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La trampa de Bukele: la tentación autoritaria que enfrenta la derecha latinoamericana

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Por Juan Carlos Hidalgo, presidente y candidato presidencial (en las elecciones de 2026) del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) de Costa Rica. Octubre 2026. Publicado en inglérs por IDU, The Gloibal Aliance of the Center Right

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El liderazgo, en última instancia, se trata de las personas. Sin embargo, con demasiada frecuencia, nuestras conversaciones sobre Nayib Bukele no toman en cuenta que él logró lo que sucesivos gobiernos salvadoreños no pudieron: una restauración espectacular de la seguridad pública. Comunidades antes aterrorizadas por las pandillas han recuperado sus calles. Los negocios se liberaron de la extorsión sistemática. Millones de salvadoreños disfrutan por fin de libertades básicas en su vida cotidiana. Ese logro es real, y negarlo hace imposible entender la extraordinaria popularidad de Bukele, no solo en El Salvador sino en buena parte de América Latina.

Precisamente por eso Bukele importa más allá de El Salvador. Su éxito ha producido algo más que una política de seguridad. Ha producido una tesis política: el autoritarismo puede lograr lo que la democracia no puede. Bukele descarta toda crítica como el lloriqueo de un establishment desacreditado y de élites progresistas globales, y señala los resultados que décadas de gobiernos democráticos incompetentes no lograron entregar. Lo que se está exportando por América Latina, por tanto, no es simplemente un modelo carcelario. Es una teoría del poder.

Sin embargo, esos avances en seguridad tuvieron un costo institucional devastador. Desde marzo de 2022 rige un régimen de excepción que permite detenciones masivas sin el debido proceso ordinario. El poder judicial ha quedado bajo control político, mientras que periodistas independientes, abogados de derechos humanos y líderes de la sociedad civil han sufrido vigilancia, persecución y arrestos. Solo entre mayo y septiembre de 2025, al menos 140 periodistas y defensores de derechos humanos huyeron del país. En julio de 2025 se eliminaron por completo los límites constitucionales a la reelección presidencial. Lo que comenzó como una respuesta de emergencia a la violencia de las pandillas se ha consolidado en un sistema de gobierno permanente.

En 2021, Bukele se describió a sí mismo como “el dictador más cool del mundo”, un acto de trolling destinado a ridiculizar a sus críticos. La broma no ha envejecido bien. Cada vez hay menos ironía en la palabra dictador. Esa es la trampa de Bukele: Muchos conservadores latinoamericanos han concluido no solo que sus políticas de seguridad funcionaron, sino que fue necesario desmantelar los contrapesos democráticos para que funcionaran. Según esta lectura, los tribunales obstruyen la justicia, los periodistas protegen a los criminales, los derechos humanos favorecen a las pandillas y los límites constitucionales son lujos que las sociedades atemorizadas ya no pueden permitirse. La concentración del poder ya no se trata como un efecto secundario lamentable de la mano dura. Se celebra como la fuente de su éxito.

No debe subestimarse su atractivo. Durante años, los gobiernos democráticos de América Latina fallaron en su responsabilidad más básica: proteger a los ciudadanos. Permitieron que organizaciones criminales se apoderaran de barrios, penetraran puertos, corrompieran instituciones e hicieran miserable la vida cotidiana de los ciudadanos respetuosos de la ley. Después de tanta incompetencia, los votantes tienen poca paciencia para sermones sobre el debido proceso de parte de dirigentes políticos que no supieron mantenerlos seguros. Bukele ofrece una respuesta sencilla: resultados visibles y un líder que parece dispuesto a hacer lo que otros no se atrevieron.

Aun así, nuestra familia política debe enfrentar este peligro sin dobles raseros ideológicos. La centroderecha ha denunciado de manera constante, y con razón, las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero nuestro compromiso con la democracia no puede depender de la orientación ideológica del autócrata. El Salvador pertenece cada vez más a esa misma conversación, y debemos estar dispuestos a decirlo sin vacilar. Ni la popularidad ni el talento para hacerle trolling a la izquierda están por encima del Estado de derecho; las mayorías electorales no vuelven prescindibles a los tribunales independientes, y el éxito contra los criminales no otorga a los gobiernos un cheque en blanco para desechar los límites constitucionales. Los principios democráticos significan poco si solo los invocamos contra nuestros adversarios políticos.

Bukele ya no es simplemente el presidente de un pequeño país centroamericano. Se ha convertido en una marca política regional. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha recurrido a poderes de emergencia, despliegues militares y una nueva cárcel de máxima seguridad inspirada en la experiencia salvadoreña. En Colombia, el recién investido presidente Abelardo de la Espriella hizo campaña como un outsider de la ley y el orden, proponiendo ofensivas militares y megacárceles al estilo de Bukele en la selva.

Sin embargo, las amenazas criminales en estos países difieren profundamente. El Salvador enfrentó pandillas territoriales con membresía identificable y control concentrado. Ecuador enfrenta grupos criminales rivales vinculados a los mercados globales de cocaína. Colombia debe lidiar con guerrillas, carteles y organizaciones armadas que operan en una geografía vasta e inhóspita. Importar el modelo salvadoreño como fórmula universal no solo es peligroso para la democracia; también puede resultar ineficaz. Pero la narrativa política viaja con más facilidad que la política pública: solo un hombre fuerte, libre de ataduras institucionales, puede restaurar el orden.

Quizá la señal más inquietante es que este canto de sirena ha llegado a mi propio país: Costa Rica, la democracia más antigua y una de las más estables de América Latina. La presidenta Laura Fernández lleva apenas cuatro meses en el cargo, pero su presidencia representa continuidad, no una ruptura con el proyecto político que gobernó antes que ella.

Aunque la ola sin precedentes de violencia ligada al narcotráfico y la campaña contra los contrapesos democráticos del país comenzaron antes de que asumiera el cargo, ambas se están intensificando bajo su gestión. Jueces, periodistas, órganos de control y opositores políticos son presentados de forma rutinaria como enemigos de la voluntad popular, mientras que las instituciones del Estado se utilizan cada vez más como armas para intimidar a quienes desafían al gobierno. A medida que se extiende el miedo y las instituciones luchan por responder, la promesa del poder concentrado se vuelve más atractiva. Si la trampa de Bukele puede seducir a Costa Rica, ninguna democracia de la región debería considerarse inmune.Costa Rica abolió su ejército en 1948, uno de los logros más orgullosos de nuestra historia. Pero con el tiempo, nuestro legítimo orgullo por esa decisión alimentó una interpretación complaciente del pacifismo. Llegamos a creer que, como Costa Rica no tenía ejército, no necesitaba instituciones de seguridad robustas. El resultado fue un aparato policial fragmentado, mal equipado e improvisado, construido para otra época. Hoy, las organizaciones criminales transnacionales operan con tecnología avanzada, enormes recursos financieros y sofisticadas redes internacionales. Se enfrentan a cuerpos policiales diseñados para preservar el orden en un país pacífico, no para combatir empresas criminales globales.

La tradición pacifista de Costa Rica es algo que aprecio profundamente y que siempre defenderé. Pero pacifismo no significa pasividad. La paz no es simplemente la ausencia de un ejército; requiere instituciones fuertes, profesionales y bien equipadas, capaces de defender a los ciudadanos y el Estado de derecho. Un país sin fuerzas armadas no puede darse el lujo de tener cuerpos policiales débiles.

Escapar de la trampa de Bukele, por tanto, no significa responder al crimen organizado con timidez.Todo lo contrario. Las democracias latinoamericanas necesitan mejor inteligencia, cuerpos policiales profesionales, puertos seguros, investigaciones financieras eficaces y una cooperación internacional mucho más profunda. Las organizaciones criminales cruzan fronteras, mueven dinero entre jurisdicciones y explotan los vínculos comerciales entre América Latina, Europa y Estados Unidos. Ningún país puede enfrentar esa amenaza solo.

Durante mi campaña presidencial en Costa Rica, propuse un proyecto piloto para desplegar a Europol en el puerto de Moín, hoy un importante punto de salida de cocaína con destino a Europa. La iniciativa combinaría cooperación policial, intercambio de inteligencia y asistencia técnica para impedir que las organizaciones criminales contaminen con cocaína la carga legítima. La propuesta recibió el respaldo formal del Partido Popular Europeo como parte de una resolución más amplia sobre cooperación en seguridad entre Europa y América Latina.

Esta es la respuesta que debe abanderar la centroderecha democrática: cooperación internacional en lugar de aislamiento, instituciones más fuertes en lugar de gobierno personalista, y acción decidida contra los criminales sin tratar los límites constitucionales como un inconveniente desechable. Los latinoamericanos no deberían tener que elegir entre ser abandonados por una democracia débil o ser protegidos por un Estado autoritario. Nuestra familia de centroderecha debe demostrar que el orden y la libertad pueden reforzarse mutuamente. Si fracasamos, el modelo de Bukele no seguirá siendo la excepción salvadoreña. Podría convertirse en la regla latinoamericana.

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