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Columna Transversal:

Once acusados esperan que el todopoderoso señor de CAPRES decida sobre ellos

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De Paolo Luers / 6 de octubre 2026 / SitioPaolo

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No saben qué diablos hacer con el caso de los veteranos. Acusaron a un grupo de viejitos de haber planificado atentados contra los eventos de la toma de posesión de Nayib para su segundo e inconstitucional mandato presidencial, el 1 de junio de 2024. Pero la historia que inventaron es tan ridícula e insostenible que ahora, cuando tienen que realizar la vista pública, que llaman 'audiencia única', no saben cómo salir del hoyo en que se metieron los fiscales.

Según fuentes cercanas al gobierno, van y vienen memos dentro de CAPRES. Van y vienen memos entre CAPRES, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Dirección General de Centros Penales y el Ministerio de Propaganda (que no se llama así, pero igual existe y en muchos sentidos determina las políticas del gobierno, incluyendo de la administración de justicia).

Unos, dentro de CAPRES, pero sobre todo en la fiscalía y en los ministerios de Seguridad y de Propaganda, insisten en que hay que condenar a los 11 acusados, tengan pruebas o no. Otros, dentro de CAPRES y sobre todo en la Corte Suprema, dicen que el caso ha levantado demasiada expectativa y sospecha, que la Fiscalía ha hecho un trabajo tan impresentable que sería mejor absolver a los acusados y venderlo como muestra de la independencia del sistema de justicia.

Contestan los otros diciendo que precisamente por la importancia que ha adquirido el caso ya no pueden retractarse, sería una muestra de debilidad que mina la credibilidad de la fiscalía e incluso del presidente... Así van y vienen llamadas y memos.

Como no hay decisión entre estas dos opciones, están retrasando la audiencia, con cualquier pretexto. Encargaron a Centros Penales hacer maniobras para ganar tiempo. La audiencia única que estaba programada para este 11, 12, 13 y 14 de agosto de 2026 fue suspendida porque Centros Penales comunicó al Juzgado contra el Crimen Organizado en Soyapango que por problemas técnicos no podían establecer las conexiones de videoconferencia con los acusados. Este problema se hubiera resuelto al ordenar a Centros Penales que traslade a los privados de libertad al juzgado. De paso se hubiera removido otro obstáculo para un debido proceso, devolviendo a los imputados el derecho constitucional de conferenciar con sus abogados defensores durante la audiencia.

La jueza convocó entonces para iniciar la audiencia el 7 de septiembre. Pero esta vez, Centros Penales alegó que el acusado José 'Pepe' Santos Melara tenía que estar en el hospital Zacamil para exámenes y procedimientos urgentes. La jueza tuvo que suspender de nuevo la audiencia. Luego se supo que Centros Penales no trasladó a Melara al hospital para atender su consulta. No hubo ni audiencia ni consulta.

No se sabe qué indicaciones ha dado la jueza a Centros Penales luego de que presentara pretextos en dos ocasiones para suspender la audiencia. Como juzgadora tiene la autoridad para ordenar a Centros Penales que traslade a los acusados al Centro Judicial Soyapango para la fecha que ella indique, llueva, truene o relampaguee. Pero hay un problema: Desde que el carcelero en jefe Osiris Luna ha desaparecido y el presidente no ha nombrado sustituto, dar órdenes a Centros Penales significa dar órdenes a Gustavo Villatoro, que hoy en día ejerce las funciones de ministro, director general de la PNC (porque tampoco han nombrado sustituto para Mauricio Arriaza, quien murió en un accidente de helicóptero) y director general de Centros Penales. Y esto es como dar órdenes a la mano derecha del presidente. Para una jueza sería suicidio profesional...

Así que mientras el jefe máximo del país no tome una decisión sobre la suerte de los veteranos, ellos tendrán que esperar el tiempo que este señor necesite para condenarlos o liberarlos. No importa que, al cierre de esta columna, lleven ya 857 días perdiendo la salud en la cárcel.

Los responsables de esta injusticia son los fiscales y los jueces que han visto este caso, pero en última instancia es el omnipoderoso presidente de la República. Sin su aprobación u orden nada se mueve en este país.

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