military vehicle. He used his last seconds of freedom to loft a Venezuelan flag and salute his supporters.

A few months after Leopoldo’s arrest, oil prices crashed. A country that had become dependent on food imports—paid for with whatever petrodollars were left after the oligarch class took its cut—started seeing new levels of hardship. That’s when the images of Venezuela’s empty supermarket shelves and long breadlines began to make front pages around the world. The food crisis turned into a refugee crisis. In the decade that followed, Maduro presided over the biggest exodus in Venezuela’s history—about eight million people, or one in four inhabitants.

Venezuelans revolted against the government. But Maduro, it soon became apparent, had even fewer scruples than his predecessor. The need for admiration that appeared at times to curb Chávez’s most authoritarian impulses exerted no evident influence on Maduro, whose government locked up thousands of political prisoners—Chávez had locked up only dozens—and introduced forms of torture the country had never seen, like asphyxiation with a plastic bag.

Members of Popular Will—and anyone, in fact, who was close to Leopoldo—bore the brunt of Maduro’s repression. Hanna fled Venezuela, by most accounts escaping the same year Leopoldo was arrested. She landed in Miami, that sanctuary of capitalism where so many Venezuelan exiles, like Cuban exiles before them, had come to feel at home. There, Hanna coordinated a campaign to advocate for Leopoldo’s release. It was a tall order: According to a report by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Leopoldo spent his days in solitary confinement in a decrepit military prison. He once told the press his cell had no electricity, and that his days were spent in total darkness. In 2016, Lilian reported being stripped naked and groped in front of her children before visiting her husband. During another visit, the couple’s private conversation was recorded; it was then sliced into juicy clips, and mocked on national television by Diosdado Cabello, one of Maduro’s more bombastic cronies.

The worse Leopoldo was treated, the more important he became, both in Venezuela and internationally, where his detention highlighted the repression in the country. But in one of the audio recordings the regime made public, Leopoldo and Lilian also showed another dimension to the movement: Leopoldo’s martyrdom could be monetized. The two can be heard gushing about how much they’re getting in donations from people who cared about their well-being. Lilian seemed certain that a donor was about to shell out US$1.5 million, and bragged about how easily she had convinced a woman to give half a million dollars “just so that she could sit with me one afternoon.”

Much of the Leopoldo brand was shaped by Hanna. An operative who worked on the liberation campaign told me that she was in charge of his promotional materials and press relations. She curated a media strategy that bordered on sensationalism. In 2017, for example, after Leopoldo had been out of the news for a while, a famous journalist named Leopoldo Castillo tweeted that Leopoldo was being transferred to a hospital because he showed “no vital signs.” The rumor was false. It was not unlike Hanna, the operative suggested, to leak something of the sort. (Castillo told me he doesn’t remember how he learned this information.)

The operative also said that Hanna often pushed for videos many on the team didn’t feel comfortable making. “The communication strategy she wanted was all, ‘How do we turn Leopoldo into the messiah?’ It was always, ‘Let’s make it look like there is a poster of Leopoldo in every shanty!’”

Hanna managed much of the fundraising for Leopoldo and Lilian, and was paid, at least in part, on commission. Her two-bedroom, three-bathroom apartment in the upscale Miami neighborhood of Brickell had floor-to-ceiling windows and stunning views of the city. Perhaps the most important thing she gained from the period of working for Leopoldo’s freedom, however, was professional connections. Hanna accompanied Lilian as she toured the world to speak about the plight of her husband. They went to the Vatican and to the United Nations. Lilian met with Trump and Marco Rubio at the White House, while Hanna blended the responsibilities of an executive assistant, press secretary, and babysitter with cool efficiency. She became so close to the family that she was named godmother of one of their children.

Leopoldo spent three years in prison, rejecting offers from the Venezuelan regime to release him in exchange for silence. But he and his family may have squandered some of the moral high ground. In 2017, a report by Univision suggested Lilian accepted half a million dollars from Raúl Gorrín, one of Maduro’s oligarchs. (She acknowledged having met him in Miami, but denied receiving money from him.) The Salvadoran journalist Héctor Silva Ávalos told me that Hanna played the middleman, facilitating the transfer from Gorrín to Lilian.

Later that year, the Venezuelan government released Leopoldo from military prison and placed him under house arrest. He sometimes greeted crowds from his gated family compound in the foothills of Mount Ávila in Caracas, and gave the occasional phone interview to the press, but mostly laid low. Three years later, in 2020, he and his family fled to Spain, settling in Madrid. There, Leopoldo consigned himself to the life of a politician in exile: respected but ultimately powerless, a warrior who had been unable to see his fight to the end.

The era around the time of Leopoldo’s arrest and early imprisonment was one in which opposition activists had faith that, if they could prove to the international community that the situation in Venezuela was as bad as they knew it to be, something would surely happen. “Every testimony and every record matters,” Hanna wrote in a 2018 article published by VPITV, a website serving Venezuelan exiles in Miami. We must “raise our voices, speak out every day. That is the key: make sure there is no corner of the world where these abuses and threats go undenounced.”

In the years between Leopoldo’s arrest and his release, however, another theory had taken hold in the Venezuelan opposition—namely, that international condemnation was toothless, and that talk of human rights was no more than hypocrisy. Despite the stirring words in Hanna’s article, she may have shared this cynicism too: With Leopoldo free, she decided it was time to devote her considerable talents to advance the political goals of someone else.

Before becoming a hero of the right, Nayib Bukele was a man of ambiguous, malleable politics. He sometimes expounded leftist views. In 2012, as Hanna devoted much of her time and energy to the campaign against Chávez, Bukele—then the mayor of the small city of Nuevo Cuscatlán—professed hope that the Venezuelan strongman would win the elections “by a wide margin.” In his speeches, Bukele blended feminism with law and order, anti-imperialism with protech, probusiness stances. In 2015, Bukele won the mayoral race in San Salvador. “I loved going to events with him because everyone would throw themselves at him,” a former communications aide for Bukele told me. “It didn’t feel like the hypocrisy of old politics, of hugging children and elderly people. It felt organic.”

Bukele had entered a stagnant political arena. Since the end of the civil war, more than two decades prior, the political class continued to congratulate itself for achieving so-called peace and democracy, even as the country was overrun by gangs. Corruption scandals abounded—three former presidents from both the left- and right-wing parties were charged, in separate cases, with diverting tens, even hundreds of millions of dollars in aid money and other finances.

Mayor Bukele openly mocked the old guard for their platitudes, and offered Salvadorans something tangible: He cleaned up the city center so that it looked more “touristic,” as he put it, more gentrified. Bukele voiced his ambitions that tiny El Salvador could be a relevant country on the world stage. A nation wounded by violence and depleted by emigration couldn’t help but dream along.

But for those watching closely, there were already signs that Bukele wasn’t interested in playing by the rules. His mayoral staff was caught hacking a newspaper’s website to make the opposition look bad. He was also corrupt, giving government contracts to his close friends and refusing to disclose the finances of his biggest projects. He lost allies in El Frente, the left-wing party that had supported his rise to prominence, after its leaders came to understand he didn’t like to share power. But the criticism of an establishment party only made Bukele more popular. A run for the presidency was all but inevitable.

It’s unclear at what point Sara Hanna first got acquainted with the Bukeles. El Faro reported that Hanna met Nayib’s brother Karim in Miami in September 2018, but the former campaign communications aide told me that Hanna and Bukele met at least one year before, when she came to San Salvador as a political consultant alongside other Venezuelans. Bukele was keen on opening a center to make tax collection more efficient, and her group delivered a presentation with recommendations based on their experience in city governments. One associate of Hanna’s in Miami told me that, in 2018, Hanna reached out to Bukele via social media.

Like she once did with Leopoldo, Hanna began to cozy up to Bukele’s family. Karim, Bukele’s taciturn younger brother, had taken a liking to the equally reserved Hanna. They were soon dating discreetly—rumored to be a couple, though few saw them together. Venezuelan exile cliques had a lot to gossip about. Sara Hanna had a new job. Sara Hanna had a new boyfriend. She also—and in the minds of the quidnuncs, this had to be somehow connected—lost a noticeable amount of weight at the same time.

Bukele would become such a sensation in Latin American politics that his electoral victory in 2019 now seems foreordained. At the time, however, it felt improbable: After his fallout with El Frente, neither of the main political parties would support him. And although Bukele was popular, no one in his municipal team was equipped to run a national campaign—even Karim was something of an upstart.

Hanna came to the rescue. She and her friends, after all, had some experience with difficult, asymmetrical votes: The activists who came of age during the student movement faced six elections in eight years. Elisa Totaro was seventeen when she volunteered for her first campaign. She coordinated an effort for volunteer poll-watchers to count the votes, and managed Bukele’s communications strategy. “You can have many X followers and poll very well,” Totaro told me. “But if you don’t have a structure, you’re not going to win.”

Another Venezuelan activist, Lester Toledo, had helped Leopoldo found Popular Will. A slender and muscular man, he once jumped from one balcony to another to escape Maduro’s secret police. After he spent years in exile in Spain and elsewhere, Hanna called him to work in El Salvador. Toledo joined the team as a campaign consultant. In February 2019, after months of collaboration, Bukele prevailed in the first round of voting—and a group of Venezuelans who had been persecuted for their political beliefs found themselves on the same side as the powerful.

It’s easy to see why someone who has lived in Caracas would feel at home in San Salvador. Both capitals sit in valleys blessed by the winterless weather of the tropic at high altitudes. In place of the slopes of Caracas’s Mount Ávila, residents of San Salvador can hike among the lush volcanos near the city. And with the same ease that caraqueños can drive to the Caribbean coast, sivareños can go to the beach in the Pacific.

After Bukele’s inauguration, dozens of Venezuelans arrived in San Salvador to work under Hanna. They came to advance tech infrastructure, to consult on Bukele’s pandemic response, to draft Bukele’s national security strategy. Alums of Popular Will helped Bukele create a political party, Nuevas Ideas, from scratch. The administration seemed set on doing things differently—with goals and speed that felt more Silicon Valley than government. And many in this group of Venezuelans, tired as they were of a regime that equated technology with capitalist evil, felt proud of executing Bukele’s vision. “I would love to be able to do this for my country,” a Venezuelan engineer who came to work on a project to bring virtual reality to public schools told me.

During those first years of Bukele’s presidency, Hanna had no official role in the government. The first time her name appeared in the Salvadoran press was in June 2020, in a leaked memo stamped by the Health Ministry. In it, an official claimed to be carrying instructions from Sara Hanna and a Venezuelan veterinarian, describing them as “delegates” from the presidential palace. They asked the subdirector of the National Health Institute to destroy 1,674 COVID test samples. Salvadoran opposition media interpreted the memo as evidence that the government was manipulating COVID statistics to make its pandemic response seem more impressive. (The government denied this interpretation.) But their signatures begged another question: Why were a Venezuelan dentist and veterinarian telling Salvadoran medical officials what to do?

Douglas Farah, a researcher who consulted for the Pentagon for more than a decade, started to hear about Hanna from his colleagues at the U.S. embassy in El Salvador. Apparently, she was a commanding presence in high-level meetings. Farah realized he had heard Hanna’s name before, from the rumors that she’d been Lilian Tintori’s go-between with Raúl Gorrín. At the time, the Pentagon was interested in mapping transnational criminal organizations in Latin America. Farah decided Hanna was worth looking into. Soon, though, he learned that Hanna was a legal permanent resident in the United States, meaning the Pentagon didn’t have jurisdiction to investigate her.

The next time he came across Hanna was by happenstance, while he was working with the FBI on a money-laundering case against a former Salvadoran guerrilla boss named José Luis Merino. Merino is a man few people would dare to provoke. He rose through the ranks of the communist militia during El Salvador’s civil war, even kidnapping the president’s daughter in 1985. More recently, he cultivated ties with the Revolutionary Armed Forces of Colombia and the Maduro regime in Venezuela. He was a major donor to Bukele’s presidential campaign. According to one of Farah’s sources in the Salvadoran government, Hanna was present at a meeting between Bukele and Merino. Hanna insulted Merino, calling him “stupid old man,” or words to that effect. According to Farah’s source, Bukele did not rush to Merino’s defense. Hanna had become, in Farah’s estimation, almost untouchable. “Anyone who confronts Merino and faces no consequences must have real power,” Farah told me. (Merino did not respond to requests for comment.)

Early in his presidency, Bukele had a tendency to disappear. He was rarely around, and when he was, it was virtually impossible to get a meeting with him before noon. Once he travelled to Guatemala for an important conference. When it was his turn to speak publicly, a minister took his place at the last minute, leaving the reason for Bukele’s absence anyone’s guess. As a young man, Bukele had allegedly been a hard partier. A nightclub he once owned had a reputation for selling drugs and alcohol to minors. The rumor in the presidential palace—a rumor I heard independently from two former associates of Bukele and the sibling of another one—was that he had never abandoned his hard-partying ways. (The Bukele administration did not respond to requests for comment from me or from fact checkers.)

Farah’s source told him Hanna and Karim filled in for Bukele when he was not around, likening the government to a triumvirate. Hanna and Karim often pushed for Bukele to adopt a harder line in going after his enemies than he would have otherwise, the source said.

Another person—I’ll call him Nacho—realized how much power Hanna had only when he saw her at work. Nacho helped build a digital infrastructure for cryptocurrency payments called Chivo Wallet. The software had to be ready, per Bukele’s orders, in time for the Bitcoin law that would go into effect in September 2021. Hanna was a demanding and at times unpleasant boss—she frequently screamed at her team, Nacho said. But she was also remarkably effective. “She had a lot of power,” Nacho told me. “She could solve any issue. She would call ministers and heads of state: ‘Hi, President, it’s Sara Hanna, I’m calling on behalf of Bukele.’” Once, Nacho said, he witnessed her calling Trump directly.

Nacho respected Hanna’s drive, and it was obvious to him that Bukele valued her. On one occasion, he overheard an associate who was visiting Bukele quip that Argentina’s president, Javier Milei, might want to borrow Hanna and her team of Venezuelans. Bukele made it known, with a stern look, that this joke was not welcome. Another time, when working with her team, Nacho recalled, Hanna talked about political changes she would bring about: “When I return to Venezuela . . .” At first, Nacho dismissed it as a joke, but the more he thought about it, the more he convinced himself that she and the other Venezuelans in her orbit were serious about their intentions to someday be in charge of Venezuela. Perhaps they saw El Salvador as a laboratory for their ideas. And seeing how competent and efficient Hanna could be, Nacho thought maybe this would be a good thing: “If it was up to me, Sara would be president of Venezuela. You make her president and in two years Venezuela is Dubai.”

In June 2021, El Faro published a piece about Hanna and other Venezuelans who had become close to Bukele. Hanna was running the show, the journalists concluded. It quoted an anonymous minister complaining that whoever in Salvadoran politics didn’t have direct communication with Bukele was “fucked, because the Venezuelans rule.”

This was the first time in Hanna’s life that she had experienced the glare of the media spotlight. By habit, she was a reclusive operator, and denied all requests for comment—though she made one exception, in a response to a post on Twitter of a sign that read “THE PEOPLE DIDN’T VOTE FOR THE VENEZONALA SARA HANNA.”

“It’s VENEZOLANA,” Hanna wrote.

The Venezuelans who worked in El Salvador were well paid, some of them told me. Even if the hours could be long, they felt they had good jobs.

But early in his presidency, Bukele gave those Venezuelans who had once thought of themselves as pro-democracy activists reasons to feel uneasy. In February 2020, a few months after he was sworn in, Bukele ordered armed soldiers to storm into a session of the legislative assembly, which was controlled by lawmakers reluctant to approve a US$109 million loan he had requested. The following year, Bukele’s government sacked the attorney general and five judges on the country’s highest court.

“My work was very technical,” one consultant who worked on the pandemic response told me. “It wasn’t morally reprehensible. But when I saw the overview of what the government as a whole was doing, I felt very uncomfortable.” Danilo Mejías, a Venezuelan lawyer and academic who came to help Bukele draft the bylaws of his new party, told me he was “in awe” of the president the first time he met him. Then Mejías heard the news of February 2020. “If I am honest, that did cause some astonishment. It is said that we are democrats, and then suddenly we seize Parliament, and we seize it by armed means. Some of us were left with that doubt. But we didn’t make it public.”

Mejías, white-haired and bespectacled, gave me the impression that he resented working alongside much younger people, who, in his view, had no demonstrable talents or credentials (“starting with that woman,” he said). Mejías often dealt directly with Bukele, and got the impression that Hanna didn’t like being sidelined. One time, Bukele hosted a party in Mejías’s honor. “Their faces . . .” he said of Hanna and her team at the party. “If stares could poison, I would be dead.” Still, when Mejías’s Venezuelan passport was about to expire, he thought he could count on his fellow exiles to help out. Mejías had worked for Popular Will: If he were forced to return to Venezuela, he risked going to prison. But Lester Toledo understood his situation, Mejías told me, and still, the Salvadoran authorities showed up at his house to demand he leave the country. When he landed in Caracas, Mejías was taken to El Helicoide, a notorious prison, and tortured for more than a month.

News of Bukele’s authoritarian antics generated condemnation in diplomatic circles. In 2021, the Organization of American States sent Santiago Canton, an Argentinean human rights lawyer, to write a report about Bukele’s democracy record. It wasn’t likely to be flattering. Hanna had met Canton in Buenos Aires during a trip with Lilian to try to secure support for Leopoldo. She reached out to him now in what Canton interpreted as an effort at damage control.

“Are you in El Salvador?” Hanna texted Canton, punctuating with a surprised emoji. “I just found out you’re leading a meeting. I can’t believe it! I live here.”

“Tomorrow I’ll call you if you can,” she wrote, firing off a series of texts.

“Hello. How are you?”

“Do you have a 30-minute slot to get coffee? I can come wherever you are.”

“Hello. How are you? Can we get a coffee before you leave?”

And after Canton left: “How did it go? Can we have a Zoom tomorrow?”

Canton wrote in his report that the mission was concerned about certain Bukele actions that undermine “rule of law and Salvadoran democracy.” Throughout his career, Canton told me he has met lots of people who do not live up to their values. “But Sara’s case is too evident,” he said. She reminded him of that Groucho Marx quip: “I have principles, and if you don’t like them, I have others.” Canton and Hanna never spoke again, and she never publicly commented on the report’s findings. She also never addressed the growing commentary that Bukele was becoming an authoritarian. But privately, Hanna has made clear that she has no regrets. In a text message to a fellow Venezuelan, she defended the armed invasion of Parliament, saying that was precisely the kind of thing she wished the Venezuelan opposition had had las bolas to do.

Among the many affairs that Bukele entrusted Hanna to manage was relations with the United States. U.S. officials, unfamiliar as they were with the workings of the triumvirate, were caught by surprise when Hanna, and not the ambassador or the foreign minister, called congressional staffers to say Bukele was not pleased with a certain statement made by a senator. Or when Hanna, and not the governor of the Central Reserve Bank, travelled to Washington to negotiate terms of U.S.-brokered loans with international development banks.

With Trump in the White House, handling U.S. relations was easy enough. Hanna kept the phone numbers of Republicans and diplomats who had lobbied for Leopoldo, even hiring one of them to lobby for El Salvador. Bukele met Trump at the White House, and suddenly his vaguely leftist politics started shifting to the right. Although not everyone in the U.S. government felt warmly toward Bukele—a task force with officials from multiple agencies was starting to uncover the president’s long history of gang dealings—America’s diplomatic staff in the country was, for a while, firmly on his side. In 2019, Trump appointed an ambassador, Ronald Johnson, who became Bukele’s friend—and, according to a ProPublica investigation, fired a contractor who gathered evidence of Bukele’s negotiations with gang leaders.

Then Trump lost the 2020 election and tried to overturn the results by encouraging an armed mob to storm the Capitol on January 6, 2021. The Biden White House didn’t look kindly on Bukele, whose own armed mob the year before now looked uncannily familiar. The administration let Johnson’s tenure expire, and Biden appointed Jean Manes as interim chargé d’affaires. For Manes, it was personal. As ambassador to El Salvador, a posting she held before Johnson, she had vouched for Bukele, arranging for him to deliver a speech at the prestigious Heritage Foundation in Washington, D.C. Now, Manes proceeded to ice out El Salvador. She announced a pause in bilateral relations, supported sanctions against Bukele’s aides, and diverted U.S. aid away from Salvadoran government agencies. Inevitably, Manes and Hanna had occasion to meet. According to reports by Héctor Silva, the journalist, their personalities frequently clashed. In September 2021, the Bukele loyalists in the supreme court voted to permit the president to be elected for more than one consecutive term, which the constitution does not allow. Manes convened a press conference at the embassy to voice her disapproval. There, she uttered some words that were as close to a gibe at Hanna and her team as a diplomat can get in a public address: “For a moment, many Venezuelans believed that they were living in a democracy,” Manes said. “We know where this path leads, and we do not want it for El Salvador.”

Manes left the post, and the country, soon after, effectively severing El Salvador’s diplomatic channel to the United States.

During a weekend in March 2022, El Salvador’s two largest gangs, MS-13 and Barrio 18, killed dozens of people in a spree that announced, after months of dormancy, that the gangs were still around. Bukele wasted no time. That Sunday, he declared the country to be under a state of exception—a policy that could ultimately be called unconstitutional, as it was later extended past its legal limits; unjust, as it led to the arrest of tens of thousands innocent people; and effective, as it reduced gang violence dramatically and immediately. The Salvadoran people finally got a reprieve from the bloodshed. And Bukele came to be revered.

But, as investigations by El Faro would later reveal, their violence had stopped because Bukele had negotiated a deal with the gangs, giving them an easy time in the justice system in exchange for lying low—and for helping him win the parliamentary elections the year before. The weekend massacre was the gangs’ way of demanding better terms. And even though the state of exception locked up thousands of gang members, those in their higher echelons were exempted: In an audio tape published by El Faro, one of Bukele’s closest confidants admits to having personally driven an MS-13 leader to the border with Guatemala so that he could escape.

It was around this time that Luis Alexander Rivas was arrested in Playa Dorada for taking a picture of Karim. The U.S. embassy condemned the arrest, and many others that would follow. But eventually, Biden’s White House reconsidered its approach. “I think there was a recognition that, look, this guy’s popular,” a former State Department official told me. “Having a public war of words with him about these issues—about the state of exception, about due process—is not gonna give us the results we want.”

By mid-2023, a new ambassador had settled in. Bilateral relations resumed, and talks of loans and grants restarted. Manes was long gone—pending confirmation to become ambassador to Colombia. And even if some in the White House had reservations about Bukele, Hanna had a powerful friend in Washington. Rubio, once a champion of Leopoldo, was now full of praise for Bukele, and even travelled to El Salvador to meet him. Though he had recently extolled Manes as a “strong advocate in defense of democracy,” Rubio then announced he would oppose her nomination to serve as ambassador of Colombia. Manes now works in the private sector. (Rubio did not respond to multiple requests for comment.)

Every so often during the Biden years, Hanna was confronted with American officials’ laments about human rights and democracy. During the pandemic, an American diplomat met with Bukele and Hanna, and brought up his concerns that El Salvador was following in the footsteps of Venezuela’s Chávez and Nicaragua’s Daniel Ortega. “That’s impossible,” Hanna snapped back, according to the diplomat. “Because we are a force against Sandinistas in Nicaragua and Chavistas in Venezuela.” Hanna was cordial throughout the meeting, but made no concessions. She spoke of Bukele as having a capital-p Project for the country, and, without articulating what the project was, expressed pride at being able to help him realize it. “The government had done no wrong,” the diplomat said, summarizing Hanna’s line of argument. “Everything it did was for what she called the Project.”

In another meeting, another American official got to witness Hanna’s reaction when a colleague raised the issue of extrajudicial incarcerations under the state of exception. “Her face is often very composed, so she’s quite hard to read,” the official told me. “And she wasn’t mean or anything, but her face took on the ‘stone look.’ Perhaps that’s how I would describe it. And kind of shut that part of the conversation down very quickly. She’s not messing around.”

Some of Hanna’s Venezuelan acquaintances, too, were curious about what she had to say about the state of exception. Gustavo Tovar Arroyo, a longtime friend and mentor, recalled bringing up what he had heard about the treatment of people inside the prisons during a trip to El Salvador some years ago. Hanna reassured him that those prisoners deserved their fate, and suggested the opposition might one day have to do the same thing in Venezuela. “I remember with absolute clarity when Sara told me: ‘Gustavo, what do you think we’re going to do the day after we finally remove Maduro from power?’”

In 2024, Bukele won his bid for reelection. A high-level American delegation attended the inauguration in June, and top administration officials congratulated Bukele for winning the very election Manes had warned would be unconstitutional. If anyone in the White House still had reservations about Bukele, those people were soon out of a job. By January 2025, Trump was president again, and Rubio was soon secretary of state. In March, when more than two hundred Venezuelans arrived in San Salvador from the U.S., they did not come to work at the presidential palace. Using little more than tattoos as evidence, the Trump administration had labelled them gang members and deported them to a gargantuan prison known as CECOT. (In an April 2025 post on Truth Social, Trump wrote: “President Bukele has graciously accepted into his Nation’s custody some of the most violent alien enemies of the World and, in particular, the United States. These barbarians are now in the sole custody of El Salvador, a proud and sovereign Nation, and their future is up to President B and his Government.”)

Hanna led CECOT’s construction—which was completed, with characteristic efficiency, in fewer than ten months—and invited some of her friends to see it when it was finished, according to a person close to her. She seemed proud of it. When a member of an international organization mentioned CECOT in a meeting, Hanna graciously told them that she could arrange a tour whenever they pleased, an attendee told me. CECOT was central to Bukele’s propaganda efforts. Press safaris were organized so that photographers could show the world how Bukele had subdued the gangs. Now CECOT was in the international spotlight.

To celebrate the deal, President Trump received Bukele, Hanna, and others in the Oval Office in April 2025. Hanna’s head towered above the rest of the guests, and she looked self-assured in a black-and-white ensemble, cinched with a Chanel belt. She took a picture with Trump for her Instagram. In the photo, she looks giddy. Her followers commented “proud” and “beautiful.”

In a trip organized by Cristosal, a Salvadoran human rights organization, family members of the Venezuelan deportees travelled to El Salvador to plead for the release of their loved ones. None of the Venezuelans working in high levels of government in El Salvador publicly acknowledged the arrival of the family members, who were questioned for hours at the airport and refused prison visits. Ruth López, a Cristosal lawyer, filed habeas corpus petitions for the deportees, which the Salvadoran government ignored, before throwing López herself in jail. Soon after the imprisonment of López, Cristosal announced the closure of its office in San Salvador.

The deportees were held at CECOT and tortured for 125 days. The Trump administration, bombarded with lawsuits, seems to have decided this stunt hadn’t been worth the trouble, and negotiated with the government of Venezuela for the migrants’ release in exchange for prisoners held there. None of these Venezuelans, media reports confirmed, was in fact a gang member. Almost none had been convicted of a violent crime.  

Hanna, who still didn’t have an official role in Bukele’s government, became more comfortable showing her face in public. There she was with Bukele, visiting Elon Musk in Texas. There she was, hosting an international business summit in the presidential palace. “It hasn’t been easy,” she said, speaking on behalf of the Salvadoran government. “But we’ve been trying to make the public sector more efficient.” The education and health ministries in particular, she added, were “full of fat.”

Yet, as Hanna became more visible, her world became more mysterious. No one who currently works with her accepted my requests for interviews. It seems that she and Karim broke up because, last year, he made a new relationship public. It also seems that she has kept active on her phone. A member of the sales team of a media company that has been critical of Bukele told me clients stopped buying ads, saying that Hanna had threatened them if they continued doing so. A wealthy business owner told me that Hanna asked him to advertise his business only with certain government-friendly news websites. She once messaged him so insistently, he said, that his wife started getting upset.

When I visited San Salvador earlier this year, the center of the city pulsated with life. It was everything Bukele had dreamed of as mayor: clean streets without peddlers, a giant air-conditioned library, a newly renovated Starbucks that accepts Bitcoin as a form of payment. Salvadorans no longer have to worry about gangs as they walk around the city, but those who criticize the government do so only in whispers, scared of ending up in prison indefinitely and without due process. The wealthy business owner said the economy was in good health, but that he feared Hanna finding out he had talked to me. Like other people I met, he turned off his phone before our conversation and asked me to do the same. The government, he explained, routinely uses Pegasus, the Israeli spyware program, to hack the phones of Bukele’s opponents.

When I visited Playa Dorada, the overcast sky, dark waters, and gray sands made me feel like I was inside a black-and-white picture. It was a weekday, and few people were on the beach, just some idling keepers of the ranchos along the shore. Few had worked there long enough to remember the imprisonment of Luis Alexander Rivas four years before, and those who did had not kept track of his case. Some were surprised when I told them he was still in prison.

Rivas’s family members told me only one of them has secured a visit in the past four years, and only by bribing guards. They get scared when they hear reports about deaths and torture in custody in the prison known as Santa Ana Penitentiary Farm. That’s where they think he’s being held, or, in any case, that’s where he was the last time his lawyer managed to track his location.

Rivas’s daughter is now a teenager and lives in Spain. She hasn’t seen him in four years. The last time she caught a glimpse of him was just days after his arrest, when he was being held in jail in San Salvador. The family got word of the jail he was in and the exact window of his cell. They gathered outside, and when Rivas looked out of the window, he told his daughter to look at the moon as often as she could. He would be watching it as well.

Few Venezuelans in the opposition movement have publicly condemned the work of their friends in El Salvador. Leopoldo, who founded an organization called World Liberty Congress to “defend human rights, freedom, and democracy,” frequently talks about the trifecta of dictatorships in Venezuela, Cuba, and Nicaragua, but hardly ever mentions El Salvador. In one of his few public statements on Bukele, in 2021, Leopoldo said only that he didn’t agree with everything that happened in El Salvador, and added that the work of the Venezuelans there was independent of Popular Will.

In private, Leopoldo’s interlocutors say, he is more forthcoming. At a breakfast during the Biden years with Thomas Shannon, an American diplomat whom Hanna hired to work as a lobbyist for El Salvador, Leopoldo intimated he had reservations about Bukele. “If you were to become president, you would have to do what Bukele has done,” Shannon recalls saying to Leopoldo, who then “raised his arms in protest and said, ‘Oh no, no, I’m a committed democrat.’”

Part of the reason few of Hanna’s friends and acquaintances have spoken up likely has to do with fear of retaliation. But many of Hanna’s friends approve of Bukele. Tovar told me that he has fought for human rights all his life, that he “taught workshops on human rights back when no one else was speaking about human rights.” But after travelling to El Salvador to visit Hanna and other Venezuelans, he reached the conclusion that international human rights groups who were critical of Bukele were out of touch with the realities of life under gangs. “Obviously, if you’re in Mexico City, or Washington, or Brussels, or New York, or the UN, it’s easy to condemn what’s happening,” Tovar said. “But they’re condemning state policies that a nation as a whole has accepted.” He added: “I prefer to pay attention to the screams of despair of suffering people than to attend to the screams of the petite bourgeoisie in Washington.”

In the aughts, the Venezuelan student movement unified to fight Chávez’s attempts to scrap presidential term limits. Elisa Totaro, Bukele’s communications strategist during his first presidential campaign, told me she didn’t feel like she could comment on whether Bukele’s reelection broke the law because she wasn’t a constitutional expert. Lester Toledo, who jumped off a balcony to escape Maduro’s police, told me that he had views about that, but that he hadn’t made them public.

Over lunch in a Houston steakhouse, Toledo was full of stories about Bukele: the time he came to the office to thank and take pictures with Toledo’s team right after an election, the time he tried to get Toledo to relax by ripping apart the color-coded, day-to-day campaign schedule he was anxiously putting together. Another time, Toledo was stranded in Colombia on Christmas Eve, with his wife and kids, and worried about not making it to a family dinner. Bukele made some calls, and ensured the airport would stay open so that he could arrive in a chartered jet. The president “moved the sky, the earth, the airport, everything,” Toledo told me, in disbelief at what those with powerful friends can get away with.

I brought up Mejías, who was tortured after being sent back to Venezuela from El Salvador, and watched Toledo’s expression turn dark. He insisted Mejías wanted to stay past his welcome. “I wasn’t going to call the President of the Republic to ask for a visa extension just because a little friend of mine wants to stay,” Toledo said. “This isn’t Venezuela!”

During Bukele’s term, journalists, especially those working at El Faro, have been forced into exile and targeted for repression by the Salvadoran government. “I would never condone the persecution of a journalist,” Toledo told me. But he demurred when I raised specific allegations: He was willing to condemn Bukele’s actions, but only hypothetically. “I would never condone arbitrary detention,” he said when I brought up the imprisonment of the human rights activist Ruth López in 2025. Toledo insisted he didn’t know about the particulars of López’s case, and that I should follow up when he had done more research about it. If he thought it was indeed an arbitrary detention, he would criticize it—“no holds barred.” When I tried contacting him afterward, he never responded.

On a sunny spring day earlier this year, I waited for Hanna outside the headquarters of the Inter-American Development Bank in Washington, D.C., where I had been informed she had a 6 p.m. meeting. She emerged from a car at 5:55 with an entourage. She looked thin under her dark blazer, her cheekbones sharpening the seriousness of her expression, and seemed confused when I approached her, as if she couldn’t understand why someone would get in her way. When I introduced myself, she acknowledged me cordially—“Hi, Gisela”—but didn’t slow down. When I asked her if she would grant me an interview at some point in the future, she said, “I don’t think so. Thanks.” I repeated the question on her way out and she repeated the answer. She didn’t look at me this time, just fixed her eyes on the black car that was waiting for her.

That’s the only time I have ever seen Sara Hanna in person. After months of talking to people about her, it occurred to me that I still know virtually nothing about what she is like. In San Salvador, I tried to reconstruct what a day in her life might look like. I went to see a building where she has lived (and maybe still does): It is a tower with a pool, a gym, and other high-end amenities, not unlike her place in Miami. Hanna’s neighbors have complained that her bodyguards often blocked the lobby and entrance, waiting for her outside the elevator, holding both the building door and the car door open for her to leave as quickly as possible.

Her ride to work is no more than ten minutes through the leafy neighborhood of San Benito. Her office is next to the presidential palace, in a warehouse misleadingly titled Hospital El Salvador—it was repurposed as an extension of the hospital during the pandemic, then Hanna continued to use it as her center of operations. People who have been inside describe it as a sort of airport lounge, with nice chairs and luxurious snack offerings. I wasn’t let in when I went, and I’m pretty sure a police officer followed me for a couple of blocks after I left.

When I started working on this article, I thought it was going to be a story about Sara Hanna’s ideological transformation. Many Venezuelans I know and love have emerged from their experience with left-wing dictatorship with the conclusion that the problem was not that it was a dictatorship, not really, but that it was left-wing.

But I don’t think this is what happened to Hanna. It’s not as if her early democratic principles were never there; instead it became expedient to shelve them.

Hanna regularly dines at Brutto, a high-end restaurant in a mall near her home in San Salvador. A separate street-level entrance ensures guests interact with the outside world as little as possible, then an elevator rises above San Salvador to a rooftop with glass windows. The menu is not Italian, as the name of the place would suggest, but cosmopolitan—sushi, ceviche, lobster roll, ossobuco dumplings, paella, TriBeCa burger (whatever that is), churros. One of Hanna’s favorites, according to a waiter, is the octopus carpaccio.

The waiter told me that Hanna often orders many plates, has one small bite from each before inviting the rest of the table to dig in, then pays for everything. I remembered hearing the same story from María, the activist who knew Hanna when she was in her twenties.

Sara Hanna, I realized, has been the same person all along. The little girl who snapped answers at adults at family gatherings in Güigüe knew what to say just as well when she was an operative shutting down U.S. diplomats who were concerned about human rights.

As a student activist in Venezuela, Hanna tweeted repeatedly, “Having opinions is not a crime.” Before so many Venezuelans who had been in the opposition movement began working for the government that imprisoned Rivas, there was a time they could all agree on that.

by Gisela SALIM-PEYER / November 17, 2026

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