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Este testimonio del esposo de una presa política, publicado en ingles en el New York Times, tiene que ser accesible en El Salvador. Publicamos aquí la traduccion (y abajo el original publicado por el NY Times).

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Mi esposa desapareció en el sistema penitenciario de El Salvador. ¿Cuándo volverá a casa?

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Por Louis Benavides | 25 de mayo de 2026 / The New York Times

La esposa de Louis Benavides, la abogada anticorrupción Ruth López, fue detenida por las autoridades salvadoreñas en mayo de 2025. Él escribe desde San Salador, El Salvador.

A estas alturas, muchos en el mundo ya han escuchado sobre la brutalidad de las cárceles de El Salvador. Hace un año, mi esposa, Ruth López, se desvaneció en una de ellas.

Ruth es una abogada que dirigía la Unidad de Anticorrupción y Justicia en Cristosal, una organización de derechos humanos con sede en Centroamérica. Lideró investigaciones sobre presuntos casos de corrupción, entre ellos, el mal uso de los fondos de la pandemia y el fraude relacionado con la introducción del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador. Su trabajo siempre fue meticuloso, legal y público.

Ruth es muy conocida en El Salvador y en los círculos legales del extranjero; hace dos años, la BBC la nombró una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Ese tipo de reconocimiento internacional la protegía, o al menos eso pensábamos. Pero es probable que esa misma prominencia haya sido lo que llevó a su arresto, en mayo de 2025, bajo cargos espurios contra los cuales no se le ha dado la oportunidad de defenderse.

En los Estados Unidos, si la gente sabe algo sobre El Salvador, por lo general es sobre el presidente Nayib Bukele, el popular y joven líder autoritario que el año pasado se asoció con el presidente Trump para detener a cientos de migrantes venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de Bukele, conocido como CECOT. Y es posible que hayan oído hablar de la mano dura de Bukele contra las pandillas y el crimen, la cual la mayoría de los salvadoreños cree que ha hecho que las calles de El Salvador sean más seguras.

Quiero que los estadounidenses sean conscientes del costo de esa mano dura, y de cómo el gobierno la ha transformado en una herramienta para silenciar la disidencia. Desde que declaró el estado de excepción hace más de cuatro años, Bukele ha detenido a unas 90,000 personas en redadas masivas, casi el 2 por ciento de la población adulta de El Salvador. La gran mayoría de los detenidos no han visto a sus familias y no han tenido acceso a asesoría legal. Muchos han languidecido en prisión durante años sin un juicio. Sus familias ni siquiera saben si siguen vivos.

Las redadas han arrastrado tanto a culpables como a inocentes; pero ante la ausencia del debido proceso, y ante tribunales demasiado pasivos y complacientes como para distinguir entre unos y otros, los inocentes tienen pocas esperanzas de un juicio libre y justo. En su lugar, el gobierno ha comenzado a procesar los casos de manera masiva, juzgando a cientos de prisioneros a la vez. Muchas de las penas de prisión que se dictan son indefinidas. En abril, Bukele promulgó reformas legales que permiten imponer cadenas perpetuas a niños de tan solo 12 años.

Desde que comenzó el estado de excepción en 2022, Cristosal ha documentado 420 muertes en las prisiones de El Salvador, muchas de ellas causadas aparentemente por torturas o por la negación de alimentos, agua e higiene básica. A través de informes de prensa y testimonios, hemos sabido que los guardias de prisión atormentan rutinariamente a los prisioneros con burlas de que no saldrán de la cárcel caminando por la puerta; en cambio, saldrán en una bolsa de cadáveres, y nadie sabrá jamás que se han ido.

Este es el sistema en el que mi esposa ha desaparecido.

A altas horas de la noche del domingo 18 de mayo de 2025, la policía llegó a nuestra casa con la historia de que nuestro automóvil había estado en un accidente. Cuando Ruth y yo salimos a hablar con ellos, se la llevaron. Estaba en pijama. Hicieron que se cambiara de ropa en la calle, mientras un fotógrafo documentaba su humillación.

Posteriormente, el gobierno anunció que acusaba a Ruth de peculado relacionado con su función como asesora del Tribunal Supremo Electoral del país, un delito que no pudo haber cometido, ya que ella no administraba fondos públicos para dicho organismo.

Durante un día y medio, la madre de Ruth y yo no supimos nada. No lográbamos encontrarla en ninguno de los centros de detención locales. Pensamos que había muerto o que se había desvanecido en el agujero negro judicial del sistema penitenciario de Bukele, para no ser vista nunca más.

Nuestro alivio al enterarnos de que estaba retenida en una delegación policial local fue profundo pero efímero. Dos semanas después, las autoridades cambiaron los cargos en su contra por el de "enriquecimiento ilícito", alegando que sus bienes no coincidían con sus ingresos como empleada pública, y la trasladaron a la Granja Penitenciaria de Izalco, un complejo carcelario fuera de San Salvador. Ha permanecido allí desde entonces, mientras el gobierno afirma que está buscando pruebas en su contra. En el año transcurrido desde su arresto, en lo que podría llamarse el "efecto Ruth López", decenas de periodistas, abogados y defensores de la democracia han huido del país por temor a correr la misma suerte.

En un sentido sombrío, Ruth es afortunada: ella eligió su camino. Sabía que corría un riesgo al hablar con claridad sobre la corrupción en El Salvador. La injusticia la enfurecía tanto que solo encontraba alivio a través de la acción, aun sabiendo que algún día podría pagar un precio.

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He pasado meses buscando las palabras adecuadas para describir cómo me siento respecto a la situación de Ruth. Lo diré claramente: tengo miedo; de una llamada telefónica, de una noticia o de un silencio que dure demasiado tiempo. Este no es un miedo ordinario, porque no tiene un objeto fijo. No sé exactamente a qué temer, ni cuándo. Esa incertidumbre es a veces peor que cualquier noticia concreta. La mente, cuando se ve privada de información pero percibe el peligro, inventa.

Eso, por supuesto, es lo que este gobierno quiere. No solo castigar la disidencia, sino imponer el silencio. No solo intimidar, sino inculcar el hábito del miedo. No solo encarcelar a una persona, sino advertir a todos los demás.

El momento que me resulta más difícil de todos es la noche, cuando la casa se queda en calma, y ya no queda nada por hacer ni nadie a quien llamar. Este era nuestro momento, cuando hablábamos sin prisa, cuando discutíamos de todo y de cualquier cosa: los amigos, un libro, el mundo y cómo debería ser.

Ahora, cuando llega esa hora, no hay palabras, no hay cosas nuevas en qué pensar. Solo silencio.

Louis Benavides es un abogado salvadoreño.

Su esposa, la abogada anticorrupción Ruth López,

fue detenida por las autoridades salvadoreñas en mayo de 2025.

My Wife Disappeared Into El Salvador’s Prison System. When Will She Come Home?

By Louis Benavides, May 25, 2026 /The New York Times Guest Essay

Mr. Benavides’s wife, the anticorruption lawyer Ruth López, was detained by Salvadoran authorities in May 2025. He wrote from San Salvador, El Salvador.

At this point, many in the world have heard of the brutality of El Salvador’s prisons. A year ago, my wife, Ruth López, vanished into one.

Ruth is a lawyer who directed the Anti-Corruption and Justice Unit at Cristosal, a human rights organization based in Central America. She led investigations into alleged instances of corruption — among them, misuse of pandemic funds and fraud connected to the government’s introduction of Bitcoin as legal tender in El Salvador. Her work was always meticulous, legal and public.

Ruth is well known in El Salvador and in legal circles abroad; two years ago, the BBC named her one of the 100 most influential women in the world. That kind of international recognition protected her, or so we thought. But that very prominence is likely what led to her arrest, in May 2025, on spurious charges that she has not been given a chance to defend herself against.

In the United States, if people know anything about El Salvador, they usually know about President Nayib Bukele, the popular young authoritarian leader who partnered with President Trump last year to detain hundreds of Venezuelan migrants at Mr. Bukele’s Terrorism Confinement Center, or CECOT. And they may have heard about Mr. Bukele’s crackdown on gangs and crime, which most Salvadorans believe has made El Salvador’s streets safer.

I want Americans to be aware of the cost of that crackdown, and how the government has turned it into a tool for silencing dissent. Since declaring a state of emergency over four years ago, Mr. Bukele has detained some 90,000 people in mass raids — nearly 2 percent of El Salvador’s adult population. A vast majority of detainees have not seen their families and have had no access to legal counsel. Many have languished in prison for years without trial. Their families do not know whether they are still alive.

The raids have swept up both the guilty and the innocent — but in the absence of due process, and before courts too passive and compliant to distinguish between them, the innocent have little hope of a free and fair trial. The government has instead begun processing cases en masse, trying hundreds of prisoners at a time. Many prison terms being handed down are indefinite. In April, Mr. Bukele signed into law changes that allow life sentences to be given to children as young as 12.

Since the state of emergency began in 2022, Cristosal has documented 420 deaths in El Salvador’s prisons, many seemingly caused by torture or the denial of food, water and basic hygiene. From press reports and testimonies, we have learned that prison guards routinely torment prisoners with taunts that they won’t leave the prison by walking out the door — instead, they will leave in a body bag, and no one will even know they are gone.

This is the system into which my wife has disappeared.

Late in the evening on Sunday, May 18, 2025, the police came to our house with some story about our car having been in an accident. When Ruth and I went outside to talk to them, they took her away. She was in her pajamas. They had her change into other clothes on the street, with a photographer documenting her humiliation.

The government later announced that it was charging Ruth with embezzlement related to her role as an adviser to the country’s Electoral Tribunal — a crime she could not have committed, as she did not manage public funds for the body.

For a day and a half, Ruth’s mother and I heard nothing. We could not find her in any of the local holding centers. We thought she had died or had vanished into the judicial black hole of Mr. Bukele’s prison system, never to be seen again.

Our relief upon hearing that she was being held at a local police station was profound but short-lived. Two weeks later, the authorities changed the charges against her to “illicit enrichment,” alleging that her assets did not match up with her income as a public employee, and moved her to the Granja Penitenciaria of Izalco, a prison complex outside San Salvador. She has remained there ever since, while the government claims it is searching for evidence against her. In the year since her arrest, in what one might call the Ruth López effect, dozens of journalists, lawyers and democracy advocates have fled the country, fearing a similar fate.

In one grim sense, Ruth is fortunate: She chose her path. She knew that she was taking a risk by speaking plainly about corruption in El Salvador. Injustice so infuriated her that she could find relief only through action, even knowing that she might someday pay a price.

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I have spent months searching for the right words to describe how I feel about Ruth’s situation. I will say it plainly: I am afraid — of a phone call, a piece of news or a silence that lasts too long. This isn’t ordinary fear, for it has no fixed object. I do not know exactly what to fear, nor when. That uncertainty is sometimes worse than any concrete news. The mind, when deprived of information yet sensing danger, invents.

That, of course, is what this government wants. Not only to punish dissent, but to enforce silence. Not only to intimidate, but to impose the habit of fear. Not only to imprison one person, but to warn everyone else.

The time I find hardest of all is at night, when the house falls still, and there is nothing left to do and no one left to call. This was our time, when we talked without haste, when we discussed anything and everything: friends, a book, the world and how it ought to be.

Now when that hour arrives, there are no words, no new things to consider. Only silence.

Louis Benavides is a Salvadoran lawyer.

His wife, the anticorruption lawyer Ruth López,

was detained by Salvadoran authorities in May 2025.

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