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La salida para Venezuela está en el derecho internacional. Hoja de ruta para una misión internacional de paz para facilitar la transición.
Cuatro expertos de gestión de paz y derechos humanos -dos venezolanos, un peruano y un colombiano- proponen una detallada hoja de ruta para instalar un misión internacional de Paz para administrar la transición democrática en Venezuela

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Ellos son los cuatro expertos internacionales en la gestión internacional de conflictos y derechos humanos que se unieron para proponer una hoja de ruta para una solución basada en el derecho internacional. En concreto: una misión de paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) que sustituya el tutelaje unilateral de la administración estadounidense sobre la transición de Venezuela de la dictadura a la democracia.El primer borrador de esta propuesta me lo mandó Enrique ter Horst a principios de julio pidiéndome publicarlo sin revelar sus autores. Fue publicado en SitioPaolo el 3 de julio de 2026 bajo el título "LA FÓRMULA CARACAS-ROMA". Este documento, concebido con la intención de romper la inercia del proceso de transición, circuló ampliamente entre los actores, comentaristas y analistas del proceso venezolano y cumplió su función de provocar un debate serio y técnico sobre la necesidad de una misión internacional de paz. El resultado de este debate está resumido en esta propuesta presentada por cuatro personajes de alta credibilidad y experiencia. Lo publicamos en este sitio de manera completa para seguir abonando la búsqueda de soluciones prácticas para agilizar la transición democrática de Venezuela. (Paolo Luers)
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La salida para Venezuela está en el derecho internacional
De: Cesar Pérez Vivas, Diego García Sayan, Ernesto Borda, y Enrique ter Horst / Caracas, Lima, Bogotá, y Avignon / 27 de julio de 2026.
Venezuela, casi toda, agradece la esperanzadora intervención estadounidense del 3 de enero; sin embargo, permanece sometida a un tutelaje estadounidense administrado por el mismo régimen madurista ilegítimo, cleptocrático y cruel que conserva intacta su estructura represiva y aun mantiene en sus mazmorras un numero considerable de presos políticos. El país aún carece de una hoja de ruta para iniciar, de manera sostenida, el restablecimiento de la plena vigencia de la Constitución de 1999 redactada por el presidente Hugo Chávez cuando aún era un gobernante democrático.
En este papel se asume que el tutelaje estadounidense administrado por la Sra. Delcy Rodríguez no debe pasar de ser un arreglo inconstitucional muy breve que concluirá, a más tardar, con la aprobación de una resolución de una Asamblea General Extraordinaria de la OEA sobre la “Hoja de Ruta de la transición de Venezuela a la plena vigencia de su constitución”, que se debería aprobar no más tarde que el 30 de septiembre próximo. Esa Asamblea Extraordinaria debe actuar con un sentido de propósito y de urgencia inspirado en la Carta Democrática Interamericana y en el principio de la Responsabilidad de Proteger aprobado por consenso en la Cumbre de Naciones Unidas celebrada con ocasión de su Asamblea General de 2005.
La constitución, adoptada por referéndum, hoy solo es respetada por la oposición democrática liderada por María Corina Machado. Es el único texto que, aunque de una manera muy frágil, hoy es aceptado como referencia por todos los venezolanos, a pesar de que el régimen chavista desde al menos diciembre de 2008 haya violado continuamente todo, absolutamente todo su articulado, con crímenes de lesa humanidad cometidos por quienes continúan en sus cargos ministeriales y al mando del estado, hoy con mandatos sin final definido, todo certificado por los tres últimos Altos Comisionados de derechos humanos de la ONU y por la misión de expertos independientes de verificación de hechos de esta organización.
El articulo 1 de la constitución vigente de Venezuela reza “La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolivar, el Libertador”.
“Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”. Los cantos de sirena de integrar a Venezuela a la Union americana de 1776 no requieren por lo tanto de comentario adicional alguno.
Vista también la imperiosa necesidad de contar con un horizonte de tiempo de al menos 10 años para llevar a buen puerto una transición de esta magnitud y complejidad, Venezuela y la región deberán dotarse de la legitimidad y del instrumental necesario para implementarla correctamente.
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Hoy podemos hacerlo sin mayor dificultad con la mayoría calificada de 2/3 que los gobiernos democráticos de la región pueden lograr en el Consejo Permanente y en la Asamblea General de la OEA, siempre con el apoyo de los Estados Unidos, apoyo que consideramos necesario y bienvenido, particularmente a la hora de enfrentar situaciones de mayor riesgo.
Hoy, cuando aún faltan 7 meses para el 3 de enero de 2027, fecha en que se cumple un año de la detención de Nicolas Maduro y de su esposa Cilia, solicitamos el apoyo de todos los estados miembros de la OEA para aprobar por consenso, o en su defecto por un voto, una resolución que
1. Convoque a la elección presidencial pendiente el día 3 de enero de 2027, organizada directamente por la OEA con la cooperación de la ONU, utilizando en la medida de lo absolutamente indispensable funcionarios idóneos y probos del CNE seleccionados con un cuidado extremo.
2. Ordene la liberación inmediata de todos los presos políticos calificados como tales por el Foro Penal Venezolano.
3. Ordene la desmovilización y extinción legal del Sebin y de la DGCIM y el sometimiento a juicio de todos los funcionarios indiciados de haber participado en actos de tortura, asesinato o tratos inhumanos o degradantes.
4. Nadie en la región y más allá entendería que las próximas elecciones, criticas para el destino de la nación, sean organizadas por un CNE nuevo cuya membresía sea acordada con la dictadura y sus herederos políticos directos, los mismos que organizaron el fraude electoral del 28 de Julio de 2024.
5. Solo un tercero de buena fe, preferiblemente internacional, tendría la credibilidad indispensable para proclamar resultados electorales con la seguridad de que no serán cuestionados.
6. Que por lo tanto dicha elección sea organizada directamente por la OEA , en cooperación con las Naciones Unidas.
7. Solicitar al secretario general de la OEA, en acuerdo con el secretario general de la ONU, inmediatamente después de la aprobación de la resolución de la OEA mencionada, el nombramiento de un Representante Especial para, entre otras cosas, dirigir la Misión de Paz que se establecería en esa misma resolución omnicomprensiva y coadyuvar, con el personal y material a su disposición y el adicional que requiera, en las labores de rehabilitación y reconstrucción de los daños causados por los terremotos de junio del 2026 y de sus secuelas.
8. La Misión de Paz deberá ser desplegada urgentemente, y al menos tres meses antes de la elección presidencial, es decir, antes del 3 de octubre del 2026.
9. El mandato de la Misión de Paz será el de proteger la estabilidad social y política del país y facilitar la profesionalización de la Fuerza Armada, de las fuerzas policiales, del sistema judicial, del sistema carcelario, del sistema electoral, del funcionamiento de toda institución dirigida a proteger y promover los derechos humanos, así como de cualquier otro sector y sistema relacionado con mejorar el proceso de transición de Venezuela de regreso a la democracia y a la plena vigencia de la constitución.
10. La Misión de Paz se establecería por un periodo inicial de 5 años, prorrogables. El número de sus integrantes se iría reduciendo en la medida en que se vayan cumpliendo sus objetivos, tal como se acuerden en la resolución mencionada.
11. En un inicio la Misión de Paz servirá, además de su mandato derivado de los dos terremotos, sobre todo de presencia disuasiva para contener y desarticular a los grupos irregulares formados por la dictadura, organizar el desarme de la población civil, proceder a la profesionalización de la Fuerza Armada y al diseño y organización de los programas de reinserción social y económica de los efectivos militares y policiales que pidan la baja.
12. La Misión también actuará de enlace, con otros, con la Fuerza Armada venezolana “en proceso de profesionalización y de restablecer su rol constitucional”. Desde su despliegue actuará de mecanismo activo de protección del orden constitucional, conjuntamente con la Fuerza Armada cuando esta haya concluido su proceso de profesionalización y restablecido su credibilidad como factor central de protección y defensa de ese orden constitucional.
13. Procesos de esta trascendencia pueden ser penetrados por elementos del crimen transnacional y sería importante que la misión de paz se dotara de todos los mecanismos idóneos de protección.
14. Ordenar la ayuda internacional ofrecida y asegurar la faltante sobre la base de proyectos precisos bien elaborados será de crucial importancia para acortar el tiempo del inicio visible de la reconstrucción y de la generación de esperanza.
15. La Misión de Paz asegurará la participación de las agencias especializadas del sistema interamericano y de la agencias especializadas de la ONU, pero sería de particular importancia asegurar también en una etapa muy temprana, es decir inmediatamente, una relación muy cercana con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y con su aliada estratégica, la KfW, (Siglas en alemán para su nombre, “Instituto de crédito para la reconstrucción”) el tercer banco de Alemania, sucesor del mecanismo ejecutor del Plan Marshall, institución financiera que ha continuado acumulando experiencia en financiar transiciones políticas y económicas como la de Venezuela en Europa del este y Africa, así como con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
16. La KfW es una institución ágil que cuenta con recursos propios y se ha hecho mucho más necesaria con la desaparición de la quizás burocratizada pero financieramente fuerte AID.
17. Todos los ingresos por exportaciones de hidrocarburos deberán ser contabilizados de manera transparente y con sistemas de pago y de contraloría manejados totalmente por agencias estatales o multilaterales de comprobada honestidad.
18. Los jefes de los fondos soberanos de inversión de Noruega, de Kuwait, del Banco Central Europeo, del Banco Central Suizo, de la Bundesbank alemana, algunos de los gobernadores retirados de la FED son todos posibles consejeros para el establecimiento de ese sistema de pagos y contraloría.
19. La Misión de Paz tendría 6 componentes:
A. Oficina del Representante Especial del SG, con los grupos de trabajo que decida establecer.
B. Militar
C. Policial
D. Derechos Humanos
E. Electoral
F. Ambiental
G. Departamento de administración.
20. Corresponderá al Representante Especial del secretario general y Jefe de la Misión asegurar que todos los componentes trabajen de manera coordinada para que Venezuela recupere en el menor tiempo posible la capacidad de gobernarse a sí misma de manera sostenible, con instituciones sólidas y de buena calidad.
21. Así, por ejemplo, la investigación criminal debe ser llevada a cabo por el componente policial y en su laboratorio para determinar si un crimen específico es imputable al hampa común, al crimen organizado o si se trata de un crimen político atribuible al estado, en cuyo caso será tratado por el jefe de la Misión con el presidente de la república, sobre la base del trabajo de seguimiento que en ese caso le habrá dado el componente de derechos humanos. El laboratorio y la investigación científica, conjuntamente con las pruebas testimoniales coincidentes, suelen producir resultados difíciles de refutar que permiten establecer si ha habido violaciones de derechos humanos que comprometen la responsabilidad del estado. Son situaciones que deben ser aclaradas sin dilación.
22. La transparencia del trabajo de la misión de paz es una obligación de la OEA y de la ONU, mediante informes periódicos del secretario general de la OEA a los estados miembros, tanto para los éxitos como para los contratiempos, que son frecuentes y de diversos grados de gravedad, y cuya detección temprana es de importancia critica para su inmediata corrección. Es un instrumento esencial para le gestión de un proceso tan delicado y exigente, así como para la fijación de metas cuantificables y el diseño de calendarizaciones de tareas, y de recalendarizaciones también, porque siempre hay retrasos.
En este sentido la gestión del proceso de transición hace que la total transparencia de políticas, programas, proyectos, costos y presupuestos sea un factor indispensable e insustituible. La opacidad es la madre de la corrupción.
23. El costo anual de una operación de este tipo depende naturalmente de su tamaño. Los contingentes militares nacionales ven sus costos de operación cubiertos generosamente sobre la base de tablas elaboradas por la secretaria, en el caso de la ONU. Venezuela podría ofrecer cubrir la mitad del costo total y así permitir que todos los países puedan hacerse parte del esfuerzo financiero si así lo desean. De existir faltantes en el presupuesto Venezuela también podría cubrirlos, más allá de la mitad que ya absorbería.
24. El componente militar básico (tropas y equipo) deberá ser calculado por los expertos de la OEA/ONU, pero una aproximación podría estar entre 12 y 20 mil efectivos, presencia que se debería poder aumentar significativamente en caso de necesidad. Los principales países contribuyentes de tropas podrían ser Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, Perú, Chile, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Ecuador.
25. Los componentes de derechos humanos y de policía, llamados a trabajar conjuntamente buena parte del tiempo, deberían constar de unos 600, sobre todo abogados, el primero, y unos 2.000 el segundo, estos últimos sobre todo de cuerpos de policía militarizada (gendarmerías) de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Canada, y España.
26. La Misión de Paz debería contar con sedes o puestos en Maiquetía, La Carlota, Palacio de Miraflores, Maracay, Puerto La Cruz-Barcelona, Ciudad Guayana, Santa Elena, Guri, Maracaibo, Amuay, Barquisimeto y San Cristóbal.
27. En la OEA cada voto tiene el mismo valor y ninguno puede darse por descontado. A cada gobierno hay que pedirle su voto muy amablemente. Normalmente, habiendo hecho el trabajo preparatorio necesario, la transición sugerida aquí debería contar con el voto favorable de los siguientes 33 países miembros, sobrepasando con creces la mayoría calificada de 2/3, que son 24: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay.
28. El costo total muy aproximado podría estar en alrededor de 1.500 millones de dólares anuales. Asegurar un clima de paz y estabilidad conteniendo a los interesados en descarrilar este proceso de consolidación de la democracia con la certeza de que será protegido no es un precio demasiado alto para el país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo.
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Conclusión
Una transición tan compleja en un mundo tan fracturado, proceso de fracturación y cambio que no ha concluido, y que en nuestro caso implica además reconstruir simultáneamente un país destruido en su capacidad productiva, su sistema alimentario, de salud, sus servicios públicos, sus instituciones y hasta sus valores societarios, puede ser presa fácil de quienes saben aprovechar la desgracia del prójimo para hacerse aún más ricos y poderosos. Es la ley de la naturaleza, afirman algunos, entre ellos los cínicos que la practican, otros dicen que es parte del derrumbe de un orden civilizado cuya existencia dábamos por descontada, y un tercer grupo piensa que no es más que un remezón necesario y que con algunas reformas que reconocerán una nueva correlación de fuerzas el mundo encontrará un nuevo camino, ya veremos cuál.
Ninguna de estas corrientes esta enteramente equivocada, y ninguna tiene toda la razón, pero el sufrimiento y la destrucción de Venezuela si han sido documentadas de manera precisa y objetiva por fuentes nacionales e internacionales creíbles.
Aunque no escapa a la incertidumbre mundial, Venezuela tiene los recursos humanos y materiales para lograr una transición más que aceptable de regreso a la democracia y al crecimiento con equidad, pero no tiene manera de asegurar la continuidad, la celeridad, y la calidad del esfuerzo que espera a todas las democracias del hemisferio, cada una en la medida de sus posibilidades porque no nos engañemos, la responsabilidad de asegurar una recuperación rápida y duradera que le permita a los venezolanos restablecer la viabilidad de su nación y que deje de constituir un dramático y costoso factor de desestabilización continuada de todo el hemisferio occidental también es de todos los países de nuestro continente.
La crisis venezolana no es extraña a todos los estados miembros de la OEA, de la Cepal, del SELA, y de la CAF. Hablemos de Facilitar y Proteger la Transición de Venezuela y asegurar la paz del hemisferio, en y con la OEA como eje central del esfuerzo de ser parte integrante del concierto de naciones soberanas y democráticas del hemisferio occidental y del mundo. No someternos a hegemonía alguna, esencialmente pasajera, sino seguir las reglas y oportunidades que ofrece la institucionalidad internacional que, con todas sus falencias, ha probado su idoneidad en múltiples ocasiones.
Crear y profesionalizar el sistema judicial y de derechos humanos, las policías, el sistema carcelario y la Fuerza Armada tomará, hay que decirlo, de 7 a 10 años, y la nueva gobernabilidad de Venezuela será democrática, joven y sin experiencia de gobierno, regida por periodos de gobierno insuficientes para acometer y concluir un esfuerzo nacional de esta magnitud y complejidad, y necesitada además de un ritmo de logros visible y tangible que le confirme al ciudadano de a pie que la transición es protegida y facilitada por una Misión de Paz como descrita arriba en términos generales. No hay margen para equivocaciones. El proceso de cambio de régimen y de sistema, no solo de gobierno, debe ser visto por todo el país y el mundo entero como sólido, indetenible e irreversible.
La OEA, de la cual Venezuela es fundadora, no incluye el veto en su toma de decisiones, pero si prevé la mayoría calificada de 2/3 para actuar con poderes mas que suficientes para resolver situaciones absolutamente ultrajantes como la que vive Venezuela, por no decir omnímodos o cuasi-constituyentes, sustentada en la Carta Democrática Interamericana y el principio de la Responsabilidad de Proteger, verdadero faro político y ético en este mundo confundido que ha perdido el rumbo, seguramente solo de manera pasajera. No reinventemos lo que ya existe, y no sigamos demonizando lo que vamos a reutilizar porque es insustituible.
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